El magisterio rechazó la propuesta alterna que la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y la Federación Americana de Maestros (AFT) habían negociado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Según la AMPR, representante sindical de los maestros del sistema público de enseñanza, al cabo de cuatro días de votación, un 65% de los educadores que participaron de la consulta expresaron su rechazo a la propuesta alterna.

Entre otras cosas, el acuerdo ofrecía la oportunidad de que miles de educadores pudieran retirarse de manera anticipada aunque no cumplieran con los requisitos de edad y años de servicio. También se rechazó la continuación del convenio colectivo vigente por otros cinco años, lo que aseguraba –entre otras cosas- una aportación patronal mensual al plan médico de $175.

Con el apoyo de la firma Ballot Point, la consulta se llevó a cabo por la vía electrónica y en esta participaron dos tercios de los maestros elegibles para votar, se informó.

Es la segunda vez que los educadores rechazan algún acuerdo con la JSF, una victoria que se adjudicará el Frente Amplio en Defensa de la Educación. En el 2019, con una participación menor, también se rechazó otro acuerdo parecido.

Con el rechazo de los educadores, de confirmarse el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, los educadores tendrán que trabajar hasta la edad de 63 años para jubilarse, un criterio que estableció la JSF en su reforma a las pensiones.

Al igual que sucedió en el gobierno central, los educadores que entraron al servicio después del 2014 no cuentan con una pensión definida basada en el 75% de sus salarios más altos, los años de servicio y edad. Ello porque ante la insolvencia del Sistema de Retiro para Maestros (SRM) la fórmula fue modificada en el 2013 y se dio paso a los planes de aportación definida.

La ley 106 de 2017 estableció las cuentas de retiro para los educadores y también aseguró el pago de las pensiones a través del Fondo General, a través del llamado sistema PayGo.

Pero el acuerdo que los educadores dejaron en la mesa estaba dirigido exclusivamente a los maestros en el servicio activo. En síntesis, con la propuesta, los maestros terminaban con al menos dos fuentes de ingresos, una vez alcanzaran la fecha de jubilación. La pensión definida por los años servicios y la cuenta de aportación definida -que es similar a los planes de retiro del sector privado. Una tercera fuente de ingresos en la jubilación provendría de las aportaciones del Seguro Social, pues los educadores que optaran por ello comenzarían a recibir el beneficio de la aportación del gobierno como patrono a ese programa federal.

El plan que impulsa la JSF solo hace disponible participar del Seguro Social a los educadores con 40 años de edad o menos.

Como parte del proyecto de ley para reestructurar la deuda, radicado ayer por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, se considera que el gobierno incluya a todos los educadores en el programa de Seguro Social.

El SRM está insolvente, es decir, que no tiene dinero suficiente para pagar las pensiones actuales y futuras desde hace unos cinco años.