Según un estudio realizado por la empresa Professional Market Research, los niveles de productos faltantes en góndolas (“out of stock”) promedian un 21% para los meses de agosto y septiembre, cuando idealmente debería ser un 8% o menos. (Ramón "Tonito" Zayas)

Líderes del sector privado continúan unidos en su reclamo al gobierno para que elimine el impuesto al inventario, al tiempo que le piden a los candidatos a la gobernación que discutan públicamente este asunto y que se comprometan en su eliminación.

“La eliminación del impuesto al inventario es un asunto prioritario para el bienestar del país. Es urgente buscar la manera de que se logre su derogación. Es sabido que todos los candidatos entienden lo nefasto que es este impuesto, que actualmente mantiene los inventarios en la isla en niveles peligrosamente bajos, encareciendo y haciendo escasear los productos”, expresó Ivan Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET).

El senador Miguel Romero y la senadora Rossana López, ambos candidatos a la alcaldía de San Juan se han expresado a favor de su derogación. Además, en un encuentro con la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), los candidatos a la gobernación firmaron un compromiso para lograr que este impuesto se elimine.

“Nos satisface que todos los candidatos firmaron el compromiso de promover la actividad económica incluyendo 12 pasos que le recomendamos, entre ellos la eliminación del impuesto al inventario. Esto renueva el optimismo en el sector privado”, expresó Juan Carlos Agosto, presidente de la CCPR. “El próximo paso es que hagan el anuncio y el compromiso público”, añadió.

Además de la CCPR y ACDET, otras entidades como entidades empresariales del sector de autos, construcción y alimentos, entre otras, tienen en sus agendas varios encuentros con los candidatos a la gobernación en las próximas semanas y el denominador común en sus pedidos es que eliminen este impuesto.

Para el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, los candidatos a puestos públicos tienen el deber de velar por la seguridad de los ciudadanos y el desarrollo económico del país. “Vivimos en una isla que importa la mayoría de lo que consume. Entonces, no podemos tener seguridad en emergencias sin abastos ni podemos tener desarrollo económico motivando las ventas por internet que benefician a los almacenes fuera de nuestra jurisdicción creando empleos y el pago de contribuciones en otros lares”.

“Lo saludable es que los empresarios puedan mantener aquí el inventario con la variedad y cantidad de todo lo que se consume sin ser penalizados por el mero hecho de protegernos a todos, y al mismo tiempo creando empleos aquí, pagando contribuciones aquí y cobrando el IVU para los municipios. Así reducimos el riesgo de que, como pasó en (el huracán) María y ahora con el COVID-19, el consumidor en Puerto Rico no encuentre lo que necesita. Agradecemos a los candidatos que ya han hecho este asunto parte de sus planes de gobierno, particularmente los candidatos a alcalde que ya se han comprometido públicamente, e instamos a los demás a que hagan lo propio”, añadió Reyes.

Por su parte, la Asociación de Productos de Puerto Rico (APPR), a través de su presidenta, Aysha Issa sostuvo que “hay bastante camino adelantado ya que, hemos dedicado mucho trabajo y análisis para educar sobre la nocividad de este impuesto y dialogar con alcaldes y legisladores. También hemos analizado alternativas provistas por la legislatura, sin embargo las alternativas que se discutieron en su momento fueron utilizadas para atender otros asuntos municipales y estatales. Confiamos que en esta jornada electoral sea el foro y el paso correcto para atender de una vez y por todas el reclamo del sector privado y de los ciudadanos”.

La falta de inventario en los comercios y almacenes de Puerto Rico que ha experimentado la isla no ha mejorado desde el paso de los huracanes Irma y María. Según la empresa Professional Market Research los niveles de productos faltantes en góndolas (“out of stock”) promedian un 21% para los meses de agosto y septiembre, cuando idealmente debería ser un 8% o menos.

Caber destacar que para diciembre 2019 los niveles de faltantes estaban en un 11%, unos 10 puntos por debajo del nivel actual. Los comerciantes lo atribuyen, en gran parte, a los retos logísticos y de producción, así como la falta de inventario preventivo debido al alto costo de este impuesto. Se estima que actualmente los comercios tienen inventario para menos de 21 días, lo cual coloca a la isla en una situación vulnerable para enfrentar cualquier crisis o catástrofe natural, según expresaron los empresarios en declaraciones escritas.

Entre los líderes que hacen este reclamo figuran: la CCPR, la ACDET, MIDA, APPR, la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Asociación de Distribuidores y Concesionarios de Autos (PRADA) y la Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción (ACMC).