La Cámara de Representantes incluirá en su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2023-2024 asignaciones adicionales para garantizar el desarrollo de la Universidad de Puerto Rico (UPR), asegurar el funcinamiento de la Red Sísmica, ampliar el impacto del programa del Plan de Clasificación y Retribución del gobierno y fortalecer los programas dirigidos al cuidado de los adultos mayores.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, explicó que los fondos para estas partidas que han incluido como parte del proceso de discusión legislativa, provendrían de la partida de $300 millones –de uso no definido- que estaría disponible anualmente para su distribución, según el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Hernández explicó que la propuesta de la Cámara para el uso de un poco más del 50% del fondo de $300 millones, incluye: $50 millones para la UPR, partida que estaría dirigida para el pago de las acreditaciones, el sueldo de los médicos residentes y ajustar la paga de los empleados que mantienen un salario por debajo del mínimo federal; $80 millones para el financiamiento de los servicios esenciales de los municipios, $20 millones para honrar los aumentos salariales concedidos a los empleados gubernamentales y ampliar el alcalde del Plan Clasificación y Retribución; y $11 millones para el pago de una demanda adjudicada en contra del Departamento de la Familia.

“Son las propuestas que más sentido social tienen y muchas de ellas, si no todas, se han hablado con la Junta de Supervisión Fiscal y parece ser que no hay mayores inconvenientes en hacer esos ajustes como tal”, aseguró el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, quien ha liderado el proceso de vistas públicas.

“Para aclarar, aquí no hay dinero para fiestas patronales. Aquí hay dinero para asuntos esenciales”, dijo Hernández en referencia a la partida dirigida a los municipios que sería para el pago de nómina del programa Ama de Llave, para la nómina de oficiales municipales y para la adquisición de tecnología para reforzar la seguridad. “La seguridad pública en Puerto Rico está fuera de control”, sostuvo Hernández.

Santa reconoció, no obstante, que una de las propuestas más “controversiales” es la asignación de fondos adicionales a la UPR. Alegó, sin embargo, que el ente federal “lo entendió”, ya que una partida de los $50 millones -$3 millones- sería para establecer un fondo que le permita a la institución tener el dinero necesario para acceder a aquellas propuestas federales o privadas que le requieren un pareo.

“El issue con la Red Sísmica es que, en la medida que se ha ido reduciendo el presupuesto (de la UPR), ellos tienen el temor de que también se le reduzca a ellos. Y sabemos que la Red es fundamental y más con la situación de los terremotos”, expresó Santa.

Respecto a los fondos adicionales para los programas que velan por el bienestar de los adultos mayores, Santa sostuvo que por los pasados años la isla ha visto un incremento en el número de ancianos que son abandonados por sus familiares y su cuidado recae, entonces, en el estado. “Es un problema al que no se le está dando visibilidad, pero la cantidad de adultos mayores que son abandonados es alarmante”, reafirmó.

Familia subvenciona actualmente el cuido de unos 5,125 adultos mayores, ubicados en centros a través de la isla,

Otra área de suma importancia en la discusión presupuestaria es garantizar los aumentos salariales que concedió el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a su personal especializado en vías a lograr su permanencia y atraer nuevo talento. El alza de $650 mensuales -con un impacto anual de $700 mil anuales, fue concedida a través de fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).

“Tenemos que continuar con ese pago adicional porque si no se da vamos a caer en el problema que teníamos antes que es que, por los bajos salarios, mucho de este personal que es altamente capacitado y técnico, se nos va”, advirtió Santa.

La Cámara estaría aprobando -preliminarmente el próximo 6 de junio- un presupuesto de $12,700 millones con cargos al fondo general. “Este es el presupuesto más alto en la historia de Puerto Rico, basado en ajustes, en su mayoría inflacionarios, y obviamente tenemos los pagos de las obligaciones que se acordaron en la reestructuración de la deuda”, indicó Hernández.

El líder cameral agregó que esperan recibir la propuesta del Ejecutivo esta semana. La fecha límite es el 24 de mayo.

La millonaria cifra, sin embargo, no representa necesariamente que el gobierno este “bollante”, sino que refleja los fondos para el pago de las pensiones -unos $2,000 millones- y el alza en la operación del gobierno como resultado de la inflación económica. “Lo que te costaba hace dos años hacer, ahora te cuesta un 5% o un 10% más”, expuso Santa. “El gobernador quiere decir que la economía va bollante, pero no es cierto. La realidad es que aquí se está utilizando el dinero federal y mucho de ese dinero tiene que ver con reconstrucción”, agregó.

Sería, si logra pasar el cedazo del ente fiscal federal, el tercer presupuesto balanceado con el pago de la deuda.

Va también la reforma contributiva

Los reclamos principales de cambios al sistema contributivo, más allá de la reducción en tasas contributivas, es el desarrollo de un modelo que facilite el cumplimiento de la responsabilidad económica de cada individuo o empresa y reestructurar el sistema de persmisos, según ha surgido de la discusión legislativa.

“Las personas que han participado del proceso entienden que los requerimientos son demasiados burocráticos y que eso hace difícil que una persona que quiere invertir en el país, pueda cumplir con su responsabilidad...estas dos cosas prácticamente están imposibilitando o poniendo unas trabas enormes a lo que es el desarrollo económico de país”, dijo Santa

Aseguró que un proyecto de reforma contributiva o de cambios al Código de Rentas Internas será aprobado, al igual que el presupuesto, el próximo 6 de junio. “Nadie tenga dudas, va a ser retante y va a ser un paso hacia adelante. Estamos en conversaciones con la JSF, con el gobierno y con distintos sectores”, indicó al sostener que la propuesta de la Cámara estará enfocada en la reducción de tasas contributivas a los individuos y los pequeños negocios.

Las personas que han participado de la discusión tiene hasta el próximo 1 de junio para enviar a la Comisión de Hacienda de la Cámara posible lenguaje de enmienas al Código de Rentas Internas. “Si una vez se acaben los fondos federales no podemos activar estos distintos sectores, vamos a caer en los mismos problemas”, advirtió Santa.

Hernández coincidió con los planteamientos de Santa. “La mayoría lo que están buscando es simplificar la burocracia del sistema...la inmensa mayoría de las enmiendas van dirigidas por ahí...No creemos en un sistema que los ricos paguen menos y los pobres ganen más, así que el ajuste viene de abajo hacia arriba”, puntualizó, por su parte, el presidente cameral.

Santa dijo que estarían utilizando como base el proyecto presentado por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado 6 de febrero, pero anticipó que la medida sufrirá “bastantes cambios”, tomando en consideración que en la Cámara de Representantes se han presentado 62 medidas legislativas que, de alguna forma, impactan el modelo contributivo.