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Desde la izquierda: Kenneth Rivera presidente de la CCPR; Iván Baez, presidente de la Acdet; Liliana Cubano, presidenta de la APPR; Nazario Lugo, presidente de Ameps, y Manuel Reyes, vicepresdiente ejecutivo de MIDA. (Suministrada)
Desde la izquierda: Kenneth Rivera presidente de la CCPR; Iván Baez, presidente de la Acdet; Liliana Cubano, presidenta de la APPR; Nazario Lugo, presidente de Ameps, y Manuel Reyes, vicepresdiente ejecutivo de MIDA. (Suministrada)

En Puerto Rico “no se puede hablar de preparación” ante desastres mientras el gobierno no actúe para abolir el impuesto al inventario, que obliga a los comercios a mantener menos de tres semanas de abastos, advirtió ayer Nazario Lugo, presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencias y Profesionales de Seguridad de Puerto Rico (Ameps).

“Cuando surge el tema de las peleas de gallos, todo el mundo sale a hacer protestas y a correr detrás de los gallos y hacer un chijí chijá. Con temas que son eminentemente serios para la seguridad de nuestra isla, no hay ese mismo sentido de urgencia”, lamentó, por su parte, Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal (Acdet). El también portavoz de Walmart Puerto Rico cuestionó que, a días de comenzar la temporada de huracanes y a casi dos años del huracán María, “las autoridades municipales y estatales no tengan una propuesta clara de cómo vamos a manejar el tema del impuesto al inventario”.

La abolición de este impuesto quedó fuera de la reforma contributiva en 2018 y, desde entonces, permanece en un limbo al enfrentar la oposición de muchos municipios que quieren retener esta fuente de ingreso, explicó Kenneth Rivera, presidente de la Cámara de Comercio (CCPR).

Lugo, Báez y Rivera hicieron las expresiones durante el anuncio de que Ameps y las principales asociaciones del sector privado formalizaron un acuerdo para elevar el nivel de preparación familiar, comunitaria y empresarial ante emergencias y desastres como ciclones, terremotos y ciclones.

Además de Acdet y CCPR, al acuerdo colaborativo se sumaron la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), así como la Asociación de Productos de Puerto Rico (APPR), la de Constructores (ACPR), la de Comerciantes en Materiales de Construcción, y la de Distribuidores y Concesionarios de Auto (Prada).

El acuerdo coincidió con noticias de que una vaguada provocó apagones, deslizamientos, inundaciones e incluso dejó incomunicadas a familias en Utuado.

“Estamos un poquito peor de lo que estábamos antes de María”, alertó Kenneth Rivera, presidente de la CCPR.

“Puerto Rico es mucho más frágil y vulnerable ahora”, coincidió Lugo. Por ello, urgió al gobierno a moverse a un marco contributivo que “no castigue la preparación”. En concreto, Báez indicó que sin este “nefasto” impuesto los comercios podrían aumentar hasta 55% de su inventario para tener abastos por 45 a 60 días, en vez de los 21 actuales. Recordó que al hundirse el buque El Faro “tomó un mes resolver el disloque” y que, si los puertos de Florida se hubiese afectado con los huracanes en 2017, habríamos sido golpeados por partida doble, porque gran parte de los embarques provienen de Jacksonville.

Entretanto, Lugo aclaró que aunque el acuerdo usa como coyuntura el inicio de la temporada de huracanes este 1 de junio, “pero la preparación requiere ser continua” y no reactiva, de cara a la realidad de que Puerto Rico está en riesgo real de terremoto o tsunami.

¿Qué hacer mientras tanto?

Por ello, mientras se espera porque la Legislatura y los municipios actúen sobre este tributo, es necesario que la ciudadanía se prepare con al menos 10 días de alimentos y agua potable, recomendó Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA.

Indicó que de esa forma se podría reducir la conmoción que genera una emergencia y la que se produce cuando hay aviso de tormenta y una multitud corre a comprar suministros, con el efecto de agotar los limitados inventarios que, de ordinario, durarían unos 21 días.

A su vez, Lugo urgió a que cada domicilio tenga listas mochilas de seguridad y planes de emergencia, además de que “cada negocio cuente con un plan de emergencia abarcador y que promueva la continuidad de sus operaciones”.

Este último componente es parte esencial del acuerdo firmado ayer, mediante el cual Ameps aportará su peritaje.

Agregó que también el comercio se prepara revisando sus planes y, aun con la penalidad del impuesto, “las empresas están subiendo inventario, pero con el freno pegado”.