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En la foto, Ricardo Rosselló. (GFR Media)

Washington - El gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha pedido un turno para declarar el 5 de octubre en la audiencia en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinará dos querellas de sectores estadistas que denuncian que la ausencia del derecho al voto por el presidente de EE.UU. y a elegir congresistas representa una violación de los derechos humanos y civiles de los residentes de Puerto Rico.

Rosselló Nevares envió hoy una carta a los siete miembros de la CIDH para que se le concedan 20 minutos – independientes al tiempo concedido a los querellantes-, para exponer sus argumentos en contra del gobierno de Estados Unidos.

“Estamos totalmente de acuerdo con los peticionarios en que (la ausencia de participación en la formación del gobierno federal) representa una grave violación de los derechos humanos por parte de los Estados Unidos en contravención de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, indicó Rosselló.

El gobernador refirió también copia de la carta que le envió esta semana al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le cuestiona que el Departamento de Estado haya argumentado ante la CIDH que los que quieran participar ahora en el colegio electoral estadounidense tienen la opción de mudarse a Estados Unidos desconociera el plebiscito de 2012 como una victoria para la estadidad, como ha argumentado el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Como parte de la revisión de querellas presentadas hace 12 años por el abogado Gregorio Igartúa y el exgobernador Pedro Rosselló González, padre del actual gobernador, la CIDH convocó para el 5 de octubre, en la Universidad de Colorado, en Boulder, la audiencia pública en la que escucharán a los peticionarios y al gobierno de Estados Unidos. 

En una carta del 28 de junio y a nombre del gobierno de Donald Trump, el representante alterno de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Kevin Sullivan, pidió a la CIDH desestimar las querellas y utiliza como defensa la alegación de que Puerto Rico tiene “un abarcador” gobierno propio, se participa en las primarias presidenciales estadounidenses, y se envía un representante a la Cámara baja federal sin derecho al voto en el hemiciclo.

También sostiene que el gobierno de Puerto Rico, como tiene la intención del gobernador Rosselló González, puede organizar una consulta simbólica en la isla cada cuatro años para medir qué piensan los puertorriqueños de la isla sobre los candidatos a la presidencia.  

Pero, también le dice a los estadistas que, si quieren participar a corto plazo del colegio electoral estadounidense, tienen la opción de mudarse a Estados Unidos.

En la carta a la CIDH, el gobernador Rosselló Nevares elogia, por lo menos, que la carta de Sullivan reconozca que la estadidad ganó el plebiscito de 2017, en una consulta en que esa alternativa – en medio de un boicot de los partidos de oposición y con solo el 23% de participación-, obtuvo el 97% de los votos.

También destaca que Sullivan afirme que en el pasado los demás territorios – que no estaban bajo la categoría de no incorporados-, han obtenido la estadidad. Sullivan dijo en su argumentación que el proceso político de petición de estadidad para la Isla está en marcha, pero no puede predecir cuál será el resultado.

El abogado del exgobernador Rosselló González, Orlando Vidal, envió otra carta a la CIDH para dar a conocer la misiva del gobernador Rosselló Nevares y dar a conocer el listado de 13 delegados que llevarán a la audiencia, que incluirá a los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz,  y de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y el secretario de Estado, Luis Rivera Marín.


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