La Asociación de Compañías de Seguros (Acodese) dijo a priori, sin examinar los proyectos, que de aprobarse los mismos podrían encarecer los costos de los planes médicos. (Shutterstock)

Por décadas, los puertorriqueños han sufrido de un sistema de salud burocrático, lento, que no es igual para todos. Y con los años, se ha convertido en un lucrativo negocio para algunas empresas, mientras una buena cantidad de proveedores cierra o se marcha del país pues no reciben una compensación justa por su servicio.

Al final de esa cadena está el paciente, quien en ocasiones, como víctima del sistema, paga con su propia vida.

En síntesis, existe una lucha entre dos bandos: los intermediarios, conformado por aseguradoras y administradores de beneficios de farmacias (PBM o PBA por sus siglas en inglés), y en el otro lado, los proveedores de salud, entre ellos médicos, farmacias, laboratorios y hospitales.

Estos últimos reclaman una remuneración justa y a tiempo por parte de las aseguradoras, así como una mejor utilización del dólar prima en servicios de salud y prevención para el paciente. Mientras, las compañías de seguro y PBM sostienen que gracias a los controles que ellos implementan, los costos de salud no se han disparado más.

Consciente de que el tema reviste de gran importancia para toda la población, la gobernadora Wanda Vázquez Garced convocó la semana pasada la quinta sesión extraodinaria del cuatrienio en la que incluyó varios proyectos relacionados al sector de las aseguradoras y la salud.

Entre ellos está el proyecto de Administración 128 (PS 1658 y PC 2582) que prohibiría a las aseguradoras cambiar el criterio médico en las recetas y reduce el tiempo de aprobación de 72 a 48 horas, mientras si es un medicamento controlado, lo reduce de 36 a 24 horas.

Otro proyecto de Administración es el 129 (PS 1659 y PC 2583) que propone agilizar el proceso de adjudicación y pago de reclamaciones sometidas por los proveedores de salud a las aseguradoras.

Además, en esta sesión extraordinaria se verá el PS 1528, de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y que fuera aprobado el mes pasado en dicho cuerpo, pero no así en la Cámara de Representantes. Este proyecto busca proteger a los consumidores de las llamadas facturas médicas sorpresas.

De inmediato, los sectores implicados reaccionaron con reserva y suspicacia al enterarse que estos proyectos arriba mencionados se discutirían en la extraordinaria —la cual finaliza el domingo, 9 de agosto— con el objetivo de ser aprobados y convertidos en ley por la gobernadora.

La Asociación de Compañías de Seguros (Acodese) dijo a priori, sin examinar los proyectos, que de aprobarse los mismos podrían encarecer los costos de los planes médicos, y tanto el gobierno, como los patronos y los asegurados tendrían que pagar primas más altas. Días más tarde, y ya revisadas las medidas, Iraelia Pernas, directora ejecutiva de Acodese, indicó que prefería no emitir comentarios sobre los proyectos hasta tanto sometiera el memorial explicativo a la Rama Legislativa.

La aseguradora Triple-S tampoco quiso opinar sobre estas medidas que discutirá la Legislatura. Lisette Núñez, relacionista de la aseguradora, indicó que la empresa no se expresaría sobre el tema.

Me molesta, estoy indignada con lo que hizo la gobernadora. El PNP (Partido Nuevo Progresista) ha tenido todo el cuatrienio para atender el asunto y ella lleva un año a cargo y viene ahora a incluirlo en una extraordinaria. Es una hipocresía de la administración de Wanda Vázquez”, opinó por su parte, María Isabel Vicente, consultora del sector de farmacias y ex directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad (AFC).

¿Por qué ahora?

Vicente recordó que hace un año se aprobó la Ley 82 que regula la operación de los PBM, pero aún no se ha puesto en vigor. Se supone que el Departamento de Salud promulgara un reglamento que debía estar listo para octubre pasado, pero eso no ha ocurrido. “Esa ley que conllevó una gran lucha para que se aprobara para que los pacientes no tuvieran que pasar por las preautorizaciones, y no han hecho nada; y uno se pregunta ¿para qué hacer ahora un parcho con el proyecto (de administración) 128?”, cuestionó sobre la intención de la gobernadora.

Señaló que el PA 128 obliga a las farmacias a despachar el medicamento, aún sin que tengan garantía de pago por parte de las aseguradoras. Comentó que en la mayoría de los casos, los pacientes reciben sus medicinas, el problema está cuando se trata de terapias costosas como las de cáncer, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, insulinas, que por lo general, cuestan entre $5,000 y $15,000.

