El gobernador Pedro Pierluisi lamentó que la JSF todavía no haya "abandonado" su plan de recortar las pensiones del sector público, a pesar de que negoció un acuerdo con términos más favorables para el gobierno. (Teresa Canino Rivera)

Aunque reconoció que el gobierno podría quedar en una mejor condición financiera, el gobernador Pedro Pierluisi indicó este martes que no respaldará el nuevo acuerdo entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y ciertos bonistas del gobierno central, por entender que el organismo fiscal puede modificar la deuda pública del gobierno sin recortes adicionales a los pensionados del sector público.

“Los términos económicos del acuerdo anunciado por la JSF y el grupo de acreedores son positivos para Puerto Rico”, dijo Pierluisi en declaraciones escritas.

“Más aún, estoy convencido de que el acuerdo es sostenible y podrá ser cumplido sin poner en riesgo los servicios esenciales del gobierno”, sostuvo el mandatario.

La sostenibilidad es uno de los criterios que tendrá que analizar la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain al evaluar los méritos de un nuevo Plan de Ajuste (PDA en español o POA, en inglés) para el gobierno central.

Pero acto seguido, Pierluisi indicó que no daría su apoyo al acuerdo porque a su juicio, el gobierno puede pagar a los bonistas bajo los nuevos términos negociados sin necesidad de que haya recortes adicionales en las pensiones.

“Lamentablemente, la JSF aún no ha abandonado los recortes de pensiones incluidos en el (PDA) de febrero del 2020″, insistió el Primer Ejecutivo.

Las expresiones del mandatario este martes confirman el rechazo que el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, ya había anticipado a principios de mes, cuando confirmó que el gobierno participaba activamente del proceso de mediación que dio paso al nuevo acuerdo. Entonces, Marrero indicó que el gobierno de Pierluisi estaba dispuesto a correrse el riesgo de una desestimación del proceso de Título III si la JSF insiste en su propuesta de recorte a las pensiones.

Este martes, la JSF y la Coalición de Deuda Legítima, el grupo Ad Hoc de Obligaciones Generales (GOs, en inglés), así como las aseguradoras municipales Assured Guaranty, National Public Finance y Syncora Guarantee han llegado a un nuevo entendido para modificar unos $18,000 millones en GOs y bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

El acuerdo de respaldo a la reestructuración (PSA, en inglés) dado a conocer este martes sería pieza angular del nuevo PDA que la JSF radicaría en o antes del próximo 8 de marzo en el tribunal.

Con el PDA, la JSF buscaría modificar todas las obligaciones del gobierno central, es decir, la deuda por concepto de préstamos o bonos, las cuentas por pagar con suplidores y contratistas, el pago de pensiones y la restitución de los ahorros para la jubilación, entre otras acreencias.

“En comparación con el (PDA) propuesto por la JSF en febrero de 2020, (con este acuerdo) se reduce enormemente la cantidad de deuda garantizada y sustituye la totalidad de la deuda del gobierno central con bonos de obligación general no garantizados e instrumentos de valor contingente exclusivamente”, indicó Pierluisi.

“Aunque apoyo los términos económicos del acuerdo entre JSF y el grupo de acreedores, el gobierno de Puerto Rico no estará subscribiendo el PSA anunciado hoy. Estoy seguro de que el tribunal, presidido por la jueza Swain puede aprobar un (PDA) que no contenga recorte a las pensiones porque no es necesario para el éxito de la transacción, y así se lo haré constar al honorable tribunal”, indicó Pierluisi.

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