El representante popular Domingo Torres presentó la medida en el hemiciclo de la Cámara. (Suministrada)

La Cámara de Representantes aprobó esta tarde a viva voz el llamado Proyecto de Retiro Digno tras un maratónico debate de casi cuatro horas en que el portavoz penepé Carlos “Johnny” Méndez Núñez anticipó que su delegación votaría para desafiar cualquier veto del gobernador Pedro Pierluisi.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), específicamente su directora ejecutiva Natalie Jaresko, ha indicado en repetidas ocasiones que la pieza legislativa (Proyecto de la Cámara 120) es contraria a la Ley Promesa y ha utilizado lenguaje agresivo contra la Legislatura y contra el poder Ejecutivo, básicamente prohibiendo la aprobación de la medida.

Pierluisi ha dicho que favorece la medida. Méndez, sin embargo, urgió a la mayoría popular en la Cámara que vaya al tribunal de ser necesario ante cualquier intento de la JSF por descarrilar la medida.’

Por disposición de la Ley Promesa, cualquier plan de ajuste fiscal que requiera legislación tendría que pasar por la Legislatura. Un recorte en las pensiones requeriría legislación.

“Cuenten con esta delegación (penepé) para defender en los tribunales que es la Asamblea Legislativa la que establece la política pública del gobierno, no la JSF y el poder burdo del Congreso sobre la colonia”, dijo Méndez al recordar que le ha enviado una carta a Pierluisi solicitándole que convierta la medida en ley si recibe el visto bueno del Senado

“Si hay algún atisbo de vetar la medida, que nos unamos todos para ir por encima del veto y retar a la JSF y hacerles ver que esta es la Asamblea Legislativa donde se mantiene y se impone la política pública del gobierno”, dijo Méndez.

La autora del Proyecto de la Cámara 120, Lourdes Ramos Rivera, también lanzó críticas a la JSF hoy en el debate.

“No podemos responder a las amenazas de la JSF que está gastando nuestro dinero. La JSF es producto del pago de contribuciones y yo también pago contribuciones”, dijo Ramos Rivera. “Aquí no hay un solo jubilado millonario”.

El representante penepé José Enrique Meléndez reconoció que el proyecto será impugnado por la JSF en los tribunales.

“Que demuestre su capacidad y compromiso con Puerto Rico buscando recortar chavos en otro lugar. ¿Por qué hay que insistir en meterle la mano en el bolsillo a los retirados?”, dijo Meléndez. “Este es el mensaje más claro a la jueza Laura Taylor Swain de que no se vistan, que no van”.

Hoy también se aprobó a viva voz el Proyecto de la Cámara 523, una medida alterna al de Retiro Digno, aunque mantiene ciertos aspectos de la legislación objetada por el ente fiscal como la oposición a recortes en las pensiones. La medida persigue dos cosas: establece una política pública de cero recortes a las pensiones y le daría legitimidad a cada pensionado de poder retar en los tribunales cualquier recorte.

Por un lado, el PC 120 proyecto propone una política pública de cero recortes a las pensiones presentes y futuras, ordena el regreso al antiguo sistema de pensiones de beneficios definidos y crea un fideicomiso especial desde donde se manejarían las pensiones de los empleados de Poder Judicial, el gobierno central y los maestros. Ese fideicomiso se nutriría del ahorro generado por lo pagos que no se harían a ciertos bonos impugnados por la JSF.

El PC 120, la pieza legislativa, con cambios mínimos discutidos la semana pasada en una vista pública de enmiendas, ha sido impulsado por sindicatos y grupos como Construyamos un Nuevo Acuerdo, cuyos representantes, de tiempo en tiempo, han visitado el Capitolio para gestiones de cabildeo y hasta para instalar un campamento frente a la plazoleta del área norte.

La apuesta de los propulsores de la medida es que la jueza Laura Taylor Swain anulará $8,000 millones en bonos de la Administración de Sistemas de Retiro, $16,500 millones en fondos de Obligaciones Generales y $3,800 millones en bonos de la Autoridad de Edificios Públicos que han sido impugnados.

Los pagos a los pensionados serían gestionados a través del Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro, que agruparía a pensionados del magisterio, el gobierno central y los empleados de la rama judicial.

Esta tarde el representante popular Domingo Torres, como presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistema de Retiro en la Cámara, presentó la medida en el hemiciclo e insistió en que los legisladores “no podemos fallarles y no nos podemos fallarnos nosotros mismos”.

“La estrechez económica no puede ser acosta de los que sudaron la patria”, dijo. “Si entregamos a los pensionados a las políticas de austeridad de la Junta de Supervisión Fiscal estaríamos validando más recortes y abriendo la llave a la migración”.

El legislador novato recordó que las pensiones del gobierno no son ajustadas para atender el incremento en el costo de vida desde el 2007

“Son (los pensionados) un eje fundamental en la economía de Puerto Rico, pero los costos de vida siguen aumentando y las pensiones siguen sufriendo porque las pensionan no se ajustan al costo de vida”, dijo Torres. “El asunto de las pensiones es un asunto de amor, respeto y futuro. Son personas, padres, madres, abuelos y abuelas y familiares que estuvieron a entregar su energía y capacidad como servidores públicos”.

La representante por Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli insistió en que en la balanza se ha colocado “una política para la vida o una política para la muerte”.

“La política para la vida nos obliga a decidir a favor de este proyecto. Que no haya nada de recortes de las pensiones y se establezcan los servicios esenciales. El proyecto nos da la oportunidad de reexaminar cuales el objetivo y las facultades y el propósito del gobierno y, sin duda, el gobierno se constituye para la gente y para defender a la agente”, dijo Nogales Molinelli al describir la Legislatura como “el escudo” contra la JSF.

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