El verdadero problema es que sigue habiendo un sistema de salud para ricos y otro para pobres. Que hay una reforma de salud que tiene más de 25 años y no ha cumplido nunca con su propósito de brindarle a todos los residentes de la isla acceso a cuidados médico hospitalarios de calidad, independientemente de la condición económica y capacidad de pago de quien los requiera. Todo es pura politiquería e inversionismo político a través de cabilderos”.

Para Vicente, la salud la han convertido en un negocio y no en un derecho humano. “La única manera de ponerle coto a esto es estableciendo un plan de salud universal y un pagador único”, expresó, al tiempo que lamentó que ninguno de los dos partidos principales haya querido trabajar el tema con seriedad.

“No hay la voluntad política. Si Wanda Vázquez quiere hacer algo antes de irse, que ordene al secretario de Salud que ponga en vigor la Ley 82 y establezca la Oficina del Comisionado para reglamentar a los PBM. Con eso, habrá hecho bastante”, afirmó Vicente.

“Las aseguradoras torpedearán”

El salubrista Ibrahim Pérez, defensor de la equidad en los servicios de salud, duda que los legisladores aprueben los proyectos señalados y mucho menos que los mismos se pongan en vigor, pues apuesta a que las aseguradoras no lo permitirán.

“Los salubristas hemos siempre favorecido medidas como esas por muchos años porque validan la equidad que siempre ha debido existir en la distribución de primas entre la aseguradora, los servicios ininterrumpidos a los pacientes y la remuneración justa y a tiempo de los que prestan los servicios”, comentó Pérez.

Sin embargo, “las aseguradoras siempre se han ocupado de descarrilar todo intento hacia esa anhelada equidad”, dijo, por lo que no tiene esperanza de que esas medidas le hagan justicia a los proveedores de salud ni a los pacientes.

“Lo creeremos cuando se aprueben las medidas y se pongan en efecto, sin que sean neutralizadas operacionalmente por las aseguradoras como es su costumbre”, agregó el galeno.

Sin motivación política

Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes, reconoció que hay desconfianza por parte de los ciudadanos. “No quiero que se interprete que estamos haciendo esto por motivaciones políticas”, aseveró.

Indicó que el PA 128 es un proyecto “loable”, pero su objetivo es similar al de la Ley 82 de 2019. “Esa ley no se ha implementado al día de hoy y contiene muchas de las cosas que la gobernadora quiere proteger”.

El representante destacó que la medida de Vázquez Garced no hace mención a los PBM, que son subcontratados por las aseguradoras, por lo que adelantó que la medida sufrirá enmiendas. “Si aprobamos la legislación tiene que incluirse a los PBM. Este proyecto, te anticipo, que habría que hacerle enmiendas”.

Cuestionado sobre por qué la Ley 82 no se ha puesto en vigor, Morales coincidió por separado con Vicente en que la razón ha sido “falta de voluntad”.

Cabe señalar que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha impugnado seis leyes aprobadas este cuatrienio, entre ellas la Ley 82, por lo que el gobierno entabló una demanda contra el ente fiscal hace un mes. Según la JSF, la Ley 82 es inconsistente con el plan fiscal certificado porque podría existir una ley federal que ocupe el campo o se podrían perder fondos federales. En cambio, el gobierno local y los proveedores de salud ponen en duda tal argumento, pues hay una treintena de estados de la unión que ya regulan a los PBM.

De otro lado, sobre la posible aprobación del PA 129, el representante dijo que habrá que evaluar si conlleva algún gasto para el gobierno. Mientras, en cuanto al PS 1528 de las facturas médicas sorpresa, opinó que es un “proyecto bueno, responsable que pudiera aprobarse porque es justo”.

No incluyen a PBM ni a ASES

Otra que ve la acción de la gobernadora con suspicacia es la Asociación de Farmacias de Comunidad. Su directora ejecutiva Linda Ayala confirmó que nadie del Ejecutivo consultó a la entidad para la redacción de estos proyectos. No obstante, dijo que presentará su opinión ante las cámaras legislativas, ya que dichos proyectos adolecen de imprecisiones u omisiones.

Entre los errores de los proyectos, Ayala mencionó que no se incluye a la Administración de Servicios de Salud (ASES), por lo que teme que más de un millón de asegurados no estarían protegidos por estas leyes, de ser aprobadas.

“Los PBM tampoco figuran en los proyectos. La relación contractual no se puede menoscabar y para la Asociación de Farmacias de Comunidad, de no atenderse nuestras sugerencias, nos opondríamos a las medidas”, aseveró la directora ejecutiva.

Por tratarse de asuntos complejos y donde ha habido controversias insalvables por décadas, Ayala ve poco probable que en unas pocas semanas se puedan aprobar estas medidas. “Puede ser poco apresurado para lograr que todas las partes se pongan de acuerdo. Veinte días es tal vez poco tiempo para atender un tema tan importante como lo es la salud de los pacientes”, puntualizó.