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Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF. (GFR Media)

Washington - La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico, dio hoy la bienvenida a la nueva ley que impone una mayor fiscalización de la Comisión de Bolsas y Valores (SEC) sobre compañías de inversiones en Puerto Rico.

"Cerrar esta brecha resultará en mayores protecciones y un mejor trato para los residentes de Puerto Rico. La Junta da la bienvenida a este cambio y agradece a la representante Nydia Velázquez por luchar incansablemente para poner fin a este trato discriminatorio hacia los puertorriqueños", indicó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

Poco antes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, convirtió hoy en ley – como parte de un proyecto que suaviza normas bancarias -, la medida que otorga mayores podres a la SEC sobre empresas de inversiones en la Isla.

La legislación persigue llenar un vacío en una ley de hace 78 años que  ha permitido a casas de inversiones en Puerto Rico ser asesores financieros del gobierno, estructurar la deuda emitida por el fisco y a su vez venderla a los fondos mutuos que administran otras filiales y o la venta directa a inversionistas locales.

Aunque la SEC ya tenía jurisdicción a los procesos de asesoría financiera y la venta de productos de inversionistas en la Isla, no tenía poder para escudriñar el funcionamiento y administración de las compañías de inversión que se gestan en la Isla, conocidos como fondos de inversión o fondos mutuos.

“Me alienta, al menos, que aprobando mi legislación, como parte de este paquete más amplio, no se le estafen sus ahorros a la gente de Puerto Rico debido a un hueco en una antigua ley federal de inversiones”, indicó esta semana la congresista Velázquez, cuando el proyecto 2155 del Senado que ha firmado hoy el presidente Trump se aprobó en la Cámara baja.

Velázquez había logrado ratificar el mismo lenguaje en 2016 y 2017, pero no conseguir armonía con un proyecto del Senado.

En la misma legislación sobre la industria de la banca se ordena a la Oficina de Contraloría General (GAO) hacer un estudio sobre las ejecuciones hipotecarias, ante el temor de que se hayan disparado tras el agravamiento de la crisis en Puerto Rico como consecuencia del huracán María. 

El estudio de la GAO sobre los casos de embargo de hipotecas y morosidad causados en Puerto Rico por el huracán María, mientras, surge de una enmienda del senador republicano Marco Rubio (Florida).

El senador Rubio ha expresado preocupación con los informes de que hasta un tercio de las hipotecas en Puerto Rico se enfrentan a embargos o están atrasadas, más del doble del promedio en EE.UU durante el pico de la crisis nacional de vivienda en 2010 ,  que ascendió a 14.4%.

Hace unos días, la Administración de Vivienda federal (FHA) prorrogó hasta el 18 de agosto la moratoria en las ejecuciones hipotecarias de sus préstamos para víctimas del huracán María.


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