En el último día de la sesión ordinaria, el Senado y la Cámara de Representantes acordaron aprobar el proyecto de ley que remueve el Negociado de la Policía de la estructura del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Aunque originalmente el Proyecto de la Cámara (PC) 406 colocaba en manos del Ejecutivo la concesión de los rangos de la Uniformada, la legislación fue enmendada dejando solo en manos de la gobernadora o gobernador de turno las nominaciones de comandantes e inspectores.

Asimismo, las cámaras legislativas acordaron dar paso al Proyecto de la Cámara 500, para eximir del pago de contribución sobre propiedad mueble las medicinas recetadas, y de la Resolución Conjunta de la Cámara 157 para la distribución de $20 millones en donativos legislativos.

Al momento de esta publicación, la Cámara había concluido sus trabajos, pero el Senado no.

Mientras, se quedaron pendientes, para la próxima sesión en agosto, el PC 420, que congela el impuesto al inventario, y el PC 500, que extiende el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60 de 2019) hasta 2055, y de paso, impone a los nuevos inversionistas residentes una responsabilidad tributaria de 4%.

“Hay un compromiso programático de congelarlo por cinco años. Lo que ocurre es que congelarlo no necesariamente resuelve el problema latente, donde hay que armonizar la preocupación que tienen los empresarios con la preocupación que tienen los gobiernos municipales”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en un aparte con periodistas.

El PC 420 había sido aprobado por ambas cámaras, pero el Senado le sometió unas enmiendas que paralizaron su avance. El lenguaje incluido fue interpretado por el sector comercial como un nuevo impuesto en la compra de productos, versión que fue rechazada por Rivera Schatz.

“No lo es, porque es un cargo que ya la gente está pagando”, aseveró.

Sobre el PC 505, Rivera Schatz dijo agregarán lenguaje para evitar que los futuros nuevos beneficiarios adquieran la vivienda, según dispuesto en ley, utilizando el nombre de una corporación.

“Cuando van a vender la propiedad, en lugar de vender la casa propiamente, venden las acciones de la corporación, cuyo único activo es la casa, por lo tanto, no hay visibilidad de la transacción de la venta de la casa”, detalló.

“Las acciones no tributan y, entonces, tienen un doble beneficio que no era el propósito original de la ley”, expuso, al agregar que también requerirá por parte del futuro beneficiario inversión en la banca local.

Para agosto, también quedó la aprobación del Proyecto del Senado 273, que transfiere las funciones y bienes materiales del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC); y el PC 269, que concedería licencias de ocupación a las estructuras existentes en La Parguera, en Lajas.

“Vamos a mirar todos los proyectos con el mayor sentido de responsabilidad, y nosotros no legislamos privilegios aquí para nadie. Lo hemos demostrado, más que con palabras, con hechos. Cuando el proyecto llegue, lo vamos a evaluar, y lo que no nos guste lo vamos a rechazar”, dijo Rivera Schatz sobre el PC 269.

Mientras, sobre el PC 273, dijo que, en los próximos días, se reunirá con la directora del ICP, Melissa Santana. Insistió en que la medida no busca la eliminación del ente cultural sino que los recursos asignados sean utilizados para la preservación y promoción de la historia del país.

“Estamos proponiendo que funcione porque no funciona. La mayoría de los edificios que le toca proteger están destruidos, la mayoría de los museos cerrados, no hay talleres, no hay certámenes, no hay nada que promueva la cultura”, puntualizó Rivera Schatz.