Mientras transcurría la audiencia de la jueza Swain, frente a la corte federal, ciudadanos llevaron a cabo protestas.
En la foto, una de las protestas ciudadanas en contra de las negociaciones con bonistas que solían producirse a las afueras de corte federal en Hato Rey donde se ventilaban los casos de Título III de manera presencial, antes de la pandemia del coronavirus. (Ramón “Tonito” Zayas)

La aseguradora municipal National Public Finance Guarantee escribió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reiterando su interés en ser parte de las negociaciones para llegar a un acuerdo consensual que resulte en la reestructuración de las obligaciones de Puerto Rico por concepto de bonos.

Advirtiendo que el Plan de Ajuste (POA) propuesto en febrero pasado no tiene probabilidad de ser confirmado por el tribunal que atiende los Casos de Título III de la isla, el principal oficial de Riesgo de National, Adam Bergonzi, escribió al presidente de la JSF, David Skeel, y los demás directivos del organismo para expresar su disponibilidad en sentarse a la mesa.

Bergonzi pareció animado a que se produzca un nuevo proceso de mediación luego de que medios estadounidenses citaran expresiones del directivo de la JSF, Justin Peterson, quien ha abogado porque se reanuden las negociaciones con los acreedores.

“El POA del gobierno central radicado el 27 de febrero de 2020 y el plan de respaldo en el que se basa fue negociado entre un limitado subgrupo de acreedores representanto una variedad estrecha de intereses y prometiendo una batalla contenciosa, prolongada y costosa”, indicó Bergonzi.

Luego del fracaso del más reciente proceso de mediación, acontecido entre los meses de julio a agosto pasados, el mes pasado, la JSF -que opera con cuatro de siete directivos- buscó aprobar una resolución para que se reanuden las conversaciones con los acreedores. Pero Peterson abandonó la reunión pública donde se discutía el tema, por entender que la propuesta de la JSF no era equitativa para los bonistas y solo conduciría a más litigios.

“Aún dejando a un lado las preocupaciones de National en relación a las actividades de tráfico (de valores municipales) durante el proceso de mediación y su referido subsiguiente al Departamento de Justicia, este POA no habría sido confirmado, retrasando todavía más el regreso del gobierno de Puerto Rico a los mercados”, reza la misiva.

Hace poco más de un mes, la aseguradora municipal acudió -aunque sin éxito- a la jueza Laura Taylor Swain para pedirle que indagara las transacciones de compra y venta de los bonos de Puerto Rico por parte de los fondos de inversiones que se han sentado a la negociar con la JSF. En síntesis, en un señalamiento que no es nuevo, National planteó que teniendo información privilegiada acerca del posible saldo del proceso de mediación, los bonistas que negocian con el organismo fiscal pudieron vender o comprar bonos de Puerto Rico.

El pedido de National fue desestimado durante la pasada audiencia general de los casos de Título III.

Según el ejecutivo de National, articular un proceso de negociación “más inclusivo” ayudaría a la resolución definitiva del proceso de bancarrota.

National es un jugador clave en el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), propuesta que logró el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) y que finalmente refrendó la aseguradora municipal.

En la carta se indica además que National posee o asegura alrededor de $1,200 millones en bonos emitidos por el gobierno central, así como otros $2,000 millones en bonos emitidos por corporaciones públicas, algunos de los cuales apenas pagarían centavos de dólar, según la propuesta de la JSF y que la aseguradora también fue parte del proceso de reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Según la misiva, desde el 2015, cuando el gobierno dejó de pagar a los bonistas, National ha pagado unos $1,600 millones en principal e intereses que debieron efectuar los diversos emisores de deuda de Puerto Rico con sus acreedores.