Miembros de la Coalición del Sector Privado reunidos en la Casa Blanca. (Suministrada)

Washington - Representantes del sector privado de Puerto Rico se entrevistaron esta semana en Washington con funcionarios del gobierno federal en busca de espacios que permitan agilizar el desembolso y uso de los fondos federales de emergencia, y preocupados con la “lacerada imagen” del gobierno de la Isla

En medio de los ataques del gobierno de Donald Trump hacia la administración gubernamental de Puerto Rico, portavoces de la Coalición del Sector Privado que se reunieron esta semana con funcionarios del Ejecutivo y congresistas estadounidenses indicaron que han querido escuchar y conocer cómo intervenir.

Pero, al mismo tiempo, advirtieron que desde hace cinco meses esperan por una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que originalmente solicitaron para discutir el acuerdo preliminar de reestructuración (RSA) de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al cual se oponen.

“Necesitamos una mejor comunicación con el gobierno”, indicó Francisco Montalvo, coordinador de la Coalición y uno de los miembros de la delegación.

Junto a Montalvo participaron de las reuniones el presidente de la Cámara de Comercio, José Ledesma Fuentes; el representante de la Asociación de Industriales y presidente del Puerto Rican Medical Device Cluster, Carlos Rivera Vélez; y el director ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Jaime Sanabria.

Las reuniones con el Ejecutivo incluyeron a Jessie Handforth Kome, del Departamento de la Vivienda federal (HUD); Gary Grippo, del Departamento del Tesoro; y funcionarios del equipo de política pública de la Casa Blanca.

En el Senado, se entrevistaron con republicanos como Rick Scott (Florida), Tim Scott (Carolina del Sur), Roger Wicker (Misisipi) y Pat Toomey (Pensilvania), el demócrata Ron Wyden (Oregón), y un asesor del demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey).

En la Cámara baja, entre otros, vieron a los demócratas boricuas Nydia Velázquez (Nueva York), y José Serrano (Nueva York), al republicano Mario Díaz Balart (Florida), la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y funcionarios de comités claves.

Con respecto a HUD, las preguntas incluyeron tratar de entender por qué el retraso en el desembolso de los fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), y la lentitud con la que el gobierno ha utilizado la primera partida de $1,507 millones que tiene disponible desde hace un año.

“Queremos conocer cuáles son las barreras que impiden adelantar los procesos”, dijo Sanabria, quien indicó que HUD atribuye el lento uso en los fondos CDBG-DR a “la falta de contratistas” que cualifiquen para cumplir con los requisitos de su departamento.

Con respecto al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, que hasta diciembre pasado solo había utilizado $10.8 millones de los fondos CDBG-DR, HUD les indicó además que esa oficina del gobierno de la Isla “todavía está en un proceso de aprendizaje y crecimiento”.

Por meses, HUD ha indicado que al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, que recibirá unos $20,500 millones en fondos CDBG-DR autorizados tras el huracán María, se la ha hecho cuesta arribar crear la capacidad administrativa para manejar esa cantidad de fondos.

La Coalición del Sector Privado respaldó la legislación demócrata que debe aprobar hoy la Cámara de Representantes de EE.UU. para asignar principalmente a Puerto Rico unos $4,670 millones en fondos de asistencia a la isla, tras los terremotos de principios de año.

A los miembros del Congreso, les han pedido mayor fiscalización. “Hemos solicitado que estén más activos en la supervisión”, sostuvo Ledesma Fuentes, al mencionar, por ejemplo, a los funcionarios del Comité de Recursos Naturales, que tiene principal jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico.

Rivera Vélez, ex presidente de la Asociación de Industriales, sostuvo que – como ocurrió esta semana, cuando también estuvo en Washington la gobernadora Vázquez Garced-, todo “el mundo viene por su lado”.

En anteriores gobiernos, en momentos de urgencia, recordó, se crearon coaliciones y frentes comunes entre el gobierno y la industria privada. “Puerto Rico no va para ningún lado si seguimos así”, sostuvo.

Una de las recomendaciones que le quisieran hacer a la gobernadora es la importancia de restablecer el Consejo Asesor Económico, con la participación de diversos sectores y con la idea de que pueda funcionar independientemente del ciclo electoral.

La reunión que la Coalición del Sector Privado solicitó a la gobernadora en septiembre de 2019 tenía el principal propósito de pedirle que se renegocie el acuerdo preliminar de reestructuración de la deuda (RSA), por entender que provocará aumentos en las tarifas y provocará un mayor desempleo.

Ahora que Vázquez Garced ha dicho con claridad que quiere que se revise el RSA, consideran que un encuentro oficial con la gobernadora es aún más importante. “Seguiremos insistiendo con eso”, indicó Ledesma Fuentes.


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