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Manuel Laboy. (GFR Media)
Manuel Laboy. (GFR Media)

Tras dos años y medio de “un camino bien tortuoso y complicado”, Puerto Rico cuenta hoy con su primer Código de Incentivos que recopila, estandariza y da visibilidad a todos los beneficios tributarios y subvenciones para promover la inversión en distintas industrias, afirmó ayer el secretario del Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy.

Con el código, contenido en la Ley 60 de 2019, Laboy indicó que “proveemos certeza al inversionista local y al extranjero, porque tiene reglas claras y coherentes, integradas, de hacia dónde queremos mover a Puerto Rico y qué mecanismos contributivos existen para lograrlo”.

Además, la ley ordena publicar en internet la lista de tenedores de decretos contributivos y el monto de los incentivos por cada industria, incluidas las subvenciones en efectivo conocidas como “cash grants”. A su vez, estas subvenciones saldrán de un fondo unificado de incentivos económicos que administrará el DDEC, no de “decenas de fondos” en distintas dependencias, precisó.

“No se están añadiendo ‘cash grants’”, aclaró Laboy. Por el contrario, ahora el público conocerá el monto anual de este fondo unificado, porque será una partida del presupuesto de la agencia.

En materia de fiscalización, Laboy destacó que “la medición del retorno de la inversión (ROI, en inglés) es un elemento fundamental a lo largo de la Ley 60”. También lo es haber optimizado el proceso para que todos los receptores de beneficios sometan informes digitales para demostrar si están cumpliendo con los compromisos y las condiciones de sus decretos, advirtió Laboy.

Informó que tales informes se someterán por el Single Business Portal (SBP), plataforma en la que el gobierno está centralizando todos los trámites posibles, como permisos, solicitudes y otros reportes de cumplimiento. En este portal también se publicarán los informes para el público y se solicitarán los incentivos a una oficina del DDEC que se dedicará a ello. De ser aprobados, también serán fiscalizados por esa vía.

Para que el SBP esté listo para las nuevas funcionalidades, tiene que entrar en vigor un reglamento que detallará los procedimientos para hacer cumplir la Ley 60, informó Laboy. “La meta es tener una primera versión del SPB modificado para diciembre de 2019 o, como es una tarea complicada, rigurosa, para marzo de 2020 como mucho”, adelantó.

Laboy aclaró que los beneficios por exportación de servicios (Ley 20) no cambiaron. Sí hubo cambios para los inversionistas residentes, que ahora podrán reclamar exención por ganancias de capital asociadas a “blockchain” y criptomonedas, pero deberán donar anualmente $10,000 en vez de $5,000. “De eso, $5,000 tienen que ser para cualquier tipo de organización sin fines de lucro organizada en Puerto Rico y los otros $5,000 van a una OSF (organización sin fines de lucro) que se dedique a la erradicación de la pobreza”, aclaró el secretario sobre la polémica que se levantó porque un borrador previo del códigosugería que el gobierno canalizaría las donaciones.

“La donación va directamente a la organización”, insistió.

A su vez, Laboy hizo hincapié en que la Ley 60 es prospectiva y “no trastoca compromisos para empresas con decretos existentes y proyectos ya aprobados”.

Algunos puntos nuevos:

• Se añade como servicio de exportación los boletos de espectáculos que compre algún turista o los ingresos de la trasmisión o venta de los derechos de una grabación a audiencias fuera de Puerto Rico, incluidos eventos musicales, de esports y ligas de fantasía.

• Las pymes y los negocios exentos (así se denominan los que realizan actividades cobijadas bajo el código) que decidan operar en Vieques y Culebra tendrán 2% de tasa contributiva y exención total de impuestos municipales por cinco años.

• Profesionales de difícil reclutamiento que sean empleados por negocios exentos tributarán su salario hasta $100,000 anuales. Laboy destacó que en el caso de nuevas contrataciones “ese ingreso no existía en Puerto Rico”, y si se trata de un talento existente, es una forma de promover su retención.

• Se incluye programa de repago de préstamos estudiantiles a médicos, dentistas, veterinarios e investigadores científicos en el área de la salud, a cambio de residir en Puerto Rico por 7 años corridos.