La entidad sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA) acudió al tribunal como parte interventora en apoyo a la posición del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de publicar la lista de beneficiarios de decretos bajo las leyes 20 y 22, acción objetada en una demanda por la Puerto Rico Privacy Association, Inc. (PRPA), que alega que esa acción viola la privacidad de sus miembros, un grupo de inversionistas no identificados.

El Departamento de Justicia, que representa a las partes demandadas—el DDEC y el Departamento de Hacienda—indicó durante la vista celebrada ayer en la tarde por el juez Anthony Cuevas Ramos, de la sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de San Juan, que la publicación de la información relacionada con los decretos contributivos otorgados se hace conforme al mandato de la Ley 60 de 2019 (conocida como el nuevo Código de Incentivos de Puerto Rico). Enfatizó que contrario a lo que argumentan los demandantes, la información que se publica no es de carácter confidencial, personal o financiera.

Por su parte, tres abogados del bufete Block Legal, representantes de PRPA, presentaron su oposición a la desestimación insistiendo en que la publicación de la información viola la intimidad de los que reciben los decretos y menoscaba la relación contractual de estos con el gobierno.

Espacios Abiertos cuestionó la legitimación activa de la asociación que radicó la demanda, a la vez que se unió a los argumentos que presentó el DDEC favoreciendo la desestimación.

Desde el año 2017, Espacios Abiertos ha abogado por la divulgación en Puerto Rico de información relacionada con las concesiones contributivas, tal como se hace en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo desde la década de 1970, indicó la directora ejecutiva de EA, Cecille Blondet.

“Nuestro pueblo debe tener acceso a conocer el uso que se le da a cada centavo de dinero público, eso incluye conocer quién lo recibe y a título de qué lo recibe. Esto aplica de la misma manera a los privilegios contributivos. El dinero que se deja de ingresar al erario por estas concesiones es también un gasto público, por el cual tanto el gobierno como los que reciben estas concesiones tienen que rendir cuentas”, explicó Blondet mediante comunicado de prensa.

“Sin información clara y precisa no podemos evaluar el retorno de la inversión de esas concesiones y constatar si el beneficio social anhelado se ha logrado. En momentos de crisis, donde se imponen medidas de austeridad y se recortan servicios a la población, el país no puede seguir a ciegas en temas fiscales y presupuestarios. Cada dólar cuenta y saber es nuestro derecho”, resaltó.

Los gastos fiscales o tributarios son todas las exclusiones, deducciones, exenciones y créditos contributivos, entre otros, que el gobierno da a diferentes tipos de contribuyentes: individuos, empresas, industrias e instituciones sin fines de lucro. Por lo general, estas concesiones se autorizan mediante ley con el fin de incentivar una actividad económica o lograr un impacto social. Las concesiones tributarias son catalogadas como un gasto del gobierno realizado bajo el código de impuestos, y como todo gasto público gubernamental, dicha información debe estar disponible para la ciudadanía.

“La divulgación que hacen Hacienda y el DDEC es una reciente e histórica. Un paso de avance hacia mayor transparencia, algo que hay que reconocer y proteger”, indicó Blondet. Señaló que existen plataformas, como el “Subsidy-tracker” de Good Jobs First, que recopilan y hacen fácilmente accesible la información que divulgan las distintas jurisdicciones de los Estados Unidos.

En Puerto Rico, los gastos fiscales eran un gasto no visible, un presupuesto oculto hasta el año 2019. Espacios Abiertos dio la batalla por la publicación de un Informe de Gastos Fiscales y la llevó hasta los tribunales. La Junta de Supervisión Fiscal también apoyó la realización de un informe de esa índole.

Finalmente, en septiembre de 2019, Hacienda publicó por primera vez el Informe de Gastos Tributarios (Tax Expenditures Report), que reveló que esos “gastos” en Puerto Rico suman más de $20 mil millones anualmente. Esa cifra constituye el 20.4% del Producto Interno Bruto o un 30.3% del Producto Bruto Nacional y el doble del presupuesto general anual del gobierno de Puerto Rico.

Desde enero del 2020, el DDEC a través de su sitio web, comenzó también a publicar información relacionada con varias de las leyes que otorgan créditos o exenciones. Sobre 70 leyes autorizan a varios departamentos del gobierno y otras instrumentalidades municipales a conceder y regular concesiones contributivas.

Las personas interesadas en conocer más información de cómo funcionan los gastos fiscales o tributarios pueden acceder al estudio que hizo Espacios Abiertos en: http://bit.ly/2muzEew