Después de la pandemia, los aeropuertos enfrentarán una mayor exposición al riesgo derivado de menores volúmenes de tráfico de pasajeros, según S&P. (The Associated Press)

Madrid- La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s (S&P) estima que el volumen de pasajeros en los aeropuertos previo a la crisis del coronavirus no se recuperará hasta el año 2023 y calcula que en 2020 este indicador caerá entre un 50% y un 55%.

En un informe publicado hoy viernes, S&P Global Ratings explica que desde marzo de 2020 ha bajado las calificaciones de 11 aeropuertos y ha asignado perspectivas negativas o alertas sobre el riesgo de crédito a un total de 128 emisores y transacciones, al tiempo que avanza que en los próximos meses podría acordar rebajas adicionales.

Con sus nuevas previsiones, la agencia amplifica la magnitud de la crisis sobre sus estimaciones anteriores y avanza que el tráfico de pasajeros seguirá por debajo de los niveles previos a la pandemia de coronavirus COVID-19 hasta 2023.

Considera que la solidez financiera del sector se verá erosionada, previsiblemente, por la magnitud y duración del cierre actual de los aeropuertos, por la “anémica” recuperación, por la reestructuración de la capacidad y por los mayores riesgos de las aerolíneas.

Por ello, en la era post-COVID los aeropuertos enfrentarán una mayor exposición al riesgo derivado de menores volúmenes de tráfico y la consiguiente presión sobre sus ingresos aeronáuticos que, en general, representan más del 50% de los ingresos totales.

Más afectados todavía se podrían ver los ingresos minoristas (de tiendas y restaurantes, sobre todo) cuya participación ha aumentado en los últimos años al 45% o 50% del conjunto de las ventas de la mayoría de los aeropuertos.

Alertan también de que la continua “quema” de efectivo y el servicio de intereses de la deuda obliga a muchos aeropuertos a buscar fórmulas para garantizar la liquidez.

S&P confía en que los proveedores de deuda estén dispuestos a renunciar a los “convenants” (requisitos exigidos para conceder la financiación) siempre que los incumplimientos se deriven sólo de los efectos del COVID-19 y no de una debilidad empresarial subyacente.


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