Las empresas que reciban ayudas federales por el coronavirus no podrán utilizar los fondos para bonos de ejecutivos, refinanciar deudas o para gastos no relacionados a la emergencia. ( Archivo)

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Aunque el paquete de $2,200 millones en fondos federales para responder al coronavirus está diseñado, en su mayoría, como ayudas que no tendrán que pagarse, los hospitales, hoteles, paradores y las empresas que los reciban tendrán que utilizar el dinero para fines específicos, presentar informes al gobierno y estar dispuestos a ser auditados, si es necesario, explicó el director ejecutivo de la Autoridad de AsesoríaFinanciera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero.

Según Marrero, a partir de esta semana, las agencias “líderes” a cargo de autorizar la distribución de unos $1,700 millones en fondos asignados a Puerto Rico a través del Coronavirus Aid Relief & Economic Stability Act (Cares) comenzarán a implementar los 16 programas diseñados para cubrir, en la mayoría de los casos, los ingresos dejados de recibir por “la interrupción de sus negocios” o para cubrir gastos extraordinarios para responder a la pandemia. Un décimo séptimo programa es la reserva de unos $486 millones que ha creado el gobierno para llenar la alcancía gubernamental en caso de un nuevo desastre.

Hasta este lunes, el COVID-19 ha cobrado la vida de unas 124 personas, 60 de estas confirmadas por el Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud y la diferencia son muertes sospechosas, clasificadas por el Registro Demográfico, según las guías del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

“Desde un principio, en todos los ‘grant agreements’ (acuerdos de subvención), el participante tiene que reconocer la obligación que se acepta con los beneficios”, dijo Marrero.

Marrero reconoció que ante la diversidad de programas federales que se han aprobado como paliativos al coronavirus hay “un riesgo de duplicidad” y que por ello y para cumplir con las normas de uso establecidas por el Tesoro estadounidense, tanto las empresas como las agencias de gobierno y municipios tendrán que enviar reportes mensuales a la Aafaf.

Pero acto seguido, Marrero sostuvo que habida cuenta que será el gobierno de Puerto Rico quien responda al Tesoro federal, Puerto Rico “podrá reclamar a esos subrecipientes si se da una situación donde los fondos no se utilicen correctamente”.

La agencia, a su vez, contratará una firma de auditoría para que se pase juicio de lo hecho y su análisis será enviado al gobierno federal, una vez concluya el programa, dijo Marrero.

Un comité integrado por la Aafaf, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y Hacienda se encargará de implementar el plan y sostendrán reuniones semanales, según informó Marrero.

La semana pasada, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció la distribución de la tajada que le tocó a Puerto Rico por el CARES Act.

Exceptuando el dinero de reserva, el gobierno distribuirá unos $1,700 millones en ayudas directas, incluyendo fondos para ampliar la capacidad de diagnóstico del COVID-19 en la isla y los municipios. Pero de esa cantidad, la mayoría será otorgada en ayudas directas a individuos que trabajan por cuenta propia, pequeños y medianos empresarios de todo tipo y a dos grupos de empresas particularmente afectados por la pandemia: los hospitales y los hoteles y paradores.

Estos últimos sectores han visto un desplome de sus operaciones como resultado directo del toque de queda ordenado por el gobierno desde mediados de marzo pasado y por la suspensión de viajes que se ha activado a nivel internacional para atajar el virus.

¿Cómo se otorgarán los fondos?

De acuerdo con Marrero, la mayor parte de los programas de ayuda directa a las empresas serán manejadas a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) que administra el Departamento de Hacienda.

Pero la aprobación de las ayudas dependerá de esfuerzos separados que estarán a cargo de las agencias directamente relacionadas con los sectores que serán beneficiados. A manera de ejemplo, mientras la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Aafaf tendrían a su cargo la evaluación de las solicitudes de los hospitales, la Compañía de Turismo y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tendrían a su cargo la evaluación de las ayudas a hoteles y paradores.

En otras instancias, será el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la agencia líder para la evaluación de las solicitudes.

