La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) arremetió contra los bonistas objetores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) señalando que dicho grupo de acreedores hace exigencias que Puerto Rico no puede cumplir.

El organismo que controla las finanzas públicas de Puerto Rico también se zafó de las imputaciones de los bonistas objetores en torno a la ristra de interrupciones eléctricas que experimenta el territorio estadounidense. Ello, al señalar que no es responsable de la operación diaria de esa infraestructura.

“Las recientes declaraciones de los bonistas opositores ignoran la realidad de la AEE y de Puerto Rico”, indicó la JSF en una declaración escrita enviada a este diario.

De esa forma, la JSF contestó las críticas de GoldenTree Asset Management y las aseguradoras Syncora Guarantee, Assured Guaranty y National Public Finance y el grupo organizado de Bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE).

En una declaración enviada a este diario, los opositores al PDA-AEE aseguran que “la postura contenciosa” adoptada por el organismo en el proceso de quiebra se ha convertido en un factor de peso en las operaciones de la AEE y por ende, ha contribuido a un alza en el número de interrupciones en el servicio eléctrico.

“Este grupo de acreedores, que no representa a todos los bonistas de la AEE, expresa que procuran un acuerdo razonable. El Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE) que la (JSF) ha propuesto al tribunal de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico es un acuerdo razonable y ha recibido el apoyo del 44% de los acreedores financieros de la AEE”, agregó el organismo, refiriéndose a los bonistas que respaldan el plan, entre ellos, el grupo que encabeza el gigante Blackrock.

“Sin embargo, la AEE continúa en quiebra porque esos bonistas (objetores) siguen exigiendo al pueblo de Puerto Rico que les pague la totalidad del principal más intereses, una cifra que según una moción pública reciente presentada al Negociado de Energía de Puerto Rico asciende a $12,000 millones”, reza la declaración de la JSF.

Si Puerto Rico tuviera que pagar esa suma, advierte el organismo, los abonados de la AEE tendrían en sus facturas de electricidad un cargo aproximado de ocho centavos por kilovatio hora (kvh) por los siguientes 50 años.

“La JSF está de acuerdo con los bonistas en torno a que obra en el mejor interés de Puerto Rico poner fin al proceso de Título III de la AEE tan pronto sea posible”, reza la declaración de la JSF.

Pero acto seguido, el organismo aseguró que son precisamente los bonistas objetores, quienes mantienen el proceso de quiebra “como rehén con exigencias que el pueblo de Puerto Rico simplemente no puede pagar”.

De acuerdo con la JSF, el PDA-AEE permitiría que la corporación pública “continúe siendo una empresa de servicios públicos sostenible, que provea energía confiable y apoye el crecimiento económico y la estabilidad fiscal de Puerto Rico”.

En contraste, sin hacer expresiones directas, la JSF dejó entrever que quienes se oponen al PDA-AEE son fondos de cobertura (hedge funds, en inglés), es decir, fondos especulativos, que buscan cobrar la totalidad de la deuda pública de la AEE, aunque pudieron haber comprado los bonos de la corporación pública a descuento.

Entre los opositores figuran también Assured Guaranty, Syncora y National, las aseguradoras municipales que actúan como garantizadores de la deuda de la AEE y que desde el inicio del proceso de quiebra han pagado a los bonistas en nombre de la corporación pública.

“Algunos de estos bonistas estaban comprando bonos de la AEE, incluso después de que ésta ya había entrado en el proceso de quiebra bajo el Título III de (la ley federal) Promesa”, señaló la JSF.

El PDA-AEE contempla recortar las acreencias de la AEE estimadas en sobre $12,000 millones, pagando a los acreedores unos $2,600 millones.

En total, el plan divide a los acreedores de la AEE en 12 clases. Estos recibirán su paga intercambiando bonos existentes por nuevos bonos o en efectivo.

Según el plan, los primeros bonistas que aceptaron la propuesta de la JSF y dueños de apenas $75 millones en bonos cobrarían la mitad de su reclamación. Los dueños de las líneas de crédito para combustible (fuel line lenders), recuperarían hasta el 88% de los $700 millones que prestaron a la corporación pública. Otros contratistas y suplidores de la AEE que son representados por el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) podrían cobrar hasta la totalidad de lo adeudado, pero ese dinero depende de los ingresos que consiga la JSF en diversas demandas contra terceros, indica la Declaración Informativa del PDA-AEE.

Según la Declaración Informativa, que es el documento de referencia que tienen los acreedores para decidir si favorecen o no la modificación que pagos que impulsa la JSF, si los bonistas objetores aceptan el plan, estos recibirían la compensación de los bonistas que pacten un segundo acuerdo con la JSF. Esos bonistas recibirían una compensación en efectivo, el pago de ciertos honorarios y su parte de cerca de $30 millones en bonos reestructurados.

Al presente, la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, quien preside los casos de Título III de Puerto Rico, todavía no ha establecido una fecha para analizar los méritos de la Declaración Informativa o del PDA-AEE.

En el documento, la JSF advierte que el PDA-AEE podría confirmarse siempre que dos terceras partes de una clase de acreedores específica (por cuantía monetaria) acepta la modificación. En consecuencia, a petición de la JSF, el tribunal podría imponer unilateralmente un recorte de otras acreencias, lo que se conoce como cramdown, siempre que se cumpla con ciertos incisos de la sección 1129 del Código de Quiebras.

“Si se deniega la confirmación del (PDA-AEE), las opciones del deudor (entiéndase la AEE) serían (i) que la (JSF) proponga un plan de ajuste alternativo del Título III o (ii) que se desestimen los casos de Título III, en cuyo caso se terminaría la suspensión automática y se produciría un litigio de múltiples partes y multifacético (incluido el litigio incoado por los bonistas, los (administradores de) los prestamistas de la línea de combustible, los sindicatos y el sistema de retiro de la AEE, y otras partes en contra de la AEE), ya que los titulares de reclamaciones compiten por los recursos limitados disponibles para pagar esas reclamaciones”, advierte la Declaración Informativa de la modificación de pagos propuesta por la JSF a partir de la página 48.

De acuerdo con la JSF, habida cuenta la situación financiera de la AEE y el entorno económico de Puerto Rico, su propuesta es razonable y su deseo de llegar a un entendido es genuino.

“Anteriormente, la (JSF) llegó a acuerdos consensuados con los acreedores de otras 10 entidades públicas en quiebra. Todas las reestructuraciones de deuda de Puerto Rico completadas hasta ahora han sido consensuadas” dijo la JSF al agregar que en el caso de la AEE, continúa interesada en seguir esa trayectoria.