Aunque la propuesta de renegociación voluntaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) contempla “aislar” del resto del Gobierno los pocos activos de esa dependencia, para que sus acreedores recuperen algo de sus bonos o depósitos, ello no elimina la posibilidad de que la transacción termine en un proceso de bancarrota bajo el Título III de la ley federal PROMESA.