El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) mantiene vigente el decreto contributivo del empresario salvadoreño José Ofilio Gurdián Lacayo, quien se alega está relacionado a uno de los desastres ambientales más grandes de El Salvador y obtuvo un decreto bajo la Ley 60 -2019, mientras estuvo preso en Colombia.

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A preguntas de El Nuevo Día, este jueves, en la conferencia semanal “En Récord”, el secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, dijo que no se revocará el decreto contributivo al exdirectivo de Baterías de El Salvador (BAES), conocida como Baterías Récord, luego que revisara el expediente del también socio de la firma de inversiones Caoba Capital porque supuestamente, se eliminó la alerta roja que la Interpol mantenía sobre el salvadoreño y no aparece registro de delitos por el que haya sido convicto.

“Nosotros finalmente estamos pendientes, pero la realidad es que la alerta roja que tenía la Interpol contra este caso, se eliminó, se quitó. Nosotros en este momento no tenemos ninguna razón para entender que la persona ha sido convicta o que tiene que cumplir alguna sentencia, así que el decreto sigue su transcurso normal”, indicó Negrón Reichard.

“En este país y en Estados Unidos es innocent until proven guilty (inocente hasta que se pruebe culpabilidad), no podemos movernos a remover el decreto hasta que tengamos una razón contundente para hacerlo”, sostuvo el secretario.

El Nuevo Día reveló la aprobación del decreto a favor de Gurdián Lacayo el pasado 30 de junio, cuando reportó que el hombre había adquirido una propiedad en el complejo de lujo St. Regis en Río Grande.

A pesar de que el funcionario mencionó que no había cargos o que Gurdián Lacayo había sido convicto al momento que se otorgó el decreto bajo la Ley 60-2019, el 1 de marzo de 2024, el diario colombiano El Tiempo reportó ese mismo año que Gurdián estuvo preso, tres meses, en La Picota, la cárcel más grande de Colombia, disputando la extradición a El Salvador por supuestos crímenes ambientales.

También trascendió que, desde el 2009, la Fiscalía de El Salvador lo había declarado prófugo de la justicia, según reseñas de El Nuevo Día.

Las acusaciones contra Gurdián Lacayo están relacionadas a un desastre ambiental provocado por Baterías Récord y que resultó en la contaminación con plomo de cuerpos de agua, lo que ha afectado a miles de personas en la comunidad Sitio del Niño, en El Salvador y a los trabajadores de la fábrica, según informes de prensa y de las autoridades salvadoreñas.

Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), ha investigado el caso y concluido la violación de derechos humanos.

Negrón Reichard aseguró que la agencia está “evaluando y fiscalizando” el decreto del empresario salvadoreño del mismo modo en que se evalúa el resto de los decretos, con los informes anuales que tienen que radicar todos los beneficiarios de la Ley 60.

Según la información compartida por el DDEC, el informe de 2024 presentado por Gurdián Lacayo Lacayo está vigente hasta el próximo noviembre. Ese mes debe presentarse el nuevo informe.

“Nosotros vamos a estar fiscalizando a través de su reporte anual, si hay algo que nos levante alguna bandera roja, pero por más que el background check (verificación de antecedentes) no indicaba nada, igual hicimos el análisis y esta persona no fue convicta y la alerta roja de la Interpol se levantó”, insistió Negrón Reichard.

La solicitud de decreto tiene un costo de radicación de $5,005, y requiere que la persona divulgue si es objeto de una investigación criminal o ha sido acusada, informó recientemente Ernesto Zayas García, director de la Oficina de Incentivos del DDEC.

La solicitud de Gurdián Lacayo incluyó un certificado de antecedentes penales de Puerto Rico, donde se radicó en 2023, y otro del estado de Florida, donde el inversionista residía antes de mudarse a la isla.

La firma contratada por el DDEC para hacer el background check en el año fiscal 2023-2024 fue Refinitiv.