Washington - El Tribunal Supremo de Estados Unidos derribó este lunes una ley que habría minimizado el acceso al aborto en Louisiana, en un duro golpe a la campaña de múltiples estados conservadores de ese país para restringir al máximo ese procedimiento médico que es legal en esa nación desde hace casi medio siglo.
La decisión fue la primera relacionada con el aborto en el Supremo desde que se sumaron a la corte dos jueces conservadores que el presidente Donald Trump seleccionó en buena parte debido a su oposición a ese derecho reproductivo, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.
Aunque ambos votaron a favor de la ley de Louisiana, se quedaron en minoría porque el presidente del Supremo, el magistrado de tendencia conservadora John Roberts, se sumó a los cuatro jueces progresistas para declarar inválida esa legislación.
“La ley 620 viola la Constitución”, proclamó el magistrado progresista Stephen Breyer en el fallo, adoptado por una estrecha mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra.
El veredicto significa que “las clínicas de Louisiana pueden seguir abiertas para dar servicio al millón de mujeres en edad reproductiva en el estado”, afirmó en un comunicado la presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR, en sus siglas en inglés), Nancy Northup, que defendió a uno de los centros médicos del estado en el litigio.
Si el Supremo hubiera dejado en pie la ley, dos de las tres clínicas que aún practican abortos en Louisiana se habrían visto obligadas a cerrar, y “solo quedaría una, con un único médico”, para atender a las mujeres del estado, explicó Northup durante una entrevista con Efe en abril.
La ley 620 de Louisiana, aprobada en 2014, exigía que los médicos que practican abortos en el estado tuvieran derechos de admisión en un hospital dentro de un radio de unos 48 kilómetros (30 millas) desde la clínica donde se llevara a cabo el procedimiento.
Los defensores del derecho al aborto denunciaron la ley como un intento de “cerrar las clínicas”, porque esos derechos de admisión son muy complicados de conseguir y, a su juicio, innecesarios en el caso de un procedimiento tan seguro en términos médicos como la interrupción del embarazo.
A favor de esos activistas -y de una clínica de Louisiana que presentó la demanda en nombre de sus pacientes- jugó el hecho de que el Supremo ya examinó en 2016 una ley prácticamente idéntica, que en ese caso trataba de limitar el acceso al aborto en Texas, y la declaró inconstitucional.
El Supremo declaró entonces que imponer “regulaciones de salud innecesarias con el objetivo o efecto de presentar un obstáculo sustancial para una mujer que quiera abortar” supone “una carga indebida” para el derecho a interrumpir el embarazo.
En los últimos años, numerosos estados conservadores del país han aprobado leyes que restringen sustancialmente el acceso al aborto, con el objetivo declarado de forzar al Tribunal Supremo a replantearse la decisión que en 1973 legalizó la interrupción del embarazo en el país.
El Partido Republicano -y en particular su amplia base de cristianos evangélicos blancos y conservadores- ha convertido la oposición al aborto en una bandera electoral importante para Trump.
