Un informe publicado hoy por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) halló múltiples deficiencias en las facturas pagadas por ese cuerpo legislativo por contratos de servicios profesionales y consultivos, entre ellas que se pagaron facturas cuyos informes de labores no tenían una descripción detallada de los servicios ofrecidos por los contratistas.

Además, el informe señala que la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado en San Juan y Mayagüez mantuvo bajo contrato a tres personas, por $144,000 entre enero de 2017 y diciembre de 2018, para realizar funciones que ya eran prestadas por empleados de ese cuerpo legislativo.

La auditoría cubrió el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018. No obstante, los hallazgos relacionados con la Oficina de Asuntos Gubernamentales son exclusivos de este cuatrienio porque ese ente no existía durante el cuatrienio pasado.

Entre enero de 2013 a diciembre de 2018, el Senado otorgó 1,899 contratos y 604 enmiendas por $42.4 millones, detalla el informe de la OCPR.

Asimismo, la auditoría encontró que, de los informes de las labores realizadas por los contratistas en 94 de las facturas pagadas por el Senado, el 47% no contenía “una descripción detallada ni específica de los servicios ofrecidos”.

Es más, en tres de los contratos evaluados por los auditores “no se pudieron identificar en las facturas actividades relacionadas con 70 casos asignados a estos contratistas”.

Los servicios ofrecidos en los contratos y facturas evaluadas por los auditores estaban relacionados con asesoría administrativa, asesoría en comunicaciones, relacionistas públicos, asesoría en asuntos laborales y administrativos, coordinación de servicios intergubernamentales, asesoría en asuntos federales, y coordinación de enlace comunitario.

Según el informe de auditoría, estas situaciones “impiden la verificación, en todos sus detalles, de la corrección de los desembolsos realizados a los contratistas y puede propiciar la comisión de errores e irregularidades en dichas operaciones”.

De las facturas pagadas y evaluadas por los auditores del Contralor, en el 23% de ellas no se pudo localizar documento alguno relacionado con los trabajos realizados por los contratistas ni el Senado pudo proveer evidencia.

En su contestación a la OCPR, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, señaló que “se impartieron instrucciones y tomaron las medidas necesarias” para que se ejerza una supervisión eficaz en el área de preintervención, “de modo que estos se aseguren que las facturas y demás justificantes tengan toda la información requerida antes de que se procesen los pagos relacionados con los servicios prestados por los contratistas”.

Específicamente, sobre facturas relacionadas con la Oficina de Asuntos Gubernamentales, los auditores encontraron que en cinco facturas entregadas y pagadas a tres coordinadores intergubernamentales ni siquiera se sometieron los informes de los casos que supuestamente atendieron.

La Oficina de Asuntos Gubernamentales era dirigida para ese entonces por Ángel Figueroa Cruz, quien en octubre de 2019 se declaró culpable de participar en un esquema de fraude que consistió en certificar como correctas facturas de contratistas que, en realidad, no prestaron los servicios cobrados.

Servicios innecesarios

Además, el informe concluye que los acuerdos con tres contratistas por $144,000 en las oficinas de San Juan y Mayagüez por servicios que ya son prestados por empleados del senado propició un desembolsó de fondos “que limitó los recursos del Senado para utilizarlos en otros servicios esenciales”

La OCPR no indica quiénes son esos contratistas cuyos servicios fueron presuntamente innecesarios. No obstante, señala que uno de esos contratos se firmó el 11 de julio de 2017 y los otros dos el día 12 de ese mes.

Según el registro de contratos del Contralor, el 11 de julio de 2017 se firmaron siete contratos a coordinadores intergubernamentales. Estos fueron otorgados a: GPA Consulting de Christian X. Martínez, Carlos Cerezo Santiago, Aurelio González, Edgar Vázquez Colón, Fernando Guilloty Miranda, Manuel de Jesús Vélez Segarra y Roberto Mejill Ortiz.

En tanto, el 12 de julio se firmaron nueve contratos para prestar servicios de coordinadores interagenciales a New Idea Corp. del exrepresentante Rolando Crespo, Antonio Meléndez Vargas y Nancy Malavé Toro, esposa del exrepresentante Samuel Pagán. Según el registro, ese día también se otorgaron contratos a José Santana Orellano, Arturo del Valle Vélez, Heriberto Pérez Martínez, Javier Vélez Montijo, Abraham Valentín Aquino y a Nitza Suárez Rodríguez, madre del representante Jorge Navarro.

Una investigación de El Nuevo Día sobre la operación y contratación en la Oficina de Asuntos Gubernamentales mostró que mientras las oficinas de los senadores y sus comisiones habían perdido presupuesto, la Oficina de Asuntos Gubernamentales mantenía una nómina de 63 empleados y que hasta junio de 2018 había firmado más de $1 millón en contratos por servicios.

La oficina principal se encuentra en el Capitolio. No obstante, tiene otros cinco despachos distribuidos en Camuy, Cabo Rojo, Mayagüez, Guánica y Ponce.

La explicación oficial sobre la existencia de esta oficina es que pretende ser un enlace entre el Senado y la población y que por eso procura canalizar solicitudes de servicio de residentes de la isla, a través de las agencias gubernamentales o entidades del sector privado.