Dos medidas dirigidas a amortiguar el golpe económico que pudiera recibir empresarios y agricultores del país con la entrada en vigor del alza al salario mínimo serán prioridad para la Cámara de Representantes en el inicio de la nueva sesión legislativa en enero.

Los proyectos de la Cámara 1100 y 1101, respectivamente, van dirigidos a asistir a los microempresarios y microagricultores con el pago del diferencial del alza al salario mínimo que entra en vigor en enero cuando se elevará de $7.25 a $8.50 la hora.

“Sabemos que nuestros comerciantes y agricultores han pasado diferentes situaciones que los han puesto en una situación que, tal vez, se ven un poco apretados”, reconoció el representante Domingo Torres, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, al hacer hoy el anuncio.

El Proyecto de la Cámara 1100, de la autoría del representante Jessie Cortés, también enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico para incluir a las microempresas dentro de la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Para acceder al incentivo, la empresa debe generar un ingreso neto menor a los $500,000 anuales y no debe tener más de siete empleados. Igualmente, para tener acceso al estímulo, deberá reclamarlo ante la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.

“Estas medidas van dirigidas a proteger las pequeñas y medianas empresas que han mostrado gran preocupación en relación a las posibilidades de hacerle frente a las leyes que provocan el encarecimiento de los costos en sus operaciones”, expresó Cortés.

Mientras, el Proyecto de la Cámara 1101 está dirigido a aquellos agricultores con menos de diez empleados en su nómina y que no participen o hayan reclamado alguno de los programas de exención contributiva existentes. Igualmente, deben operar en municipios con una tasa de desempleo mayor de 9.5%.

En este caso, al agricultor se le reembolsaría hasta $3.00 por hora del salario mínimo que pague a sus empleados. Actualmente, el salario mínimo de los trabajadores del sector agrícola es de $5.25, explicó el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, autor de la pieza legislativa.

“Existe un agravante que afecta directamente a la agricultura puertorriqueña y se trata de la falta de mano de obra diestra, un recurso fundamental para estimular el desarrolla de distintas áreas de nuestra isla”, afirmó Rivera Segarra.

Según la legislación, el incentivo agrícola lo podrán acceder parejas con ingreso anuales que no superen los $42,000 o individuos que no sobrepasen los $21,000. Mientras, están excluidas las personas dedicadas al cultivo de cannabis o sus derivados.

Los fondos para la otorgación de ambas ayudas provendrían del Fondo General, específicamente de la apartida que había sido incluida en el presupuesto vigente para sufragar el “Plan Vital”. Sin embargo, tras la Cámara de Representantes de Estados Unidos aumentar a $3,600 millones anuales las asignaciones de Medicaid para la isla, parte de ese dinero quedaría disponible para esta u otras iniciativas, argumentaron los legisladores.

El proyecto que eleva la asignación a Medicaid, sin embargo, aún tiene que pasar el cedazo del Senado federal, donde se anticipa podría sufrir enmiendas. “No debemos tener ninguna objeción (por parte de la Junta de Supervisión Fiscal) porque (son fondos que) ya están presupuestados”, aseveró Torres.

Las medidas destinan en total $40 millones para el pago de ambos incentivos.

“Este es el camino correcto...estas medidas no solo hacen justicia al empleado, sino que ayudan al microempresario a darle empleo a gente que tanto lo necesitan”, dijo Elliot Pacheco, presidente de Empresarios por Puerto Rico y quien participó de la conferencia de prensa donde los legisladores hicieron el anuncio.

Los representantes se mostraron optimistas en iniciar la discusión de la medida -que cuenta como coautor con el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández- en enero.