El abogado Andrew S. Henning demandó a los siete miembros de la JSF, a su principal consultor, McKinsey & Co., sus principales asesores, Proskauer Rose y Citibank. (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) analiza la demanda que ha incoado un exabogado del bufete de Paul Hastings en la que acusa al organismo fiscal, sus asesores, a decenas de bonistas de Puerto Rico y otros bufetes que participan del proceso de reestructuración de la deuda bajo la ley federal Promesa y en la que les imputa ser parte de una componenda para enriquecerse a costa de la crisis fiscal de Puerto Rico.

La demanda, de entrada catalogada como “frívola” por la firma Paul Hastings, fue radicada en el distrito central federal de California por Andrew S. Henning, quien en un argumento de casi un millar páginas alega que fue despedido injustamente de su empleo y plantea que la JSF, los acreedores y el bufete para el que trabajó llegaron a un acuerdo contrario a la ley para modificar la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

De igual forma, Henning alega que el acuerdo de reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) habría resultado en la apropiación de fondos federales por parte del gobierno de Puerto Rico.

Henning radicó su demanda el pasado 18 de febrero. El caso fue asignado en ese distrito federal, a la jueza Virginia A. Phillips, quien este martes emitió una orden para atender el reclamo de Henning según las reglas establecidas. También atenderá el litigio, la magistrada Rozella A. Oliver, según el expediente del caso.

Henning demandó a los siete miembros de la JSF, a su principal consultor, McKinsey & Co., sus principales asesores, Proskauer Rose y Citibank. El abogado también incluyó entre los demandados al exgobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares y específicamente a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y al BGF, incluyendo a sus otrora jefes, Christian Sobrino Vega y Gerardo Portela Franco. También figuran varios consultores del gobierno y decenas de fondos de inversión que participan de los casos de Título III.

“La Junta está conciente de la demanda bajo la ley federal Organizaciones Corruptas y Mafiosas (RICO Act) radicada en California contra varias partes en relación a su trabajo en Puerto Rico. La Junta está analizando la demanda y responderá a ella, cuando y si es necesario”, indicó el organismo fiscal.

La demanda de Henning ofrece un extenso relato de las alegaciones ypesquisas desde el gobierno federal contra McKinsey & Co. -asesor de la JSF- por no divulgar los intereses que tenía mientras asesoraba a clientes en bancarrota y la fijación de tarifas, temas que son objeto de un juicio en una corte en Texas. También incluye los alegatos del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, en torno a la existencia de “una mafia” en esa agencia y los eventos en torno a la firma de contabilidad BDO y que resultaron en el arresto de Fernando Scherrer por corrupción junto a la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Dávila.

Pero en su reclamo, Henning plantea que lo más “preocupante” es que los bufetes que participan de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico utilizando información interna, debilitando a sabiendas argumentos legales de sus clientes para dar la impresión de que Puerto Rico encara un riesgo de litigio que debe evitarse y pactando acuerdos antes de que se atendieran sus méritos en corte, se pusieron de acuerdo para “arreglar los resultados legales en la quiebra de Puerto Rico” y ello, a su vez, para enriquecer a los integrantes de “una empresa centralizada y ramificada” (Hub and Spoke enterprise).

Para lograr su propósito, alega Henning, ejecutivos de Paul Hastings, incluyendo a Luc A. Despins, principal abogado del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y Leslie Plaskon, se pusieron de acuerdo para despedirle. Ello, luego de que el abogado hubiera identificado argumentos legales que pondrían en riesgo la conspiración en la quiebra de Puerto Rico.

Henning trabajó para Paul Hastings por espacio de un año y habría salido de la firma hace unos 18 meses.

En su argumento, Henning establece que la componenda incluso antecede la existencia de la JSF, pues el abogado plantea que antes de la aprobación de la ley federal Promesa, el gobierno de Puerto Rico contrató consultores de reestructuración o pactó acuerdos con diversas instituciones que luego libró de responsabilidad en los casos de Título III.

Según Henning, tan pronto el gobierno planteó la posibilidad de una reestructuración se afectaron los precios de los bonos de Puerto Rico a la baja, incluyendo emisores como Cofina, y posteriormente, firmas como McKinsey & Co. que asesoran a la JSF, vendieron sus posiciones en deuda de la isla a precios más altos que el saldo final de la reestructuración con otros bonistas.

De igual forma, dijo el abogado, como parte del acuerdo de Cofina se compensó a firmas como Goldman Sachs, mientras, la JSF libró de responsabilidad a esa firma por transacciones que efectuó para el gobierno, como la venta de “swaps”, y que le dejó millones de dólares en pérdidas a Puerto Rico.

Una demanda frívola

Por su parte, el bufete Paul Hastings describió la demanda de Henning como “frívola”.

“Creemos que esta demanda es frívola y estamos confiados en que el tribunal así lo reconocerá”, señaló la firma en declaraciones provistas a El Nuevo Día.

“Esta demanda, que menciona a más de 150 demandados, incluyendo numerosas firmas de abogados importantes, firmas de consultoría y bancos de inversión en el país, habla por sí sola”, agregó la firma de abogados al señalar que la demanda fue radicada por un asociado “descontento” que apenas llevaba un año en la firma y que dejó Paul Hastings aproximadamente hace año y medio.


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