El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz, se propone celebrar la semana que viene vistas públicas para que el componente de seguridad del gobierno, pero particularmente la Policía, rinda cuentas sobre los esfuerzos realizados para combatir el crimen, incluyendo el esclarecimiento de delitos.

Ortiz tomó la decisión en momentos en que la criminalidad se ha disparado nuevamente, con 17 asesinatos reportados entre la madrugada del sábado y la madrugada de hoy, martes. Hasta el momento han sido pocos los movimientos en la Legislatura dirigidos a forzar a la Policía a rendir cuentas sobre su labor.

“Quiero tener en vista pública al componente de seguridad. Que hablen específicamente de los planes que tienen, salvo lo que no se pueda divulgar, y enfocándonos en el esclarecimiento de los casos”, dijo Ortiz a El Nuevo Día.

El legislador espera la participación del Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Policía, el Instituto de Ciencias Forenses, el Departamento de Justicia y la Oficina de la Administración de los tribunales,

Ortiz quiere atender, por ejemplo, las diferencias en torno a lo que Justicia y la Policía consideran un delito esclarecido, tomando en cuenta la figura del caso esclarecido de manera “extraordinaria”. Igualmente cómo está la carga de cada agente de homicidios y si es similar a lo que encontró en la División de Delitos Sexuales y Abuso de Menores en Caguas, donde cada uno de los seis agentes tiene sobre 30 casos asignados.

“Quiero saber cómo está la tasa de esclarecimiento y los planes para aumentarla o mejorarla”, dijo.

Ortiz quiere conocer el presupuesto disponible para pagar a confidentes y el estado en que se encuentra el Albergue de Testigos.

“Respetando lo complejo que es el andamiaje policiaco y el argumento de que muchos de los crímenes no se pueden anticipar y tampoco se puede pretender que hay un policía en cada lugar para evitarlos, cuando el gobierno no es efectivo en esclarecer los casos hay un sentido de impunidad cuyo resultado es que lo criminales sienten completa lbertad de delinquir en la vía pública sin ninguna preocupación”, afirmó Ortiz.

Poca acción legislativa

Los esfuerzos de la Legislatura en lo que se refiere al tema policiaco se han limitado a atender la situación laboral y las condiciones de retiro de los policías. El senador penepé Henry Neumann, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, argumenta que la falta de personal en la Policía va a la raíz del problema de la criminalidad, al menos el aspecto de las aprehensiones y las convicciones.

En la Cámara no se ha atendido una resolución de investigación del representante independentista Denis Márquez Lebrón, quien busca que la Comisión de Seguridad Pública y Tecnología investigue los esfuerzos de la uniformada para esclarecer delitos y rinda cuenta sobre los recursos que tiene para cumplir con esa tarea.

“El acto criminal es la consecuencia de un aspecto social, que es el narcotráfico. Pero la criminalidad es una manifestación. Más allá de decir que nadie es pitoniso, no se está reconociendo que hay un problema brutal de violencia y de narcotráfico y seguimos con los mismos paradigmas cuatrienio tras cuatrienio con los planes antricrimen y añadiendo la realidad presupuestaria y de crisis social vamos a seguir viendo este tipo de acción”, dijo Márquez Lebrón.

La Resolución de la Cámara 194 fue radicada en enero y no se le dio primera lectura hasta mayo, cuando el entonces presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tecnología, Ramón Luis Cruz Burgos, estaba inmerso en vistas públicas dirigidas a enmendar considerablemente la ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública, asunto que no prosperó. La resolución, que trataría un tema pocas veces discutido públicamente, no fue llevada a vistas públicas y en agosto Cruz Burgos perdió la presidencia de la comisión tras una disputa pública con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

Siete días antes de que Cruz Burgos perdiera la comisión, Márquez Lebrón le envió una carta solicitándole que incluyera, como parte de la discusión, la gran cantidad de casos de maltrato contra menores que siguen bajo investigación, pero sin que se radiquen cargos.

El representante popular Luis “Narmito” Ortiz Lugo heredó la comisión a principios de octubre. En entrevista con El Nuevo Día no pudo precisar si solicitó tiempo adicional para atender la medida, pero sostuvo también que se le pidió a cada representante que tuviera proyectos o resoluciones pendientes ser sometidos nuevamente si el término ya había vencido.

