En diciembre de 2000, el Fondo Monetario Internacional (FMI) organizó un rescate para atender la crisis económica de Argentina que proveía $7,200 millones en préstamos condicionados a una serie de medidas de austeridad. Dos años pasaron, y los problemas económicos se agudizaban. La economía se contrajo 15%, el desempleo sobrepasaba el 25%. El plan no estaba funcionando.       

En el 2010, cuando Grecia no pudo pagar su deuda, se elaboró un plan en el que la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI proveían un financiamiento de 110,000 millones de euros y recortes significativos a la deuda pública griega, mientras se imponían severas medidas de austeridad en un intento de enderezar las finanzas del gobierno. El plan tampoco funcionó y siete años después el país heleno sigue su lucha por su estabilidad fiscal y económica.

En julio de 2013, la ciudad de Detroit en los Estados Unidos pidió que fuera declarada en bancarrota al no poder cumplir con los compromisos que tenía con sus acreedores. A través del proceso, se redujo significativamente la deuda pública de la ciudad, se recortaron los gastos, se concretaron privatizaciones, se vendieron activos y el gobierno estatal de Michigan junto con una serie de fundaciones privadas proveyeron fondos para capitalizar las  pensiones, que también fueron ajustadas. La ciudad logró encaminar un proceso hacia el crecimiento económico, aunque todavía tiene graves asuntos por resolver, como la aparente insolvencia de los distritos educativos.

Social y económicamente, los procesos fueron muy dolorosos. En cada uno de los casos, muchos negocios quebraron, familias fueron separadas por la emigración, muchas personas terminaron sin techo, vieron sus ahorros tronchados y en casos extremos individuos murieron por problemas de acceso a los servicios de salud.

La crisis que se vive en Puerto Rico desde el 2006 se diferencia en muchos aspectos políticos, económicos y legales a los escenarios que se han vivido en Grecia, Argentina y Detroit. No obstante, existen muchas similitudes que van desde las razones que provocaron los problemas económicos, hasta la receta ideada para salir de la crisis: la austeridad.

Se trata de un concepto que fue promovido por décadas por el FMI y que en los últimos años ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente ante los resultados que tuvo al intentar resolver la crisis griega. En términos generales, los recortes en el gasto público y los aumentos contributivos fueron tan agudos que profundizaron la crisis económica griega al punto que aún recortando la deuda, la economía no podía entrar firme en terreno positivo.

Puerto Rico, por ser un territorio de los Estados Unidos, no puede pedir la asistencia del FMI. No obstante, los principios de austeridad que ha promovido este organismo internacional son similares a los que rigen el plan certificadoen marzo por la Junta de Supervisión Fiscal, explicó el economista José Caraballo Cueto.

“Y en nuestro caso no hay rescate que mitigue el impacto económico de la austeridad.  Es el peor de los escenarios. Es austeridad sin rescate”, dijo Caraballo Cueto.

Con su comentario, el economista hizo hincapié en que el gobierno estadounidense no ha promulgado medidas que ayuden a estimular la economía boricua. Ejemplo de esto ha sido la inacción sobre las propuestas del Grupo de Trabajo del Congreso sobre Puerto Rico que rindió un informe con recomendaciones a finales del año pasado.

Puerto Rico, en la actualidad, no tiene acceso a los mercados de inversión. Del mismo modo, el liderato republicano en el Congreso de EE.UU. ha recalcado que no habrá bailout (rescate) financiero para Puerto Rico. Esto a pesar de que cada vez son más las voces que señalan que para que la isla salga de la crisis debe enfocarse en mejorar la producción de bienes y servicios y buscar una fuente de financiamiento para la transición económica y gubernamental que se necesita al ajustar los gastos a los ingresos.

“Esta es la realidad que nos tocó vivir. No hay rescates. No nos van a proveer recursos adicionales en el Congreso. Esto tenemos que trabajarlo con el dinero que tenemos”, dijo Elías Sánchez, el representante del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Esa falta de opciones ocurre mientras el debate gira en torno hacia dónde debe inclinarse la balanza entre los recortes y la inversión de capital.

“Creo que hay un consenso en gran parte de los economistas, de que enfocarse en la austeridad lo que hace es acrecentar la crisis económica. Lo que causa la austeridad es una reducción en la demanda de bienes y servicios y la economía cae. Los paquetes de rescate ayudan a contrarrestar esa caída al crear actividad económica nueva”, dijo Caraballo Cueto.

