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El plan de ajustes propuesto por la JSF afectaría a los trabajadores y si la implementación acelarada de dicho plan fracasa, habría pocas probabilidades de llegar a acuerdos voluntarios con los bonistas. (Archivo / GFR Media)
El plan de ajustes propuesto por la JSF afectaría a los trabajadores y si la implementación acelarada de dicho plan fracasa, habría pocas probabilidades de llegar a acuerdos voluntarios con los bonistas. (Archivo / GFR Media)

Aunque la receta propuesta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tiene aciertos e incluye reformas que debieron implementarse hace años, cuadrar el presupuesto en dos años fiscales terminaría de hundir la economía de Puerto Rico, desarticularía la gestión gubernamental y daría otro golpe a los negocios en la Isla.

Asimismo, el plan de ajustes propuesto por la JSF afectaría a los trabajadores y si la implementación acelarada de dicho plan fracasa, habría pocas probabilidades de llegar a acuerdos voluntarios con los bonistas.

Sin embargo, esta vez, según tres economistas, Puerto Rico no escapará a lo que sería el ajuste más drástico de su marco institucional y tampoco a una ronda de “sacrificios”, cuyos efectos serán mayores que la mentada Ley 7 de Emergencia Fiscal. 

“No creo que haya manera de escapar a esto, toda vez que la Junta de Control Fiscal está descargando su responsabilidad, concedida por el Congreso a través de la ley PROMESA”, indicó el economista Antonio Fernós Sagebién.

El profesor de Finanzas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) dijo que las propuestas de la JSF al gobernador Ricardo Rosselló Nevares se han discutido por décadas en la Isla sin que se haya tomado acción.

Pero acto seguido, cuestionó la urgencia de cuadrar el presupuesto, cuando los mecanismos provistos en PROMESA podrían permitir un proceso de ajuste menos severo.

De acuerdo con PROMESA, una vez certificado el plan fiscal, la JSF terminará sus funciones, una vez los ingresos y gastos del Gobierno se mantengan en línea por cuatro años fiscales consecutivos y Puerto Rico acceda a los mercados de capital.

Movida injusta

“Es irreal enfrentar todos esos retos en un espacio de 30 meses. Forzar a dos años un cuadre presupuestario que podría hacerse en cinco años, para de esa forma mitigar un disloque funcional y operacional del País, no ayudará a la economía. Hasta cierto punto, lo que se propone es injusto con la administración entrante, a la que debe darse una oportunidad para implementar una estrategia viable”, dijo Fernós Sagebién.

Según Fernós Sagebién, el plan de la JSF descarta utilizar mecanismos de financiamiento de corto plazo, un factor “legítimo” en los procesos de cuadre presupuestario siempre que no sea para cubrir déficit operacionales.

Medidas que toman tiempo

A preguntas de El Nuevo Día acerca de las iniciativas para reducir el gasto público, Fernós Sagebién indicó que ese objetivo puede alcanzarse sin el despido de empleados públicos, pero habrá que hacer un ajuste a la compensación de los trabajadores.

Agregó que revisar el impuesto a la propiedad y eliminar exoneraciones podría allegar nuevos recaudos.

“No hay que crear impuestos nuevos, lo que hay que hacer es ampliar la base contributiva y crear eficiencias en el sistema. Esto implica todos los incentivos económicos, todo tipo de exoneración y hay que ver el sistema impositivo como un conjunto, pero todo eso tomaría años en implementarse”, sostuvo Fernós Sagebién.

Este miércoles, la JSF le sacó la alfombra de los pies a Puerto Rico cuando le indicó a su gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, que si quiere más tiempo para preparar un plan fiscal y para paralizar las demandas de bonistas, el mandatario debe encausar un programa de ajustes para cuadrar el presupuesto en dos años fiscales.

Ese ajuste, que la JSF estableció como “prerrequisito” para aprobar un plan fiscal, según la ley PROMESA, requiere que Rosselló Nevares recorte el gasto público en $3,000 millones y aumentar impuestos por $1,500 millones, incluyendo el arbitrio del 4% a las corporaciones foráneas.

Rosselló Nevares tiene hasta el próximo 23 de enero para que su administración firme un acuerdo de colaboración con la JSF que permita trazar un plan de trabajo entre las partes y adoptar un plan fiscal para renegociar la deuda pública de manera voluntaria, a través del Título VI de PROMESA.

La austeridad no funciona

Según Fernós Sagebién, con el ajuste propuesto, la economía podría retroceder hasta 25% en términos nominales, con la expectativa de que una vez implementados los cambios, la economía –medida por el producto bruto de la Isla– mejore entre 1% y 2% en los años siguientes.

“Eso es como si el patrono te quitara el 25% de tu salario este año y te dijera que en los tres años siguientes te va a dar un aumento de 1% o 2%. Por nada del mundo, el aumento de salario que recibirás va a compensar lo que perdiste”, explicó Fernós Sagebién al subrayar que un recorte en gasto público rebotará obligatoriamente en los suplidores del Gobierno.

De acuerdo con Jaime Benson, quien dicta cátedra de Economía en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, los ajustes propuestos al Gobierno son tan drásticos y la quita a los bonistas sería tan severa que las cifras provistas por la JSF, que descansan en las proyecciones que dejó la administración de Alejandro García Padilla, resultan confusas.

Según la carta de la JSF, aun cuando el gobierno implemente un plan de recortes e impuestos, Puerto Rico solo tendría unos $800 millones para pagar la deuda pública. Esa cifra representa el 21% del pago anual a los bonistas y que se estima en $3,900 millones para el año fiscal 2019.

