Miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media) (semisquare-x3)
Miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

Washington - El gobierno de Estados Unidos y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitaron hoy al Primer Circuito de Apelaciones, en Boston, que extienda la moratoria que concedió y permita a los integrantes del ente fiscal ejercer sus funciones sin interrupción más allá del 16 de mayo.

El abogado de la JSF, Donald Verrilli, solicitó en el recurso que la moratoria se prorrogue hasta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determine qué hacer con el certiorari que se presentó el martes para que el máximo foro judicial federal revise la decisión del Primer Circuito que declaró inconstitucional los nombramientos de los miembros de la junta.

Pero Verrilli reclamó al Primer Circuito que resuelva su moción para el 3 de mayo, lo que le daría la oportunidad a la JSF, que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico, de pedir al Tribunal Supremo estadounidense que extienda la fecha de vencimiento de la moratoria.

El pasado 15 de febrero, el Primer Circuito determinó que los miembros de la JSF son funcionarios federales de alto nivel, por lo que requieren ser nombrados directamente por el presidente de Estados Unidos y ser confirmados por el Senado federal. Entonces, dio hasta el 16 de mayo para que los actuales miembros de la JSF o nuevos integrantes sean nombrados y confirmados por el presidente Donald Trump.

Bajo la ley Promesa, seis de los siete miembros con plenos derechos en la JSF fueron nombrados por el entonces presidente Barack Obama a base de recomendaciones de los líderes del Congreso. Obama nombró directamente al séptimo.

En su argumento, Verrilli afirmó que “si la Junta se ve obligada a dejar de operar, es probable que los acreedores intenten desestimar los casos de reestructuración de deuda en curso de la Junta y presentar demandas que procuren el pago inmediato de miles de millones de dólares y amenazar con daños irreparables para la economía puertorriqueña”.

El martes, la JSF pidió la revisión de la decisión del Primer Circuito sin el apoyo del gobierno de Donald Trump. Hoy, la JSF anunció que han pedido al Primer Circuito extender la moratoria que se le concedió al ente fiscal y que el gobierno de estadounidense se unió a su reclamo.

Para Verrilli, quien fue procurador general bajo el gobierno de Obama, “es muy probable que el Tribunal Supremo conceda el certiorari”,  pues considera que suele hacerlo para “determinar si ciertos funcionarios han sido nombrados constitucionalmente aun en circunstancias en las que hay mucho menos en juego que en este caso”.

Como en el certiorari sometido ante el Tribunal Supremo, la JSF insiste en que sus integrantes son funcionarios “territoriales”, de acuerdo a la expresa voluntad del Congreso.

Ante el Tribunal Supremo estadounidense, la JSF ha mantenido que la ley Promesa fue la solución que creó el Congreso, a base de sus poderes plenarios sobre los territorios, para resolver la crisis financiera y de deuda pública de Puerto Rico. Incluso, ha alegado que la decisión del Primer Circuito pone en entredicho la ley que permite a los residentes de Puerto Rico elegir a su gobernador.

 “La decisión (del Primer Circuito de Apelaciones) tiene graves implicaciones, no solo para Puerto Rico y los sobre tres millones de ciudadanos estadounidenses que viven allí, pero también para la autoridad del Congreso para estructurar gobiernos territoriales”, indicó la JSF ante el Tribunal Supremo federal.


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