En todos los casos, el dinero se desembolsará según el orden en que se radiquen las solicitudes y mientras haya fondos disponibles. Según Marrero, si los fondos asignados a algún programa no se utilizan en un tiempo prudente serán reasignados a otras iniciativas dentro del mismo plan de distribución.

Marrero subrayó que el dinero federal asignado permanecerá bajo la custodia de Hacienda, por lo que esa agencia, desembolsará los fondos según instruyan las agencias líderes de cada programa.

Duplicidad

La primera de las ayudas que comenzó a distribuirse, dijo Marrero, es el programa de ayuda a personas que trabajan por cuenta propia y que consiste de una subvención de $1,000 a estos trabajadores. En total, se asignaron unos $200 millones y Hacienda desembolsará los fondos de manera automáticamente.

El Nuevo Día preguntó a Marrero si un empleado por cuenta propia o empresario podría solicitar las nuevas ayudas si ha solicitado otras como el beneficio por desempleo.

A ello Marrero contestó que el dinero que reciban los cuentapropistas por este programa no se considerará una duplicidad de fondos en caso de que ese trabajador también haya solicitado los beneficios especiales por desempleo (conocido como PUA). Mientras, el PUA iría dirigido a cubrir parte de los ingresos que la persona ha dejado de recibir como resultado de la pandemia, la ayuda que se otorgaría ahora va dirigida a cubrir las pérdidas o los gastos extraordinarios en que haya incurrido el negocio o la empresa por la crisis sanitaria.

Esta semana, agregó el también representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Hacienda debe tener listas las cartas normativas para instrumentar en las próximas semanas otros tres programas.

La ayuda a empresas pequeñas y la ayuda a empresas medianas por “la interrupción de sus negocios” se ha dividido en dos programas, porque según Marrero, el interés del gobierno es que la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas afectadas puedan beneficiarse.

Para las empresas con dos a 49 empleados, se asignaron $250 millones. Las empresas recibirían un estipendio de hasta $5,000 y el dinero solo podrá utilizarse “a asuntos relacionados con la emergencia del COVID-19”.

La empresa, según el plan publicado por la Aafaf, no podrá utilizar el dinero para pagar bonos a ejecutivos o refinanciar deuda y tampoco sería elegible si ha solicitado ayuda bajo el programa de préstamos de emergencia de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés).

En tanto, el programa a empresas medianas, es decir a empresas con 50 a 500 empleados, otorgaría hasta $10,000 bajo los mismos criterios. El programa cuenta con $100 millones.

Marrero indicó que la ayuda se otorgará a las empresas en función del número de empleados que tenga y no tomando en consideración las ventas o pérdidas del negocio.

El PPP "criollo"

Según Marrero, el programa que tomará algunas semanas más será la ayuda para el pago de nómina y que funcionaría de manera similar al autorizado por la SBA. A esa iniciativa se asignaron $350 millones.

“Lo que hicimos fue establecer que aquellas empresas que participaron del programa de SBA no puedan solicitar para que sean las pequeñas empresas las que más puedan beneficiarse”, dijo Marrero al plantear que dicho programa estará bajo la dirección de Hacienda.

En el caso de los hospitales privados, al que se asignaron $150 millones, Marrero sostuvo que los fondos se asignarán considerando la tarifa por día que estos suelen contratar con los planes médicos, lo que se conoce como el per diem.

Marrero explicó que en este caso, el programa se articuló de forma tal que los fondos que los hospitales recibieron a través del Provider Relief Fund, otra de las iniciativas bajo el CARES Act, no conflijan con esta ayuda.

Los hoteles y paradores, por su parte, recibirían en conjunto unos $50 millones y en este caso, según el plan divulgado por la Aafaf, los recipientes utilizarán solo podrán utilizar el dinero para aquellos gastos que no sean cubiertos o que en el futuro, serán cubiertos por cualquier otra ayuda que reciban estas entidades, incluyendo que préstamos otorgados bajo el CARES Act.

Marrero reconoció que otras empresas del sector turístico también han sido afectados, pero indicó que en esos casos, al igual que en el caso de empresas agrícolas, estos cualificarían bajo las ayudas generales establecidas para todo tipo de empresas.


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