Parte de los manifestantes que participan de  la marcha en defensa de la Universidad de Puerto Rico.
Parte de los manifestantes que participan de la marcha en defensa de la Universidad de Puerto Rico. (David Villafañe Ramos)

Decenas de manifestantes abarrotaron esta tarde la Plaza de la Democracia, frente al Capitolio para denunciar el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico (UPR), a manos de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que, según entrevistados, parecería haberse ensañado con el primer centro docente del país.

El grupo marchó desde el Capitolio en dirección a La Fortaleza, en el Viejo San Juan. El evento fue convocado por la Asociación de Profesores Universitarios (APPU), la Hermandad de Empleados No Docentes (HEEND) y grupos estudiantiles y los presentes partieron rumbo a La Fortaleza a las 4:00 p.m.

Brenda Ferrer es una de esas estudiantes y preside el Consejo General de Estudiantes del Recinto de Aguadilla.

“La UPR está enfrentando varias amenazas, entre ellas que nuestro presupuesto que cada vez lo recortan más. La universidad del país ya no es accesible y lamentablemente son bien pocas las personas que pueden estudiar. Antes la UPR simbolizaba la primera oportunidad para muchas primeras generaciones y con todo lo que está pasando nos podemos quedar sin profesores, sin estudiantes y sin universidad”, dijo Ferrer.

La estudiante señaló que todavía hay tiempo para que la JSF recapacite y de alguna manera enmiende su plan fiscal. A esos fines, el sector estudiantil se ha reunido con representantes del ente fiscal, como ocurrió recientemente con los consejos generales de Cayey y Carolina, y Aguadilla tiene nueva reunión el 21 de junio.

“Queremos hablar cosas más centradas en los recintos, pero quienes tienen que dar la batalla es la administración y de ellos no salen cartas y no participan en reuniones”, dijo Ferrer.

Mientras se hacían reclamos frente al Capitolio, dentro del recinto continúa la discusión del Proyecto del Senado 172, que crear una nueva Ley Universitaria. Entre otras cosas, la nueva ley propuesta declara a la UPR un servicio esencial y le devuelve la fórmula original para calcular su presupuesto.

La administración de la UPR se opone a la medida al argumentar, en esencia, que trastoca la gobernanza en el centro docente, haciéndolo ingobernable.

Ángel Rodríguez, presidente de la APPU, indicó que es esencial que se continúe ejerciendo presión pública para rechazar el recorte de los $94 millones para el próximo año fiscal y advirtió que la asignación de $94 millones a través de fondos de la Ley ARP a la UPR, anuncio hecho el pasado lunes por el gobernador Pedro Pierluisi, no resuelve el problema ya que se trata de dinero restricto y no recurrente.

“Se tienen que usar para cosas específicas, así que eso no llega a los recintos universitarios. los que enfrentan la posibilidad de quedar inoperantes, no les resuelve nada”, afirmó.

Rodríguez indicó que la actitud de desafío a la JSF continuará. “Siempre vamos a estar exigiendo que la universidad se constituya como un servicio esencial. No podemos aceptar lo contrario de manera pasiva”.

“Nos pueden derrotar, pero peleando, no por pasividad”, señaló Rodríguez.

Hoy, precisamente, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó una versión enmendada del presupuesto del Gobierno Central que le asigna $162 millones al Fondo Dotal. Rodríguez indicó el problema de la asignación, que parte será utilizado para un fondo de becas y para un fondo de infraestructura podría sonar positivo, es que no se trata de dinero adicional si se toma en consideración que el costo del crédito ha aumentado también.

“Es un paliativo”, señaló Rodríguez.

Sonia Bartolomei Suárez, presidenta de la capítulo de la APPU en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), sostuvo que la universidad “es la mejor inversión que puede hacer un pueblo en su país” y que esa realidad, que se combina con el hecho de que la UPR se convirtió en una herramienta de desarrollo económico y de desarrollo de conocimiento, significa que la institución debe ser defendida, independientemente de la actitud que asuman sus líderes.

“Formamos gente que piensa y ellos en la JSF no les gusta. No quieren que desarrollemos el conocimiento y que eduquemos a la gente. Si la gente se educa, se va a defender y por eso la JSF la tiene contra la universidad”, dijo.

“Si la UPR fuera designada como un servicio esencial, nos sacan de la Ley Promesa y nos tienen que lo que dispone la ley”, agregó.

Stephanie Boggiano, estudiante de tercer año de Ciencia Animal y Pre-Veterinaria en el RUM, explicó que se dirigió al Capitolio hoy decidida en defender su alma máter.

“La universidad se está cayendo y está en nosotros los jóvenes y en los profesores recogerla. Es imposible el dinero ques se le quiere quitar y es muy triste. A nosotros nos faltan muchos años y a mis hijos les faltan muchos años (para entrar a la universidad) y la universidad no se nos puede caer de las manos”, dijo Boggiano. “Puede ser que la JSF la haya cogido con todo el mundo, pero la universidad es muy importante y no podemos tener un pueblo sin estudios y eso es lo que está creando la JSF”.

“El Gobierno no quiere un pueblo educado”, insistió.

José Torres, vicepresidente de la HEEND, señaló que marcha hoy para enviarle un mensaje al Gobierno de que la UPR es un proyecto que se tiene que defender “y es el proyecto de mayor beneficio para la juventud y para el país”.

“La JSF lo que tiene es un asunto ideológico en contra de la universidad. Lo que pretenden es convertir a la UPR es una universidad más con una mentalidad de economistas, de empresarios cuando la UPR no es ese proyecto. La UPR es un proyecto social, un proyecto de enseñar a pensar a la gente. El plan de la JSF es aniquilar a la universidad y busca que los costos sean para gente que la pueda pagar y no para gente de las estratas más bajas en el país. La JSF llegó al país a cobrar, pero es un proyecto neoliberal y un proyecto en el cual las estratas superiores no les interesan las de abajo”.

Julio Álvarez Rivera, ministro pentecostal, acusó a la JSF de ser una “juntilla criminal y fascista”.

“Tengo el valor de decirlo y no importa”, señaló. “Hay un programa neoliberal y una ideología en que los servicios públicos tienen que privatizarse porque el Gobierno no le debe servir al pueblo, no importa la cantidad de impuestos que paguemos. Una ideología neoliberal, de capitalismo salvaje, todo para los ricos y nada para los pobres”.

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