Aunque no quiso adelantar si acudirá a los tribunales, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, insistió en que el gobierno no puede dar paso a las leyes que promueven el retiro temprano de empleados públicos porque no ha explicado cómo pagará por los nuevos beneficios legislados y cómo esta decisión podría resultar en una baja de unos 17,000 puestos de trabajo en el sector público en caso de que estos servidores públicos no sean reemplazados.