Las mejoras a las estructuras afectadas también crean conflictos entre arrendadores e inquilinos. (Archivo / GFR Media) (semisquare-x3)
Las mejoras a las estructuras afectadas también crean conflictos entre arrendadores e inquilinos. (Archivo / GFR Media)

De un lado, está el caso del inquilino que quedó sin empleo tras el paso del huracán María y no puede pagar la renta de su residencia. Del otro, está el casero que quiere desalojar al ocupante de su propiedad porque quiere proveerle un techo seguro a un familiar que lo perdió todo durante el ciclón.

No importa de qué lado usted se encuentre, sepa que nadie puede forzar el abandono de una propiedad sin que medie una resolución judicial en una demanda de desahucio.  

El licenciado Luis Torres Asencio, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, advirtió que, contrario a los deudores hipotecarios, quienes arriendan una propiedad no cuentan con remedios temporeros, como una moratoria que reduzca o exima del pago de renta durante la emergencia. 

Al discutir ayer el problema de los desahucios durante una orientación legal gratuita organizada por la institución universitaria, Torres Asencio comentó que han recibido numerosas llamadas de personas que alegan haber sido “amenazadas” por sus arrendadores para que abandonen el inmueble.

“Nadie lo puede obligar a irse de una propiedad sin que se le presente una demanda de desahucio a usted. Tienen que presentarle una demanda, emplazarlo… No puede llegar la policía a sacarlo de su casa. Una persona no puede tomar la justicia en sus manos y simplemente sacarlo. Tiene que mediar una presentación de demanda de desahucio, y ahora mismo eso no cae dentro de la clasificación de asuntos urgentes que atiende la Rama Judicial”, comentó.

“Esas situaciones son bien difíciles porque hay  necesidad, pero no podemos resolver el problema de una persona que está sin techo quitándole el techo a otra persona, particularmente cuando esa otra persona no ha hecho nada que justifique que sea desalojada”, abundó el profesor universitario.

Torres Asencio recalcó que, ante este tipo de controversias, es deseable que el arrendador y el arrendatario dialoguen abiertamente sobre el problema con la intención de identificar las alternativas disponibles.

Sin embargo, reconoció que el arrendador no está obligado a conceder un alivio al inquilino, y no siempre se dan circunstancias que propicien llegar a entendidos. Por ello, según el abogado, debería existir legislación para brindar mayores protecciones a ese grupo poblacional, especialmente si existen condiciones agravantes como la pérdida del empleo a raíz de un desastre natural, como el que impactó la isla. 

“En ausencia de legislación, de política pública destinada a dar protección a uno de los elementos más importantes en este momento, que es que todo el mundo tenga acceso a una vivienda adecuada, no hay grandes protecciones”, reconoció.

El problema de los desahucios también será tema de discusión hoy durante una orientación legal que se llevará a cabo, de 2:00 a 4:00 p.m., en un edificio localizado en el número 16 del Paseo Gautier Benítez, en Caguas. 

La actividad de ayer fue una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Interamericana, con la colaboración del Colegio de Abogados y Abogadas,  el Colegio de Notarios y la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia. Durante casi cuatro horas, abogados y profesores de Derecho discutieron con cerca de medio centenar de personas temas como las ayudas que brinda la Agencia Federal para el  Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), servicios notariales que podrían ser de utilidad en estas circunstancias, hipotecas y desahucios, educación especial, asuntos de los consumidores, empleo, entre otros. 

La intención del decano de la Facultad de Derecho, Julio Fontanet, es que la iniciativa se extienda pronto a otros recintos de la Universidad Interamericana, en Fajardo, Ponce, San Germán, Aguadilla, Arecibo y Barranquitas.

“En este escenario, vemos que hay una ausencia de información sobre los derechos y prerrogativas de las personas. Aquí, el Estado de derecho reconoce que, cuando hay un huracán de esta magnitud, las cosas cambian, y eso hay que entenderlo, y mientras más rápido se atienda, mejor va a ser la recuperación”, puntualizó Fontanet.


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