Los empleados unionados del Negociado de Ciencias Forenses, quienes reclaman un aumento salarial, están en espera de una reunión con la comisionada interina Luz Silva y el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román. (Alex Figueroa Cancel)

La organización que agrupa a los empleados unionados del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), la Local 2099 de Servidores Públicos Unidos (SPU, todavía intenta descifrar si organizará un paro de labores en la dependencia, que podría extenderse por dos o tres días, sin poner en riesgo su certificación como representante exclusivo de los trabajadores.

En medio de reclamos por mejores salarios, beneficios marginales y equipo, la Local 2099 enfrentaría, de convocar un detente en las labores, una posible descertificación al reconocer que la Ley 45 de Sindicación de Empleados Públicos prohíbe los paros o huelgas. Esa prohibición estatutaria le costó a la Federación de Maestros su certificación como representante exclusivo de los maestros al decretar una huelga en 2008.

Por lo pronto, la unión solicitó a la comisionada interina del NCF, Luz Silva, autorización para celebrar una asamblea de unionados el 18 de octubre, la primera desde el 7 de diciembre. Silva se mantiene al mando de la dependencia de forma interina desde el despido en agosto de Beatriz Zayas, pero La Fortaleza no ha nombrado a nadie para ocupar el cargo en propiedad.

“Aquí, hay dos vertientes. Está la unión, que intenta dialogar de buena fe y los empleados gerenciales que quieren una huelga, pero no convocada por la unión porque traería consecuencias nefastas”, admitió Carlos Vélez, miembro del Comité de Conciliación y delegado de la Local 2099.

En el NCF, laboran entre 15 y 20 empleados gerenciales. Este grupo de empleados ha sufrido constantes cambios durante el cuatrienio tras el paso por el NCF de cinco comisionados, algunos interinos: Edwin Crespo, Carlos Chávez, Mónica Menéndez, Beatriz Zayas y Silva, quien ha ocupado el cargo de forma interina en dos ocasiones.

Vélez indicó que, hace más de dos semanas, solicitó una reunión al secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, pero no ha recibido respuesta. Román no reaccionó ayer, a solicitud de El Nuevo Día, a la petición de reunión o sobre la posibilidad de que se decrete un paro. Tampoco ha respondido a una petición de reunión de la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy.

Y mientras se deteriora el ambiente laboral en el NCF, todavía no arranca una investigación anunciada por el representante Juan Oscar Morales, quien ha prometido pesquisar nuevas irregularidades en la dependencia como la tardanza para poner a circular cuatro camiones nuevos.

El legislador ha dicho que se encuentraen el proceso de recibir documentos de varias dependencias, como la Administración de Servicios Generales, para entonces comenzar las vistas públicas.

Los reclamos

La unión plantea que, por un lado, los policías, los maestros y los bomberos han recibido aumentos salariales en este año fiscal, pero no los empleados del NCF, excepto los patólogos que recibieron un aumento en su salario base para ubicarse en $150,000.

“Estamos cansados. Nos están quitando beneficios, no nos dan un aumento salarial, nos sentimos ignorados, agobiados y se nos ignora”, planteó Vélez, al sostener que un paro de un día no tendría mucho impacto.

“Ya un segundo día, con la acumulación de cadáveres, entonces habrá un efecto”, sostuvo.

Vélez recordó que a los unionados del NCF no les pagan horas extras y les redujeron de 30 a 15 los días por licencia de vacaciones. También, enfrentan problemas al coordinar los días compensatorios debido a la merma en personal y los pocos empleados que contratan están bajo la modalidad de transitorios.

“Los adiestran, trabajan unos años y se van porque no tienen estabilidad laboral ni un buen salario”, explicó Vélez.

El NCF ha sufrido una grave pérdida de personal en los pasados años, particularmente en plazas como peritos, serólogos, químicos, examinadores de armas de fuego, personal para el manejo de evidencia digital e investigadores forenses.

Según cifras provistas por la unión, una plaza de químico forense I comienza en $2,213 y aumenta poco más de $400 para forense II. Un serólogo empieza cobrando $2,213 mensuales, y el serólogo II tiene un salario base de $2,677.

Un oficinista comienza en $1,433 mensuales y los investigadores forenses I en $2,012 y el personal de seguridad en $1,300. Los custodios de evidencia inician con un salario de $1,659, misma cuantía que aplica a los técnicos de fotografía, los técnicos de laboratorio forense, técnicos de patología y técnico de recursos humanos.

Los entrevistadores forenses empiezan cobrando $1,500.

Todas estas cifras palidecen con los salarios pagados en las mismas posiciones en Estados Unidos, según un estudio realizado por la unión.

El secretario de Seguridad Pública, Elmer L. Román González, dijo que "desde que asumí el cargo de secretario he atendido de manera urgente cada una de las necesidades y reclamos del Negociado de Ciencias Forenses. Estamos en el proceso de encaminar al Negociado hacia una estabilidad administrativa que permita la continuidad de las operaciones. Esto incluye, mejorar las condiciones laborales y los beneficios de los empleados con un presupuesto balanceado y el aval de la Junta de Supervisión Fiscal".

En cambio, Román negó que se le pidiera una reunión.

"Hasta el momento, no he recibido solicitud de reunión por parte de los empleados o representantes de la unión. Sin embargo, siempre he estado abierto al diálogo y estoy disponible para reunirme. Reconozco que el recurso humano es esencial para el éxito de las operaciones".


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