Nueva York - A punto de cerrar sus trabajos previo a las elecciones legislativas de noviembre, la Cámara de Representantesde Estados Unidos encaminó iniciativas que reclaman información sobre la limpieza y descontaminación de los antiguos terrenos militares en Vieques y Culebra, y reforman áreas referentes a programas para atender desastres naturales.
Aunque el liderato republicano cameral no lo ha reconocido aún públicamente, la Cámara baja se prepara para recesar sus trabajos mañana, lo que deja para después de las elecciones legislativas de noviembre decisiones como la celebración de alguna audiencia en torno al status político de Puerto Rico y la propuesta que persigue prohibir las peleas de gallos en la Isla.
El nuevo reclamo al Pentágono para que informe cómo marchan los trabajos de limpieza y descontaminación de los antiguos terrenos militares en Vieques y Culebra está incluido en el proyecto de asignaciones que incluye el presupuesto 2019 del Departamento de Defensa, previamente probado en el Senado federal.
De acuerdo al lenguaje impulsado por la comisionada Jenniffer González y el congresista demócrata José Serrano, el Secretario del Ejército y el Secretario de Marina deberán presentar un informe a los comités de Defensa del Congreso, no más tarde de 90 días después de la promulgación de esta Ley, sobre los trabajos de descontaminación y los planes aplicables a Culebra y Vieques, con énfasis particular en la descontaminación de la península de Culebra.
“Es importante incluir ese lenguaje, para saber por dónde van los trabajos. La última vez que hablamos de eso (con el Pentágono) fue en septiembre de 2017”, indicó González.
La comisionada González, mientras, dijo que ese lenguaje está en el mismo proyecto que reautoriza el funcionamiento de la Administración Federal deAviación (FAA) se incluyeron cambios en programas de FEMA para atender desastres.
Entre los cambios está un lenguaje que exige reconstruir a base de códigos modernos y resistentes los edificios públicos o dedicados a asuntos sin fines de lucro que reciban asistencia después de un desastre natural ocurrido después del 1 de agosto de 2017, como el huracán María.
Según la comisionada, la legislación también autoriza que gobiernos estatales y locales utilicen fondos de asistencia federal general para la administración y el cumplimiento de los códigos de construcción y las ordenanzas sobre zonas inundables.
Mientras, dijo que los fondos de ajuste económico del Departamento de Comercio podrían utilizarse para la mitigación de desastres.
La Cámara baja también dio paso a una propuesta del republicano Garret Graves (Luisiana) que permitirá a damnificados recibir duplicidad de beneficios de asistencia por desastre, siempre que no derive en “desperdicio, fraude o abuso”.
La legislación autoriza, según la comisionada, que si un gobierno estatal o local o una organización sin fines de lucro determina que no sería de interés público restaurar o reemplazar una instalación dañada, pueda usar el financiamiento federal para reparar o ampliar otra estructura.
Bajo las normas actuales, solo una parte de los fondos de reparación o reemplazo se puede usar para un fin alternativo, indicó González.
Los cambios propuestos incluyen que la asistencia financiera para viviendas de alquiler temporero, cuidado de salud, gastos dentales, cuidado infantil, funerales, propiedad personal y transporte puedan excluirse de un límite de $25,000 en la ayuda financiera que un hogar individual puede recibir.
Otro cambio permite que los residentes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes puedan tener acceso a asistencia por desempleo durante todo un año, el doble que el actual período de elegibilidad, después de las declaraciones de desastre de los huracanes Irma y María.
Las nuevas exigencias acentúan que la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) deberá orientar y capacitar anualmente a los gobiernos estatales y locales, los oficiales de respuesta y las compañías de servicios públicos sobre cómo garantizar que los hospitales y hogares de ancianos tengan un suministro de energía adecuado en caso de desastre y sobre el almacenamiento de materiales peligrosos durante las emergencias.
La comisionada dijo que los cambios también obligan a FEMA, en coordinación con la Administración Federal de Carreteras, a desarrollar una guía sobre la selección, el diseño y el mantenimiento de las rutas de evacuación y proporcionar orientación sobre la reparación de carreteras inundadas.
Además, deberá ofrecer asistencia a las asociaciones comunitarias, como las juntas de condominios, sobre la solicitud de asistencia por desastre.
Previamente, se había informado que la legislación ordena al inspector general del Departamento de Seguridad Interna a auditar contratos adjudicados por FEMA para toldos en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes después de los huracanes Irma y María.
También se había indicado que el proyecto de reautorización de la ley sobre la FAA ordena a FEMA encomendar a la Academia Nacional de Medicina un estudio sobre las mejores prácticas para llevar a cabo el conteo de muertes en casos de grandes desastres naturales.
La legislación contiene, además, medidas que impulsan estudios federales sobre la creación en Puerto Rico de un centro internacional para el transporte de carga aérea hacia o desde Estados Unidos, y en torno al tráfico de drogas en la zona marítima cercana a la Isla.
Ambas medidas de la comisionada González fueron aprobadas en la Cámara baja, pero ahora se incluyeron en el proyecto que regula el funcionamiento de la FAA como parte de un acuerdo con el liderato del Senado que facilitará que se conviertan en ley.
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