La política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, podría arrastrar la economía de ese país a una recesión para principios del 2026, con un desempleo por encima del 6% y mermas sustanciales en el mercado de valores, advirtió Ben Herzon, director ejecutivo de S&P Global Market Intelligence.

Mientras, a nivel local, la política de recortes del presidente estadounidense ya ha costado cerca de $800 millones en fondos federales a la isla.

“No son solo los aranceles y sus efectos. Es también la incertidumbre”, afirmó Herzon, durante su presentación en el Simposio de Proyección Económica que celebró la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el Edificio de Medicina Tropical, adyacente al Capitolio de Puerto Rico.

Explicó que, si bien la firma tiene herramientas para modelar el posible impacto de aranceles específicos, no les sirven en el escenario actual, porque “esto es histórico”. “No hemos visto esta magnitud en décadas, yendo atrás un siglo”.

“Lo importante es que la incertidumbre puede redundar en pausas en los planes de inversión de capital. Eso es una preocupación”, recalcó.

Por ello, indicó que aunque S&P tiene una proyección base, en la que Estados Unidos lograría eludir una recesión, entienden que las condiciones apuntan a un escenario más pesimista: “Nuestra visión es que los riesgos a la baja son más prevalentes”.

Por lo pronto, Herzon indicó que la economía ya está en desaceleración, empujada por factores como “obviamente los efectos de la nueva y agrandada ronda de aranceles”, así como la política de la Reserva Federal de mantener sus tasas de interés y la reducción en el gasto del consumidor.

“A la vez, el costo del financiamiento en Estados Unidos está en su punto más alto en 15 años, debido a las tasas de interés”, abundó. “Hay una fuerte desaceleración en las inversiones fijas en 2025 y, de hecho, se van a contraer en el 2026”.

Herzon también mencionó que han mermado los apoyos fiscales a iniciativas de infraestructura y de construcción de plantas de manufactura, que se promulgaron durante el cuatrienio anterior.

En cuanto al desempeño del mercado de valores, mencionó que los modelos de S&P “indican que las acciones están sobrevaloradas y pueden bajar un 12% adicional para mediados del 2027”.

Para que el escenario pesimista de recesión no se concrete, Herzon indicó que Estados Unidos tendría que fijar aranceles “más bajos de lo esperado” y adoptar una política de inmigración “menos restrictiva”, además de contar con condiciones de “menos estrés financiero”, sea con tasas más bajas o recepción positiva en los mercados de valores.

Por su parte, Sergio Marxuach, del Centro para la Nueva Economía, expuso que la economía de Estados Unidos enfrenta riesgos mucho más profundos que la inestable política arancelaria de Trump, toda vez que hay voces que se preguntan en voz alta “si todavía es un país de ley y orden”.

Esto responde a que analistas internacionales están viendo a Estados Unidos “como un actor poco fiable en asuntos comerciales, financieros, de política exterior y seguridad”, afirmó.

Aún así, Marxuach se enfocó en los riesgos domésticos e inmediatos, por entender que impactan a Puerto Rico directamente. Explicó que Estados Unidos se acerca a una crisis institucional, porque están bajo ataque aspectos “altamente correlacionados con el crecimiento económico y la inversión”, como la separación de poderes del gobierno, el debido proceso de ley y el principio de que las leyes aplican a todos por igual, no de forma arbitraria o caprichosa.

“Esto no es solamente para inmigrantes. También le está pasando a miembros de las fuerzas armadas identificados como trans, a personas que pierden sus contratos con el gobierno federal sin el debido proceso. Universidades están perdiendo sus subvenciones sin los debidos procedimientos de terminación, empleados del gobierno federal que están perdiendo sus trabajos sin la debida notificación o pagas por despido”, enumeró. “Estamos viendo un ataque amplio y a gran escala contra instituciones del sector privado, organizaciones no gubernamentales, academia, grupos de la sociedad civil, empresas de medios, bufetes”.

Subrayó que ese escenario agrava la realidad usual de que Puerto Rico, por su condición política, no controla muchos factores que inciden en su economía, como con quién hace negocio, sus puntos de entrada o su inmigración.

Hasta la fecha, Marxuach repasó que el gobierno de Trump le ha quitado a Puerto Rico al menos $800 millones en fondos, $512 millones destinados a proyectos de resiliencia energética y sumas no precisadas de subvenciones para investigaciones y organizaciones sin fines de lucro. A esto se sumarían los despidos de empleados federales y el plan de anular contratos de arrendamiento para agencias federales, que hasta la fecha no se han consumado.

De otra parte, el director asociado de Moody’s Analytics, Gustavo Rojas Matute, celebró que “el mercado laboral esté manteniendo a más puertorriqueños en la isla”. Este factor no solo ayuda a estabilizar la base contributiva, sino también a no agravar la despoblación mientras la tasa de natalidad no compensa la cantidad de decesos anuales.

No obstante, señaló que la inequidad socioeconómica se ha disparado en Puerto Rico, al punto de que “San Juan es el área metropolitana con mayor desigualdad en todo Estados Unidos”.

También indicó que figura como una de las áreas con mayores riesgos crónicos asociados al cambio climático.