“Nadie ha podido hacer esto (salir de la crisis) sin financiación. Ahora, el que haya un rescate tampoco es una garantía de que las cosas van a salir bien. Todo depende de cómo se use el dinero. Si lo que haces es repartir cheques a la gente, como se hizo con los fondos ARRA (siglas en inglés de la Ley de Reinversión y Estímulo Económico de EE.UU.), pues estimulas el consumo y ese dinero a los 15 minutos está fuera de Puerto Rico. El dinero se tiene que invertir para fortalecer la plataforma de producción del país. Cuál va a ser la financiación de eso, pues no se sabe, pero nadie ha podido salir de esto sin financiamiento”, sentenció, por su parte, el economista Elías Gutiérrez.

La contracción adicional

El impacto sobre la economía de la austeridad que se prevé para Puerto Rico se aprecia en el mismo Plan Fiscal certificado por la JSF y abrazado por la administración del gobernador Rosselló Nevares. El documento sugiere que, para los años fiscales 2018  y 2019, la economía de Puerto Rico caerá en4% y 3.5%, respectivamente. Estos serían de los porcentajes más altos de contracción económica desde que comenzó la crisis en el 2006. Otros expertos, como el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, han presagiado caídas más sustanciales, de doble dígito.  

Independientemente del monto, la reducción en la actividad económica se deberá principalmente a las medidas que buscan generar en los próximos dos años fiscales $2,305 millones en nuevos ingresos y $2,963 millones en ahorros.

Y entre las propuestas se tocan muchas áreas económicas similares a las trastocadas en los casos de Grecia, Detroit y Argentina. Por ejemplo, en Argentina, la primera ronda de austeridad implicó recortes por $1,400 millones en el gasto público. En Grecia, entre el 2011 y 2013 se redujo el déficit primario en 24,000 millones de euros.

Estas solo son algunas de las similitudes. La lista sigue con   Grecia recortando el sistema de pensiones. En Detroit se hizo lo mismo con mermas de 4% en las pensiones y de 90% en los beneficios de salud de los jubilados.

La amenaza que hay sobre los activos del Gobierno de Puerto Rico también cobra forma a raíz de la experiencia internacional. En el país heleno, las reformas conllevaron privatizaciones y arrendamientos al sector privado. Lo mismo se contempló en Detroit, que tenía como principal activo una de las colecciones de arte más grandes de los Estados Unidos. De hecho, es ante la posibilidad de que se vendieran las obras, que incluyen una de las piezas principales del pintor mexicano Diego Rivera, que se produce la inyección de fondos que mitigó el grave problema que enfrentaban los sistemas de retiro de Detroit.

En esa instancia, el juez Steve Rhodes y el jefe del Distrito del Este de Michigan, Gerald Rosen, impulsaron una idea en la que se les pedía a las principales fundaciones filantrópicas estadounidenses proveer fondos para salvar el sistema de retiro de modo que no se tuvieran que vender las obras. La iniciativa desembocó en un acuerdo en el que estas organizaciones, junto con el estado de Michigan, los sindicatos y otras entidades privadas, aportaban para reducir el impacto de los recortes a los cheques de los jubilados.

En el caso de Puerto Rico, no hay ayudas que se hayan asomado por el horizonte y sólo se contemplan mermas en los beneficios de entre $70 y $83 millones anuales a partir del 2020.  Esto se alcanzaría reduciendo los beneficios por leyes especiales, y recortando las mensualidades mayores a los $2,000 mensuales.

El éxodo económico

Un efecto indirecto de la austeridad fue la emigración. En el caso de Detroit, el fenómeno antecedió la crisis económica de la ciudad, no obstante, se agudizó cuando la ciudad cayó en la bancarrota. En el caso de Grecia, uno de los factores principales que limitaron el redesarrollo de la economía fue la gran cantidadde personas que, para escapar de la crisis, se marcharon a otros países dentro de la Unión Europea.

La ecuación es relativamente simple. Si hay menos personas en un lugar, hay menos demanda de bienes y servicios y menos producción. Todo esto se traduce en menos intercambio comercial o económico. “Estas son reacciones de la gente a la adversidad que se enfrenta. Aquí sabe Dios cómo reaccionarán con la caída económica. La población se puede ir a una velocidad enorme, mucho más de lo que hemos visto hasta ahora”, dijo Gutiérrez.