La decisión del panel de arbitraje de aplicar un término de 15 años para tomar acción en caso de incumplimiento de contrato ocurrió en un caso que varios inversionistas llevaron contra UBS Financial Services of Puerto Rico. (GFR Media)

El reciente laudo otorgado por un panel de árbitros de la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (Finra, en inglés), donde se reconoce que -en ciertas instancias- un inversionista en Puerto Rico tiene hasta 15 años para tomar acción legal no necesariamente aplicará a otros casos, según el abogado Osvaldo Carlo Linares.

De acuerdo con Carlo Linares, quien representa varias decenas de inversionistas que experimentaron pérdidas con los bonos y fondos mutuos cerrados de la isla, los procesos de adjudicación de controversias en el regulador financiero no se asemejan a los procesos judiciales, donde un fallo judicial suele servir de referencia en casos similares, por lo que los remedios que puedan recibir quienes buscan reparar sus agravios dependerán en gran medida de quienes examinen su caso.

“Lo que decida un panel de árbitros no tiene que emularse, es persuasivo, pero no los obliga”, indicó Carlo Linares haciendo referencia al caso de los inversionistas José E. Blanco Garrido, Cynthia Blasini y otros contra UBS Financial Services of Puerto Rico.

En ese caso, los árbitros Richard J. Kaplan, Cheryl E. Winton y Karen J. Orlin otorgaron una compensación de $4.25 millones, cinco años de intereses y los costos de abogados. Pero al mismo tiempo, en lugar de aplicar a Blanco Garrido y otros, el plazo de dos años que establece la Ley Uniforme de Valores o seis años para radicar una reclamación ante Finra, los árbitros determinaron que cuando se produzca un incumplimiento de contrato, el término aplicable para tomar acción será de 15 años, a la luz del Código Civil de Puerto Rico.

A juicio de Carlo Linares, quien recordó que el objetivo de Finra es atender los casos con mayor rapidez que el foro judicial, los abogados de Blanco Garrido trajeron, y el panel de árbitros aplicó, de manera correcta, el término prescriptivo de 15 años, pero sostuvo que ello no se convierte en un precedente en dicho foro regulatorio.

Según Carlo Linares, desde el 2013, cuando se produjo el colapso de los bonos del gobierno y el mercado de fondos mutuos cerrados, miles de inversionistas perdieron millones de dólares como resultado de la mala asesoría financiera que recibieron.

Para probar dichos incumplimientos, y aunque se trata de un proceso distinto al que se daría en un foro judicial, los abogados de valores han tenido que levantar gran cantidad de datos y hechos que evidencian patrones repetitivos en la forma en que se asesoraba a los ahorristas en la isla. De igual forma, en el caso de Puerto Rico, en los pasados años, el regulador ha emitido sanciones disciplinarias y multas contra al menos cinco de las principales firmas de corretaje que operan en la isla.

No obstante, según Carlo Linares, de la misma manera en que la decisión de un panel de árbitros no obliga a otro, también es constante que en cada caso de arbitraje, las casas de corretaje o los asesores financieros pidan a Finra excluir evidencia que se haya presentado y admitido en otros casos.

“Ellos (las casas de inversiones) piden eliminar la evidencia que favorece al perjudicado, pero constantemente ellos también piden en los tribunales que se incorporen las decisiones de Finra cuando les favorecen”, dijo Carlo Linares al agregar que cuando se interactúa con oficiales o personas conocedoras de Finra, todavía prevalece la sorpresa con los eventos que contribuyeron a la pérdida de sobre $18,000 millones de capital puertorriqueño, según cifras oficiales. Esto, porque a pesar de las considerables pérdidas que experimentaron decenas de miles de ahorristas locales, las reclamaciones ante ese foro apenas superan unos 3,558 casos.


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