Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

Desde la izquierda: Bradley Meyer, socio de Ducera Partners; Paul Hopgood, de Atlas Asset Management; y la licenciada Ana M. Del Toro.
Desde la izquierda: Bradley Meyer, socio de Ducera Partners; Paul Hopgood, de Atlas Asset Management; y la licenciada Ana M. Del Toro. ([email protected])

Aunque la propuesta de renegociación voluntaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) contempla “aislar” del resto del Gobierno los pocos activos de esa dependencia, para que sus acreedores recuperen algo de sus bonos o depósitos, ello no elimina la posibilidad de que la transacción termine en un proceso de bancarrota bajo el Título III de la ley federal PROMESA.

De igual forma, a pesar de que los préstamos que se utilizarán como colateral para pagar los nuevos bonos han sido segmentados según su condición actual, tampoco hay certeza de que el BGF -o el fideicomiso que se creará para renegociar la deuda del otrora agente fiscal- pueda cobrar ese dinero y, por ende, pagar a bonistas y depositantes.

En contraste, si los bonistas del BGF o depositantes del banco descartan la negociación voluntaria, se exponen a recibir mucho menos. Incluso se exponen a quedarse sin nada, si se procede con la liquidación del BGF bajo la dirección del tribunal federal.

Esas y otras consideraciones son las que tendrán que sopesar los diversos acreedores del BGF antes de suscribir al acuerdo de reestructuración de la deuda (RSA, en inglés) de esa entidad, propuesta que supondría una pérdida promedio de 38% en el principal que prestaron los bonistas o los ahorros que depositaron municipios, corporaciones y entidades privadas en el BGF.

Contra el reloj ante la Junta

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) debe presentar el RSA ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el próximo 15 de junio, pero hasta ayer no había conseguido suficientes adeptos.

El Nuevo Día preguntó a la AAFAF cuánto respaldo ha recibido el RSA, pero no recibió respuesta.

Según el RSA, 66.6% de los bonistas deben apoyar la propuesta para que pueda llevarse a la consideración de la JSF.

Ayer, el presidente de Bonistas del Patio, Rafael Rojo, instó a más de un centenar de inversionistas, así como a los municipios a evaluar y considerar la propuesta de renegociación voluntaria, que fue fruto del trabajo conjunto de la organización y las firmas asesoras Ducera Partners y Atlas Asset Management.

El respaldo al RSA no significa que la transacción se consuma inmediatamente y tampoco implica que se aceptan los términos finales de la transacción. Esto responde a que, para consumar el acuerdo, se necesitarán otros trámites, como legislar la entidad de vehículo especial (SPV) que emitirá los bonos que se intercambien.

Pros y contras

En términos generales, la propuesta permitiría que bonistas y depositantes del BGF intercambien sus acreencias actuales por un nuevo bono, donde el inversionista o depositante decide la magnitud del recorte de principal que recibiría a cambio de una tasa de interés específica. Los nuevos bonos serían emitidos por la SPV que operaría como un fideicomiso. Este recibiría del BGF los préstamos y otros activos. El efectivoque generen sería la fuente de repago de los bonos.

La transacción parte del supuesto de que los bonistas y depositantes podrían recuperar su dinero de una base de activos valorada en unos $5,300 millones. Al presente, el BGF adeuda, entre bonos y depósitos, unos $7,300 millones.

Se estima que, para el intercambio, la SPV sucesora del BGF emitiría entre $2,600 y $3,100 millones en nuevos bonos.

El reto de la nueva estructura es que, del total de préstamos en el BGF, solo los préstamos municipales o menos de una tercera parte de esos activos están al día. Los préstamos del BGF a agencias y corporaciones quedaron en un limbo, luego de que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el propio Gobierno central invocaron el Título III de PROMESA, lo que reconoció ayer el director ejecutivo de Bonistas del Patio, Jorge Irizarry.

Ayer, Irizarry y el asesor financiero de Bonistas del Patio, Carlos Rodríguez, fueron claros al indicar que no conocen si habrá liquidez suficiente en el mercado secundario para los nuevos bonos o sin estos recibirían una clasificación crediticia.

Sin embargo, en el lado opuesto, Paul Hopgood, fundador de Atlas y asesor de Alianza Cooperativa, y la abogada Ana del Toro destacaron las fortalezas de la estructura.

Del Toro subrayó que los nuevos bonos continuarán siendo exentos del pago de impuestos para los residentes de Puerto Rico.

La abogada explicó, además, que llegar a un acuerdo con el BGF no afectará las reclamaciones de inversionistas que alegan mala asesoría por parte de sus casas de corretaje y subrayó que la estructura se diseñó con cuentas tipo “lock-box” para impedir que el efectivo que se recobre pueda ser tomado por el Gobierno central, como ahora sucede con algunas corporaciones públicas.

Mientras, Hopgood destacó que las proyecciones de ingresos para pagar los nuevos bonos descansan principalmente en los réditos que dejarían los préstamos municipales. Dichos ingresos irán a pagar intereses y principal en las primeras dos series de nuevos bonos. Los bonos de la tercera serie, que suponen menos pérdidas de principal, se pagarían luego de pagar las primeras dos series.

De igual forma, Hopgood destacó que la estructura contempla el pago de principal e interés, lo que implicaría una fuente de ingresos que ahora está suspendida.

Las concesiones del Ad Hoc-BGF

“No voy a hacer una representación aquí de que habrá una recuperación plena”, dijo Bradley Meyer, ejecutivo de Ducera Partners y quien por los pasados dos años, intentó llegar a un acuerdo que pusiera fin al impago del BGF.

Los comentarios de Meyer cobran particular importancia porque el año pasado, el ejecutivo logró que los cuatro fondos de cobertura de riesgo que representa y que en total, poseen unos $1,000 millones de la deuda en bonos del BGF, accedieran a modificar sus acreencias, aunque el proceso no se concretó.

Ahora, el grupo Ad-Hoc BGF aceptó otras concesiones. Entre estas, no tomará acción legal contra el BGF y no demandará a Puerto Rico si se legisla un crédito contributivo para que inversionistas locales puedan recuperar lo perdido en sus bonos.

De acuerdo con Meyer, la estructura en la mesa atiende las necesidades de los diversos tipos de bonistas y depositantes del BGF, a los que describió como “críticos” haciendo referencia a los municipios.

Según Rojo, la organización unió fuerzas con el Ad Hoc-BGF y con Alianza Cooperativa porque al presente, son los inversionistas individuales locales los que menos representación y fuerza poseen en las negociaciones con el Gobierno.

A preguntas de la audiencia en torno a si los fondos buitres, que compraron a descuento, recuperarán lo mismo que los inversionistas locales que compraron al 100%, Rojo dijo que esto es “un libre mercado” y que la ley federal PROMESA prohíbe dar tratamientos distintos a los acreedores.