El puertorriqueño Juan Roberto Meléndez, quien pasó más de 17 años en la galera de la muerte y el español Joaquín José Martínez, primer español y europeo en librarse de la ejecución en un corredor estadounidense. (semisquare-x3)
El puertorriqueño Juan Roberto Meléndez, quien pasó más de 17 años en la galera de la muerte y el español Joaquín José Martínez, primer español y europeo en librarse de la ejecución en un corredor estadounidense. (Teresa Canino )

“La Pena de Muerte, como medio de castigo por la comisión de un asesinato, no parece estar en armonía con la moderna civilización. A muchos les parece como una reminiscencia de barbarie”.

Esta declaración no es reciente. Ni si quiera tiene algunos años. 

En 1929, esas fueron las expresiones del gobernador de Puerto Rico, Horace Towner, al convertir en ley la abolición de la pena de muerte.

Puerto Rico conmemoró ese momento el pasado viernes, 26 de abril, cuando se cumplió el 90 aniversario desde que se prohibió permanentemente la pena capital en sus tribunales estatales.

El rechazo se recalcó desde diferentes sectores, como la Legislatura, la Asamblea Municipal de San Juan, la Iglesia Católica, Amnistía Internacional y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), que desarrolló una serie de charlas con exonerados del corredor de la muerte en prisiones de Estados Unidos.

Mientras, la conmemoración ocurre en momentos en que actualmente se reviven cuestionamientos constitucionales sobre la aplicación de la sentencia de muerte bajo el gobierno federal en la isla.

Después de que coincidieran cuatro juicios federales de pena de muerte en la isla entre el 2012 y 2013, la discusión resurge en dos casos ya en curso y certificados para ese castigo, mientras que otros tres elegibles están en espera de que sean aprobados o no por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Abolición estatal

De los 17 condenados en ser ejecutados a principios del siglo pasado, Pascual Ramos fue el último, el 15 de septiembre de 1927.  Fue condenado tras atacar con un machete a un mayordomo de la Hacienda Sabater de Guayama, según relató Jacobo Chirino en su libro “Los que murieron en la horca”.

Dos años después, mientras consideraba el “Proyecto de Ley 6 de la Cámara de Representantes” de Juan García Ducós, el gobernador Towner reconoció que había recibido “tantas” cartas, telégrafos y visitas en relación a la medida.

El 26 de abril de ese año, según publicó entonces el periódico El Mundo, Towner indicó que ese castigo ni si quiera servía de disuasivo, pues el tiempo en que estuvo suspendida la sentencia capital en la isla, entre 1918 y 1921, “la comisión de crímenes no aumentó”.

Asimismo, destacó que en los cinco años que siguieron a la restitución de la pena de muerte en 1921, el promedio de asesinatos aumentó de 25 a 44.

“Si se tomara en consideración su efecto restrictivo, aparecería que la abolición había operado tal efecto y que la restitución legal de la pena de muerte había operado como un aliciente para la comisión de este crimen terrible”, señaló Towner.

Posteriormente, la prohibición fue incluida en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) en 1952.

Vigencia federal

Mientras, en Estados Unidos un total 1,494 convictos han sido ejecutados, incluyendo tres de los 78 sentenciados por tribunales federales desde 1988, cuando el gobierno de Estados Unidos reinstaló la pena capital, que luego se amplió en 1994.

En la actualidad, 20 estados prohíben la pena de muerte. De ese total, solo cuatro la abolieron antes que Puerto Rico.

Por décadas, activistas y funcionarios en la isla han reclamado a las autoridades federales que no apliquen ese castigo, haciendo referencia al consenso del pueblo que votó para aprobar la Constitución de Puerto Rico.

Tan reciente como en los pasados meses, el Tribunal federal recibió varios argumentos de índole constitucional de “amigos de la corte” y de las partes en el caso contra Juan Pedro Vidal, al discutir si se debe eliminar o no la pena capital federal en la isla por falta de representación electoral de sus residentes.

El gobierno federal no puede enjuiciar a alguien por asesinato, pero sí se incluye como elemento cuando esa muerte surge como resultado de otro delito, como secuestro, carjacking, asalto o violación a la ley de armas, entre otros.

Al final, el juez Gustavo Gelpí, quien ha favorecido denuncias de discrimen, no acogió la solicitud por entender que esa ley sí trata igual a los residentes de la isla en comparación con los que sí votan por los que aprueban leyes en el Congreso y la Casa Blanca por vivir en los 50 estados.

Mientras, en la vista argumentativa de ese caso, la fiscalía federal cuestionó la supuesta cultura de Puerto Rico en contra de la sentencia de muerte al remontarse a la época colonial española, indicando que “no se podía ignorar el pasado” y que durante “400 años, incluso antes de que existiera Estados Unidos, ya se estaba estaba ejecutando gente” en Puerto Rico.

Puerto Rico se adelantó a muchos países más desarrollados en todo el mundo con la abolición y ellos (las autoridades federales) son los que nos están llevando al pasado”, expresó  el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Román Espada. “La pena de muerte a lo que apunta es a retomar lo que ya no existe. Es como volver a la esclavitud después de que fue abolida”.

