Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Un técnico de laboratorio inserta un hisopo en la nariz de un residente para la prueba del coronavirus en San Juan.
En abril pasado, el gobierno estuvo a punto de adquirir unos $40 millones en pruebas para el diagnóstico del COVID-19 que no cumplían con los criterios de la FDA.

Crear procesos de compra y contratación según el riesgo que representen, invertir en sistemas tecnológicos para que reguladores, organizaciones y ciudadanos puedan conocer los procesos efectuados para la adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno y establecer qué transacciones podrían llevarse a cabo de manera centralizada y cuáles podrían llevarse a cabo desde las agencias u otras dependencias son algunas de las recomendaciones que podrían poner fin a la malversación de fondos públicos, según varios entendidos en el tema.

💬Ver comentarios