El presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Carlos M. Rodríguez, hizo un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que divulguen los demás cargos que pagarán los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a fin de que el sector empresarial y la ciudadanía puedan saber a qué atenerse como resultado de la reorganización financiera de esa corporación pública.
“Necesitamos que se nos diga finalmente en cuánto va a quedar la tarifa. Los bonistas están claros de lo que van a recibir de cada kilovatio hora que se cobre, pero los abonados no tenemos claro cómo vamos a quedar”, indicó Rodríguez a este diario.
El llamado de Rodríguez se produjo este martes, un día después de que el ejecutivo escribiera a Vázquez Garced para ponerle al tanto de los hallazgos del estudio del economista Ramón Cao García, quien concluye que a raíz de la reorganización financiera de la AEE, los abonados de la corporación pública podrían ver un alza de hasta 47% en su factura de la luz en un plazo de cinco años.
El estudio revelado por El Nuevo Día la semana pasada, advierte que el alza en la factura de electricidad encarecerá los precios de los bienes y servicios que pagan individuos, comercios y el propio gobierno, y ejercerá mayor presión en los costes operacionales de los negocios, lo que resultaría en la pérdida de decenas de miles de empleos. En el peor de los escenarios analizado por Cao García, esos eventos podrían achicar el producto bruto de la isla por hasta 22% hacia el año 2024.
Cada abonado encarará costos insostenibles, utilicen electricidad (de la AEE) o no, incluyendo aquellos invirtiendo en generar energía más competitiva y limpia por sí mismo, como lo ha hecho el sector industrial después del huracán María”, reza la carta de Rodríguez a la gobernadora.
“Esos costos no regulados devastarían la inversión en manufactura, empleos y nuestra economía en general”, indicó Rodríguez al indicar que una tarifa industrial de entre 15 y 16 centavos kvh podría ser razonable en el caso de Puerto Rico.
El plan de reorganización de la AEE descansa en tres grandes piezas: la renegociación de la deuda pública por concepto de bonos, la privatización de la red de transmisión y distribución y la venta de los activos de generación y la inyección de fondos federales para la reconstrucción eléctrica. La JSF y la AEE alegan que los cambios operacionales y a la infraestructura de la corporación pública harán contrapeso al impacto de la renegociación de la deuda.
Según el líder de los industriales, urge conocer cuántos ahorros logrará la AEE como resultado de la privatización de la generación eléctrica y de la red de transmisión para entonces determinar si el acuerdo suscrito (RSA, en inglés) con el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) y las aseguradoras municipales Assured Guaranty, Assured Guaranty Municipal Corp., National Public Finance y Syncora Guarantee es conveniente.
El acuerdo con los bonistas supone un alza de hasta 4.5 centavos por kilovatio hora (kvh), según la JSF, un aumento que sería menor al impacto de pagar la deuda vigente de la AEE. Sin el RSA, alega el organismo fiscal, la AEE tendría que aumentar el kvh en 7.7 centavos para pagar a los bonistas al tiempo que se expone, tanto al nombramiento de un síndico -según el contrato de bonos vigentes- como a la posibilidad de tener que desembolsar $4,000 millones de inmediato. Esto, como resultado de no haber pagado a los bonistas en los pasados cinco años.
Empero, partiendo del plan fiscal a la cifra de 4.5 centavos kvh, habría que sumarle casi dos centavos para el pago de las pensiones en la AEE, poco más de un centavo por el cargo de subsidios y la suma que finalmente, se determine para pagar a las entidades que otorgaron las líneas de crédito para la compra de combustible y a los acreedores no asegurados de la corporación pública.
En entrevista con El Nuevo Día, Vázquez Garced indicó que favorecía el RSA vigente.
El arbitrio del 4%
“Está el riesgo de los empleos perdidos, según el estudio de Cao, pero el mayor riesgo no es ese. Hay entre 10 a 12 empresas industriales en Puerto Rico que contribuyen el 20% del Fondo General. Son $2,000 millones, imagínate qué pasaría si por el costo de energía se nos va la mitad de esas empresas”, indicó Rodríguez.
El ejecutivo sostuvo que el próximo viernes, la Coalición del Sector Privado (CSP) se reunirá para discutir el estudio de Cao García y determinar qué postura adoptarán.
Aparte de las previsiones económicas, Cao García propone que la JSF y el gobierno regresen a la mesa de negociación para buscar un recorte mayor en lo adeudado a los bonistas. El economista propone que se recorte el principal a unos $4,668 millones, lo que requeriría unos 2 centavos kvh en el lugar del 4.5 centavos kvh establecido en el RSA. Según Cao García, la economía de Puerto Rico podría asimilar el impacto sugerido y en lo sucesivo, cuando se conozca con mayor certeza cuánta energía necesitarán los abonados de la AEE, la tarifa eléctrica estaría sujeta a las revisiones del Negociado de Energía. El RSA vigente plantea un recorte de entre 20% y 30% en el principal vigente.
Para la JSF, la propuesta de Cao García implicaría aumentos posteriores a la tarifa de electricidad. Mientras, alega el organismo fiscal, con el RSA vigente, los bonistas recibirían un pago específico, por lo que la AEE no tendría que aumentar las tarifas para pagar exclusivamente la deuda por concepto de bonos, una vez renegociada.