“No hay ninguna razón para apoyarla. No es un disuasivo contra la criminalidad, que solamente se atiende con otros medios, como reducir la impunidad”, agregó. “La venganza no es justicia. Un sistema de justicia no puede ser dictado por los asesinos. Tiene que ser dictada de forma racional, pensando en la rehabilitación y si no se logra, para eso está la cárcel, donde va a dejar de ser un peligro para la sociedad”.

Por su parte, Kevin Miguel Rivera Medina, presidente de la Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte, resaltó que internacionalmente se ha repudiado esa sentencia, no solo porque sea un castigo contrario a los derechos humanos, sino también por estudios que apuntan a que la aplicación es desproporcionada para algunos sectores de la población.

El 95% de las personas que están en la galera de la muerte provienen de la pobreza. En Estados Unidos es un castigo exclusivamente para personas pobres”, dijo Rivera Medina, haciendo referencia al reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo del estado de Washington sobre la desigualdad en ese tipo de castigo que eliminó el año pasado.

“La pena de muerte nunca va a poder ser una manera humana de hacer justicia. Tenemos alternativas suficientemente buenas como para prescindir de la ejecución”, añadió. “Y para los que hablan de lo que cuesta mantener a un confinado en cadena perpetua, también está probado que el costo del juicio de pena de muerte, con su defensa, peritos, apelaciones y demás procesos, hacen que esa sentencia le cueste más al pueblo”.

Error irreversible 

Como parte del aniversario, por primera vez, la organización “Witness to Innocence” efectuó en Puerto Rico su reunión anual de miembros, que son personas que fueron exoneradas mientras esperaban su turno para ser ejecutados en prisiones de Estados Unidos.

Uno de ellos fue el puertorriqueño Juan Meléndez, quien estuvo más de 17 años en el corredor de la muerte de Florida hasta que surgió una grabación de audio del verdadero culpable del asesinato que le habían imputado.

“Si se encuentra un error, se le puede devolver la libertad a una persona condenada a cadena perpetua, pero nunca se le puede devolver a alguien en su tumba”, manifestó Meléndez, quien compartió su traumática experiencia con estudiantes de varias instituciones académicas de la isla esta semana.

“La gente tiene que entender que la pena de muerte no elimina el crimen, es cruel, es racista y tenemos alternativas”, abundó, tras contar el sufrimiento por el que atravesó su familia.

Junto con Meléndez estuvo Joaquín Martínez, quien fue el primer ciudadano español en ser exonerado de un corredor de la muerte en Estados Unidos, donde estuvo tres años por un crimen que no cometió.

Relató que ni siquiera un resultado negativo de pruebas genéticas evitó que fuera condenado a la silla eléctrica y que sólo pudo salvarse cuando se declaró un nuevo juicio tras una campaña internacional que incluyó al papa Juan Pablo Segundo, el rey Juan Carlos de España y el primer ministro de ese país, José MaríaAznar, así como miembros de Parlamento Europeo.

“Si esas personas ejecutadas en los últimos 10, 20, 30 años en Estados Unidos hubieran tenido un poco del apoyo que yo recibí, tendríamos como 300 personas fuera del corredor de la muerte”, manifestó Martínez, quien considera que su caso dramatiza la forma arbitraria en que se maneja ese castigo.

“Se supone que es para aplicarlo al peor caso posible. A mí me acusaban de apuñalar a una chica 35 veces. Pues me consiguen un nuevo juicio y el mismo primer día, lo primero que hace la fiscalía es retirar la petición de pena de muerte. ¿Es eso justicia? Estoy en la misma sala, con los mismos cargos y el mismo juez, aunque era otro fiscal… Si hubiera sido otro hispano, sin los recursos y senadores españoles sentados en la primera fila (del tribunal), me hubiesen pedido la pena de muerte otra vez”, apuntó.

Según la organización “Death Penaly Information Center”, entre 1988 y 2017, Justicia federal autorizó que se buscara la pena capital contra 503 personas, de los cuales el 73% son miembros de minorías.

Movimiento abolicionista

Martínez y Meléndez son dos de 165 exonerados de corredores de la muerte en Estados Unidos. Con sus presentaciones públicas, la activista de derechos humanos Judi Caruso, quien es abogada en Nuevo México y pareja de Meléndez, no solo espera que haya más liberados, sino que aumente la cantidad de estados que prohíban la pena capital, con la esperanza de que algún día haya suficiente presión en el Congreso para que se elimine a nivel federal.

Resaltó que, en algunas regiones de Estados Unidos, las encuestas todavía reflejan un 65% a favor de la pena capital, “pero cuando se ofrece la alternativa de la cadena perpetua se reduce y casi el 70% está a favor de la alternativa. Eso es una herramienta importante para seguir aboliéndola”.

“Además de los 20 estados que lo prohíben, hay cinco estados con moratorias, incluyendo a California, que tiene el corredor más grande. También hay moratoria en Pensilvania, donde hay como 12 puertorriqueños”, dijo Caruso.

“En los 30 donde todavía es legal, solamente se está poniendo en práctica en cinco, así que está perdiendo popularidad. Hasta en Texas”, afirmó.


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