“Un corte tan dramático en el servicio de la deuda no requería recortes tan severos en el presupuesto. Me parece puede haber cierta incongruencia. Si por el otro lado, el énfasis es en el presupuesto y en una austeridad severa, eso ya está probado en Grecia, América Latina. Con austeridad, nada más, no salimos del hoyo, lo que hace es acentuar la contracción”, dijo Benson.

“Tendría que haber unas medidas de contrapeso de igual o mayor magnitud para propiciar cierto crecimiento”, agregó el economista.

Derechito al tribunal

Aunque la JSF pidió a Rosselló que presente un plan de mejoras capitales para reactivar la economía, concretar esa estrategia sería insuficiente ante la magnitud del ajuste propuesto e inefectiva por el recorte que podrían encarar los bonistas.

“Lo único que puedo especular es que sea una estrategia para lograr algunas concesiones, aunque no sean de tal magnitud, y que pongan a los acreedores contra la pared. Una quita de casi 80% es muy severa, lo veo como una estrategia de negociación, pero esta parece muy radical”, dijo Benson.

“No creo que los acreedores estén en buena disposición para negociar de forma voluntaria con un recorte como el propuesto. Estarán esperando para ir a los tribunales”, agregó Benson.

Golpe al paciente... 

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Proveedores de Salud con Prácticas Independientes (AIPA), Joaquín Vargas, Puerto Rico enfrentaría una crisis insospechada si el Gobierno reduce en $1,000 millones los fondos que asigna a programas de salud.

“Es incompatible exigir calidad y prevención sin el presupuesto para hacerlo”, dijo Vargas al criticar las sugerencias de la JSF. Entre otras cosas, se sugiere reducir los beneficios de la cubierta de los médicoindigentes y renegociar tarifas con proveedores.

Según Vargas, los profesionales de la salud dejan Puerto Rico porque trabajan bajo un modelo insostenible de servicio y pagos.

“Las tarifas no se pueden ajustar más porque el costo de operación y el coste de vida no lo permiten. Además, las aseguradoras se atrasan en los pagos, por eso es que se van los médicos”, dijo Vargas.

Entre otras cosas, Vargas explicó que las oficinas médicas han tenido que emplear más recursos solo para dedicarse a la facturación y a la disputa de reclamaciones con aseguradoras y que el profesional invierte gran cantidad de tiempo y recursos en procesos de credenciales y recertificación con cada aseguradora.

El galeno dijo que el gobierno podría lograr parte de los ahorros establecidos por la JSF, si estuviera en la disponibilidad de hacer un inventario de recursos para armonizar la prestación de servicios, encauza esfuerzos en iniciativas de prevención, ataja el coste de medicamentos y procura que las aseguradoras compensen razonablemente al proveedor. Mientras “se pone la casa en orden”, habría que tocar a la puerta del gobierno federal para procurar paridad en fondos de salud.

Y a las propiedades

A juicio del expresidente del Instituto de Tasadores, Carlos Vélez, la propuesta para retasar las propiedades podría hacer bien a Puerto Rico, pero un error en implementación acabará por afectar el mercado de bienes raíces de la Isla.

“Revisar el impuesto a la propiedad es factible, si se hace bien hecho, pero es claro que hay que eliminar algunos impuestos”, dijo Vélez, quien sostuvo que el Instituto de Tasadores ha hecho propuestas en el tema desde el mandato de Pedro Rosselló.

Segun Vélez, el impuesto a la propiedad contribuye a presupuestos más certeros y eficientes.

“La propuesta original de nosotros era que se eliminara la planilla de contribución sobre ingresos”, sostuvo Vélez.

Empero, Vélez indicó que establecer y administrar el impuesto a la propiedad de manera eficiente requerirá hacer muchos ajustes, por lo que la implementación tomaría tiempo.

Impacto mayor que la Ley 7 

De acuerdo con el también economista Orlando Sotomayor, lo propuesto por la JSF pudo ser más adverso para Puerto Rico.

“Sorprende que el ajuste en el servicio a la deuda pueda ser tan alto. Creo que se pinta a la Junta como una junta de cobro para los bonistas, pero este plan denota lo contrario”, comentó el catedrático en Economía de la UPR en Mayagüez.

Cuando se analiza cómo se distribuiría la factura para cuadrar el déficit de $7,600 millones en el presupuesto, la gente llevaría  el mayor peso del ajuste. Pero cuando se analiza cuán grandes serían los recortes por partida presupuestaria, “el recorte más grande sería el asociado con la deuda, de todos, el recorte más significativo sería a los bonistas”, según Sotomayor.

Empero, Sotomayor subrayó que los ajustes propuestos en gastos e impuestos son “extraordinariamente dolorosos” y sus efectos podrían ser mayores a la Ley 7 de Emergencia Fiscal.

Agregó que el Gobierno de Puerto Rico no tiene la pericia o los recursos para implementar con rapidez un ajuste de la magnitud que se propone. A manera de ejemplo, Sotomayor catalogó como “imposible” reducir  $1,500 millones en gasto operacional sin despedir empleados.

Puerto Rico pudo salir de la crisis sin austeridad, propiciando reformas económicas, pero no hubo voluntad política para ello y ahora, tampoco hay dinero que permita comprar tiempo para estabilizar la economía.

“Nuestro país no tiene más opciones”, dijo Sotomayor. “Desde 1975, tenemos informes que denunciaban un patrón de ingresos y gastos que no era sostenible. En Puerto Rico, ninguna política pública se evalúa en términos de costo y beneficio, y ahora confrontamos las consecuencias de eso”.