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En teoría, el gobierno de Puerto Rico podría allegar hasta $25,000 millones en recaudos de todo tipo, de no ser por la plétora de exenciones, deducciones, créditos e incentivos que el Departamento de Hacienda deja de recibir cada año, a causa de leyes que se aprobaron hace décadas y de las que no se conoce su beneficio.
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