La seguridad y la salud de los puertorriqueños estaría comprometida si la gobernadora Jenniffer González Colón convierte en ley un proyecto que busca facilitar la admisión de diversos profesionales para que ejerzan como ingenieros, arquitectos, electricistas, plomeros, agentes de bienes raíces y relacionistas profesionales en la isla.

Nueve organizaciones profesionales levantaron bandera nuevamente contra el Proyecto del Senado 6 (PS 6) que busca crear la Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Licencias Profesionales de Puerto Rico. La medida, indican las organizaciones, abriría las puertas a profesionales de otros países para ejercer en Puerto Rico con licencias autorizadas en poco tiempo.

Para los profesionales objetores en Puerto Rico, el PS 6 supone una afrenta a su capacidad de laborar en el país.

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) y el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (CAAPPR), entre otras organizaciones, indicaron que el PS6 es innecesario porque Puerto Rico ya cuenta con juntas que evalúan las solicitudes de profesionales del extranjero y quieren trabajar en Puerto Rico.

Dicho proceso evaluativo responde a acuerdos de reciprocidad de licencias con algunas jurisdicciones, lo que facilita el proceso de admisión de profesionales para que ejerzan sus respectivas prácticas en Puerto Rico.

En conferencia de prensa, indicaron que el proceso de convalidación de credenciales vigente es más riguroso que el propuesto en el PS6, lo realizan profesionales voluntarios y que la evaluación no dura más de un mes, en la mayoría de las ocasiones.

“Este proyecto pone en riesgo la salud, seguridad, vida y propiedad del pueblo. En el caso de nosotros, los ingenieros agrimensores, nuestra ley ordena velar por la salud, la vida y la seguridad”, dijo Carlos Fournier Morales, presidente del CIAPR, al agregar que con el PS6 no queda claro dónde y cómo los consumidores puertorriqueños podrían reclamarle a profesionales del exterior que comiencen a ejercer en Puerto Rico.

Excepto los plomeros, los colegios profesionales aseguraron que no existe escasez de personas preparadas en Puerto Rico, por lo cual cuestionaron la necesidad de la medida.

El Nuevo Día solicitó una reacción a La Fortaleza, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación de esta noticia.

José López Suárez, presidente del Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico dijo, por su parte, que si en la isla faltan plomeros, es porque solo existe una escuela vocacional que ofrece cursos de plomería.

López Suárez agregó que al presente, hay unos 1,015 plomeros colegiados. Recordó que la plomería tiene aspectos de seguridad y salubridad que podrían afectarse con la llegada de profesionales que no estén adiestrados en la isla.

Por ejemplo, dijo que las tuberías sanitarias en Puerto Rico tienen condiciones –y complicaciones– diferentes a las de Estados Unidos.

“La plomería de Puerto Rico y la de Estados Unidos son diferentes. Los estados tienen sus propios reglamentos de construcción y la plomería se trabaja diferente”, dijo.

Otra de las áreas que dijo se afectarán si se aprueba el proyecto son las relativas a las bienes raíces.

Migdalia Rivera, vicepresidenta del Appraisal Institute de Puerto Rico, dijo que la tasación requiere criterios federales, así como educación y experiencia en el campo.

“Emitir licencias provisionales automáticas sin esta verificación no solo violaría disposiciones federales, sino que podría acarrear sanciones a la jurisdicción de Puerto Rico”, dijo.

Los grupos profesionales exhortaron a la gobernadora a vetar o devolver el proyecto, en aras de permitir una discusión más amplia sobre el tema pues, dijeron, no fueron convocados a un proceso de vistas públicas para discutir la medida.

Entre las organizaciones que expresaron su rechazo al PS6 y que participaron en la conferencia de prensa estuvieron la Puerto Rico Association of Realtors, el Colegio de Peritos Electricistas, la Asociación de Relacionistas Profesionales y la Asociación de Banca Hipotecaria, entre otras.

El PS 6 busca establecer como política pública “reconocer las licencias ocupacionales o certificaciones gubernamentales expedidas por otras jurisdicciones de Estados Unidos, para obtener una licencia o certificación oficial en Puerto Rico”.

El proyecto establece que toda persona podrá ingresar a una ocupación en Puerto Rico, “a menos que el gobierno demuestre una necesidad apremiante de proteger los intereses del público restringiendo dicho ingreso”.

La medida propone que una junta local emitirá estas licencias ocupacionales y profesionales siempre que el solicitante tenga una licencia válida para practicar en un estado de Estados Unidos y tenga al menos tres años consecutivos de práctica.

El proyecto, aprobado en la Asamblea Legislativa con votos de las delegaciones novoprogresista y popular, tiene una sección que establece que, en caso de emergencias, la gobernadora podría reconocer licencias ocupacionales y profesionales de manera provisional. Se trata de licencias y certificaciones emitidas en otros “estados o países extranjeros, tratándolas como si hubieran sido emitidas en la jurisdicción de Puerto Rico, durante todo el tiempo de la emergencia”.