“Espero que el representante Ortiz Lugo haya pedido una extensión y si no, tendré que seguir insistiendo”, dijo Márquez Lebrón. La comisión tenía 90 días, a partir del 27 de mayo, para culminar el proceso investigativo y rendir un informe.

Cuestionado sobre su agenda de trabajo, Ortiz Lugo, quien ya se reunió tanto como el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres como con el comisionado de la Policía, Antonio López, básicamente solicitó tiempo para ponerse al día.

“No te puedo decir que voy a hacer esto u otra cosa porque no me gusta trabajar así. Hay muchas cosas que están en la mesa y espero en las próximas dos semanas dar una conferencia de prensa detallando dónde estamos y hacia dónde nos vamos a dirigir”, dijo.

La Policía declara como “esclarecido” un delito cuando se recopila suficiente evidencia para que se logre causa para arresto en un tribunal o mediante la vía de la “excepción”, escenario que se logra cuando las autoridades determinan que tiene la evidencia para someter el caso, pero por elementos ajenos a su control, como la negativa de testigos a declarar o por la muerte de uno o más sospechosos del delito, no es posible presentar una acusación.

Expertos en conducta criminal apuntan a que, si bien la criminalidad emana de la desigualdad social y la falta de acceso a educación de calidad, las autoridades tampoco han podido disuadir al criminal de cometer su fechoría porque no existe una probabilidad alta de que sea apresado y acusado.

Márquez Lebrón sostuvo, en entrevista con El Nuevo Día que el Departamento de Seguridad Pública se creó con la visión irreal, según dijo, de que con su mera existencia se acabaría el crimen.

“Cuando miro otra vez la resolución, es esa búsqueda de fiscalización más allá de las estadísticas y viendo también la realidad de la Policía de Puerto Rico en términos del esclarecimiento, su realidad operacional, su presupuesto. Aquí se habla constantemente de que ha habido una pérdida de policías y el efecto que tiene eso en las técnicas de investigación, la relación con las víctimas y la ausencia de esclarecimiento de delitos en Puerto Rico”, dijo.

Márquez Lebrón, de forma paralela, creó un equipo de trabajo que ya se ha reunido dos veces que y que está realizando su propio estudio sobre la criminalidad. El legislador indicó que el trabajo a ser levantado por su equipo sería presentado ante la Legislatura y probablemente genere nueva legislación.

El grupo es liderado por el economista Edwin Irizarry Mora y cuenta con otras figuras como el profesor Heriberto Marín, del Recinto de Ciencias Médicas; la profesora Wanda Ramos, del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico; la pasada presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Mabel López, el sociólogo Víctor García Soto, entre otras figuras.

“Es necesario tener una discusión profunda y más allá del trillado argumento de que se tiene un plan anticrimen, quiero poner este estudio a la disposición de la Asamblea Legislativa”, sostuvo.

El problema laboral

El senador Neumann argumentó que el retiro de la policía y su remuneración son temas relacionados directamente a lo que ocurre “en la calle”.

“Hay una falta de policías, faltan nuevo reclutas y las academias no se están llenando debido a que los jóvenes no están atraídos por las condiciones de trabajo en la Policía. Aunque ciertamente lo que dice el alto mando de la Policía es correcto en cuanto a que no pueden estar en todas partes, la realidad es que hay muchas áreas en que no hay policías y los malhechores se aprovechan de esa realidad”, dijo Neumann.

“Pero los temas que hemos trabajado van dirigidos a hacer más atractivo el trabajo de policía”, insistió.

Neumann argumentó que no es posible que la Policía cubra el mismo territorio ahora, con unos 8,000 efectivos, cuando llegaron a ser 18,000 policías. También defendió el liderato policiaco al sostener que los planes anticrimen están diseñados “tratando de anticipar lo que pueda ocurrir”.

“Están trabajando con lo que tienen y quien tiene que reconocer y tiene una responsabilidad... quien tiene que reconocer lo importante que es para una sociedad el tema de la seguridad es la Junta de Control Fiscal”, agregó.