Triple-S Management Corp (NYSE:GTS) informó esta tarde que ese asegurador no ha sido objeto de ninguna intervención por parte de autoridades de ley y orden vinculadas con las investigaciones federales que se han discutido públicamente.

Las declaraciones del asegurador fueron remitidas a El Nuevo Día, en respuesta a un pedido de información que hiciera este medio ante supuestas confidencias de un proceso de allanamiento por parte de las autoridades federales.

“Triple-S no ha sido objeto de ninguna acción o solicitud de información por parte de las agencias de ley y orden en relación a investigaciones federales reseñadas en los medios recientemente. Triple-S no tiene comentarios adicionales sobre investigaciones gubernamentales”, indicó el asegurador en declaraciones escritas.

Este miércoles, la Fiscalía federal informó que un Gran Jurado federal radicó 32 cargos por fraude, robo, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para blanquear capitales contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), ÁngelaÁvila Marrero, y cuatro contratistas del gobierno a saber: Fernando Scherrer, cofundador de BDO Puerto Rico; el subcontratista de BDO, Alberto Velázquez Piñol, y las hermanas Mayra y Glenda Ponce Mendoza vinculadas con la firma Colón & Ponce Inc.

Glenda, según el pliego acusatorio develado hoy, habría sido “asistente personal” de Keleher en el Departamento de Educación y se representaba como tal, según las autoridades federales, aunque no figuraba como empleada de la agencia. Los imputados habrían participado en dos esquemas separados en Educación y Hacienda para obtener contratos en estas agencias mediante procesos de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) amañados o tras cancelar, por motivaciones político partidistas, contratos otorgados a otras empresas bajo la administración de Alejandro García Padilla. Ambos ardides implicaron sobre $15 millones en contratos otorgados por Keleher y Ávila Marrero y pagados con fondos federales.

Desde que salieron a la luz los arrestos contra los acusados, comenzó a rumorearse el supuesto allanamiento por parte de las autoridades en las oficinas de Triple-S en la zona de Caparra.

Durante la conferencia de prensa, en la que se ofrecieron detalles de la pesquisa, se preguntó si las autoridades federales allanaban las instalaciones de un asegurador en Puerto Rico. A ello, tanto la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez como el agente especial a cargo, Douglas Leff, contestaron que no conocían o no podían precisar si en efecto se diligenciaba alguna orden de allanamiento en un asegurador.

Los cargos que enfrentan los acusados suponen penas máximas de entre cinco y 20 años de cárcel, de ser hallados culpables.

Triple-S es uno de cinco aseguradores u organizaciones de cuidado de la salud que sirve el Plan de Salud del Gobierno (PSG) bajo el plan Vital.

Fuentes de este diario aseguran que las autoridades federales también conducen una pesquisa por supuestas irregularidades en el proceso de propuestas (RFP, en inglés) que ASES condujo el año pasado. En dicho proceso, el ahora acusado Velázquez Piñol habría jugado un papel crítico y habría solicitado o instruido a que se permitiera que un asegurador que no cumplió con los requisitos del RFP, continuara en la carrera y eventualmente, fuera favorecido. Lo mismo habría sucedido con otro licitador, cuyas finanzas eran motivo de preocupación. Las posibles irregularidades también salieron a relucir la semana pasada en una vista de la comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que indaga el estatus de pagos a médicos, laboratorios, hospitales y otros proveedores de salud. Esto, luego de la creación de una región única para todo Puerto Rico y que resultó, entre otras cosas, en cambios y ajuste de tarifas a los proveedores que sirven a cerca de 1.5 millones de médico indigentes en el territorio estadounidense.