La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, sostuvo que el presupuesto recomendado por la legislatura asegurará la prestación de servicios públicos a pesar del impacto del coronavirus en el erario.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

A partir de mediados de diciembre la gran mayoría de las compras de las agencias gubernamentales serán canalizadas a través de la Administración de Servicios Generales (ASG), ente que hoy promulgó el nuevo reglamento que regirá la compra de todos los bienes y servicios que adquiere el gobierno con los fondos de los contribuyentes.

La expectativa, según la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, es que con estos cambios no se repitan, por ejemplo, los procesos improvisados o las irregularidades en las compras de emergencia, como las suscitadas con la adquisición, a sobreprecio, de las pruebas diagnósticas de COVID-19 durante los primeros meses de la pandemia.

Jaresko indicó que aun cuando han revisado la documentación de estas compras todavía no se puede determinar exactamente qué fue lo que pasó, quien ordenó la compra y quien la autorizó.

Del mismo modo, aseguró Jaresko, el gobierno podrá generar ahorros con la iniciativa ya que, al centralizar las compras, las transacciones serán por un volumen más alto de artículos o servicios, lo que les permite negociar con los suplidores mejores precios.

“Este no es un reglamento más. Es el instrumento que nos permitirá generarle al fisco ahorros significativos y una mayor eficiencia”, dijo, por su parte, Karla Mercado Rivera, administradora de ASG.

“La forma en que compran y pagan por servicios en el pasado han abierto la puerta a conflictos de interés y cuestionamientos... Antes el proceso era opaco y sin controles suficientes”, dijo, por su parte, Jaresko, quien resaltó que en la planificación fiscal de Puerto Rico se proyectan ahorros en casi todas las agencias por este cambio en el proceso de compras.

No se precisó cuánto dinero en compras de bienes y servicios estará procesando la ASG. Las únicas dependencias excluidas del proceso son aquellas que operan con independencia fiscal como la Oficina del Contralor o la de Ética Gubernamental. El resto de las dependencias de la Rama Ejecutiva tendrá que adherirse a este nuevo proceso regulatorio, explicó Mercado Rivera.

La jefa de ASG indicó que se estima que los ahorros podrían ser en el orden de los miles de millones al cabo de algunos años. Dijo que algunos cambios ya impuestos han generado ahorros en el orden de los $20 millones anuales.

El proceso requerirá una detallada planificación de las agencias que tendrán que pedir con 60 días de anticipación cualquier artículo que necesiten comprar para sus operaciones ordinarias. Las compras de emergencia, según Jaresko, tendrán una mejor reglamentación y requerirán una documentación detallada y diversas autorizaciones que buscan evitar irregularidades o conflictos.

“Mira los contratos del COVID-19. De esos nadie puede decir quién ordenó o quién los aprobó. El proceso se perdió en una serie de mensajes difíciles de revisar y auditar… Eso va a cambiar con el nuevo proceso”, dijo la directora ejecutiva de la JSF, quien dijo que participó activamente del proceso reglamentario en la ASG para asegurar que se integraran las “mejores prácticas” en las compras gubernamentales.

La reforma de las compras gubernamentales es uno de los proyectos contenidos en los planes fiscales y la JSF tenía que aprobar el nuevo Reglamento Uniforme para Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales.

Mercado Rivera indicó que próximamente van a encaminar un proceso de solicitud de propuestas para mejorar el registro único de licitadores del gobierno.

Jaresko, por su parte, afirmó que la JSF no supervisará las operaciones diarias de la ASG, aunque, de ordinario, el organismo fiscal revisa todos los contratos que sobrepasan los $10 millones.

El nuevo método de llevar a cabo las compras en el gobierno fue avalado por la Legislatura con la Ley 73-2019.