Hemiciclo de la Cámara de Representantes. (Ramón “Tonito” Zayas)

La Cámara de Representantes aprobó esta tarde dos proyectos de ley que, según el representante popular Jesús Santa Rodríguez, buscan reclamar poderes perdidos por la Legislatura el pasado cuatrienio.

Una tercera medida, el Proyecto de la Cámara 427, revierte el efecto de la Ley 173-2020 y permite a los legisladores “discriminar positivamente”, según Santa Rodríguez, para beneficiar a municipios que enfrentan mayor necesidad en la repartición del Fondo de Mejoras Municipales.

Con la Ley 173-2020, cuyo proyecto fue aprobado a toda prisa en diciembre, se obligó a la Legislatura a repartir el citado fondo de manera equitativa, cuando en el pasado la Legislatura ha podido discriminar para beneficiar ciertas comunidades desventajadas.

“Eran tan y tan bueno (el proyecto aprobado en diciembre) que aparece radicado un 17 de diciembre del 2020 y se aprueba por la Cámara, por descargue, sin informe de comisión un 21 de diciembre. Del arranque, la intención, el propósito de ser equitativo no era justo”, dijo Santa Rodríguez.

Hoy también se dio paso al Proyecto de la Cámara 499 que busca obligar al gobernador a presentar a los cuerpos legislativos en o antes del 15 de abril de cada año el presupuesto para el próximo año fiscal. La medida le concede al primer ejecutivo una prórroga de 15 días, pero obliga a los directivos del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a presentar un informe detallado de las proyecciones de ingresos y gastos del próximo año fiscal cinco días luego de entregado el presupuesto.

En los pasados años el Ejecutivo, mayormente por discrepancia con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ha presentado los presupuestos a la Legislatura entre mayo y junio, limitando su tiempo de evaluación. El año pasado fue radicado el 22 de junio.

El cuerpo legislativo también aprobó el Proyecto de la Cámara 500, que busca garantizarle a la Legislatura su participación en futuros planes fiscales. Actualmente la Legislatura juega un papel de espectador en el proceso, según los populares.

El PC 500 enmienda La Ley 2-2017 para que el quinto día laborable de cada mes la OGP, con asistencia de la Aafaf y el Departamento de Hacienda, presente a la Legislatura un informe que detalle las transferencias o traspasos de fondos efectuadas entre agencias, dependencias o instrumentalidades del gobierno. Entre otras cosas, el informe deberá detallar la agencia que origina y la agencia a la que se destina cualquier transferencia de fondos y una explicación de las razones para la transacción. El proyecto le reconoce a la Legislatura el poder de objetar estas transferencias.

“La autoridad (Aafaf) no podrá disponer de partidas no utilizadas del presupuesto hasta tanto la objeción no sea discutida y resuelta”, lee el proyecto, que no define ese proceso propuesto de deliberación.

La medida también pretende obligar al Ejecutivo a notificar y consultar a la Legislatura sobre cualquier proyección de recaudos notificada a la JSF, cualquier notificación de incumplimiento presentada por el ente fiscal “de forma que la Rama Legislativa forme parte de cualquier discusión dirigida a la creación de cualquier presupuesto… o Plan Fiscal, ajustados o no, previo a que el gobernador notifique cualquier propuesta a dicha JSF”, lee el proyecto. Además, el proyecto obliga al Ejecutivo a cualquier reasignación de fondos.

Asimismo, el PC-500 elimina de la Ley 3-2017 todo el lenguaje que alude a la congelación hasta el 2021 de los presupuestos de la Asamblea Legislativa, la Oficina del Contralor, el Procurador del Ciudadano y la Comisión de Derechos Civiles. Desde la aprobación de la ley la JSF se ha encargado de recortar consistentemente el presupuesto de la Legislatura.

El PC 500 también enmienda la llamada Ley del Nuevo Gobierno para que la Legislatura tenga participación en la confección de planes de reorganización de entidades gubernamentales. Con la Ley 122-2017 esa facultad de confección de planes de reorganización fue delegada al poder Ejecutivo y dejó en manos de la Legislatura la única facultad de aprobar o rechazar los planes en un limitado tiempo de acción.

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