El gobernador Pedro Pierluisi creó mediante orden ejecutiva un comité con la intención de analizar el contrató que el gobierno concendió a Luma Energy para la transmisión y distribución de energía eléctrica y enmendarlo “si fuera necesario”.

La orden establece que el comité es necesario para asegurarse de que el contrato entre la empresa, entre la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy no representa un aumento en la tarifa de energía eléctrica y que no desemboque en el despido o eliminación de beneficios de los empleados de la corporación pública. El contrato está valorado en unos $1,500 millones y se extenderá por 15 años.

“Estas fueron las preocupaciones que había levantado públicamente en cuanto al contrato de LUMA Energy. Es importante que todos estos puntos sean atendidos, y que si no se cumple con algunos de ellos, se hagan las recomendaciones necesarias para enmendarlo si fuera necesario. Estoy a favor de la transformación energética y de que Puerto Rico tenga un sistema eléctrico resiliente y confiable, y al mismo tiempo tenemos que salvaguardar los derechos laborales de nuestros servidores públicos y asegurarnos de que mejore el servicio energético y su costo sea justo y razonable para todos”, sostuvo el gobernador en un comunicado de prensa.

El comité también perseguirá que se hagan las aportaciones necesarias al Sistema de Retiro de Empleados de la AEE para los empleados que se transfieran a LUMA y decidan continuar cotizando bajo ese Sistema y que existan medidas que eviten conflictos de intereses en la otorgación de contratos.

De acuerdo con el comunicado, el presidente del grupo será el secretario de Estado, Larry Seilhamer, y estará compuesto por el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Omar Marrerol; el director Ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés; el director ejecutivo de la AEE, Efran Paredes; el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Manuel Laboy; el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago; y el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez.

Organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) han solicitado al gobernador que cancele el contrato. Entre otras cosas, el sindicato establece que el costo de la luz aumentará y los beneficios de los empleados están en riesgo.