El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech, indicó este jueves que utilizando sus limitados recursos, fue el gobierno central quien hizo factible la contratación de LUMA Energy, pero a su vez indicó que el gobierno tiene “preocupaciones” en torno a continuar otorgando fondos al operador.

En una declaración enviada a El Nuevo Día, el también secretario de la Gobernación reiteró que la AEE encara un cuadro de iliquidez y ante esa realidad, la oficialidad tiene dudas con otorgar más fondos a quien no ha gestionado bien el flujo de caja en nombre de la empresa eléctrica estatal.

“El gobierno tiene serias preocupaciones respecto a proveer fondos adicionales a un operador que ha fallado en gestionar adecuadamente su flujo de caja durante los últimos tres años”, indicó Domenech.

La declaración de Domench se produjo en respuesta a una reseña de este diario en torno a una moción de objeción radicada por la Aafaf que tiene como fin impedir que los bonistas objetores de la AEE reclamen una indemnización por el supuesto mal uso de los ingresos netos de la corporación pública.

Aafaf rechazó el mal uso de fondos por parte de la AEE.

Según los bonistas objetores de la AEE, entre los años fiscales 2018 y 2023, la AEE registró unos $3,700 millones en ingresos netos y en lugar de apartar ese dinero en las cuentas de servicio a la deuda, o en efecto, desembolsar los pagos anuales de conformidad con la escritura de deuda, la empresa estatal eléctrica malutilizó tales fondos.

En su moción, la Aafaf reconoció que hasta abril pasado adeudaba unos $726 millones a LUMA y al operador de la flota generatriz Genera PR.

De acuerdo con Domenech, ante la estrechez que padece la AEE, en 2021, el gobierno central proveyó a la AEE unos $750 millones para establecer las cuentas de servicio necesarias para el contrato de Alianza Público Privada de LUMA.

Dos años más tarde, el gobierno central otorgó un préstamo a la AEE de unos $447 millones adicionales para financiar las cuentas de combustible y energía comprada, lo que permitió el contrato de operación y mantenimiento de Genera.

Como parte de tales contratos, la AEE transfirió a LUMA la operación de transmisión y distribución, pero también ha estado a cargo de la facturación y el cobro a los clientes de la AEE, el manejo de proyectos federales y la presentación (y obtención oportuna) de solicitudes de reembolso al gobierno federal para proyectos de transmisión y distribución financiados con fondos federales.

“Cualquier incumplimiento en la facturación y el cobro adecuado a los clientes de la AEE o en el manejo, presentación y obtención de las solicitudes de reembolso federales, y las consiguientes deficiencias en el flujo de caja, son responsabilidad exclusiva de LUMA bajo el contrato”, dijo Domenech, quien agregó que pese a ello, la AEE “ha proporcionado fondos adicionales de forma constante, según lo permite su liquidez, para garantizar la continuidad de sus operaciones”.

Domenech agregó que la declaración de la Aafaf ante el tribunal de Título III son “una reafirmación de la capacidad limitada de la AEE para seguir financiando las solicitudes incrementales de fondos de LUMA, considerando sus ineficiencias”.

“Indistintamente de las circunstancias, el gobierno está comprometido con garantizar que los ciudadanos y las empresas de Puerto Rico cuenten con el sistema eléctrico confiable que necesitan y merecen”, acotó el funcionario.