El Museo de Arte de Puerto Rico es uno de los pocos que ha salido en defensa de su patrimonio cultural. (semisquare-x3)
El Museo de Arte de Puerto Rico es uno de los pocos que ha salido en defensa de su patrimonio cultural. (GFR Media)

Los acreedores de la deuda de Puerto Rico, ascendente a $73 mil millones, podrían exigir saldarla ante los tribunales con bienes del patrimonio cultural –tal los edificios históricos del San Juan antiguo– o del patrimonio natural –tal las tierras del Corredor Ecológico del Noreste.

Grecia, con una deuda superior a los $300 mil millones, y Detroit, con $18 mil millones, lograron proteger su patrimonio. Sin embargo, en Puerto Rico no existe una lista exhaustiva de esos bienes, ni una política pública de protección y salvaguarda; más aún, el gobierno mismo pone a la venta o arrienda sus propiedades sin tener directrices claras.

En nuestro país, los miembros de la junta de síndicos y el equipo del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) siguieron con aprensión las noticias de Grecia y Detroit. Inaugurado en el año 2000 y parcialmente subsidiado con fondos gubernamentales, el MAPR es lo que más se aproxima a un museo de arte nacional. Expone en sus salas la historia del arte puertorriqueño, con obras de Campeche, Oller, Myrna Báez, Martorell, Tufiño, Roche, Allora & Calzadila, Olga Albizu, Hernández Cruz y otros.

Ya que el arte del MAPR, contrariamente al del Instituto de Artes de Detroit (DIA), no calificaba como bien público se mantuvo siempre al abrigo de acreedores. No obstante, el edificio histórico, antiguo Hospital Municipal reconvertido en museo a un costo de $54 millones, sus terrenos y un estacionamiento comercial se inventariaban sí entre las propiedades del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

En 2016, con la aprobación de la malquerida ley PROMESA, se perfiló la amenaza real y concreta de ventas a mansalva por el gobierno o por exigencias de los acreedores. Las obras del arte de Puerto Rico podían de golpe perder su hogar, con el desarreglo, desorden y perjuicio irreparable que aquello significaría. Preocupada la junta, los licenciados Arturo García Solá y Marcos Rodríguez Ema, presidente y expresidente respectivamente de la Junta de Síndicos del MAPR, abordaron seguido al BGF y al gobierno.

-Detroit sirvió como incentivo para encontrar una solución (…) El objetivo era salvaguardar la casa del Museo- explica García Solá.

El entonces presidente del BGF, Christian Sobrino, aprobó la idea allanando el camino. Se convino redactar un proyecto de ley siguiendo la del Fideicomiso de la Península de Cantera y la del de Ciencia, Tecnología e Investigación. García Solá recuerda la coordinación efectiva por Fortaleza, los contactos tácticos, las necesarias consultas con el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño y sus debidas aquiescencias. Por fin, el 23 de mayo de 2017 se aprobó, con una Cámara de Representantes unánime y dos votos contrarios en el Senado, la ley especial que creaba el Fideicomiso del Museo de Arte de Puerto Rico. De esa manera, se traspasaban los bienes inmuebles a la junta, a condición de su utilización como museo. Gracias a un esfuerzo colectivo el MAPR quedaba amparado para siempre.

-Otro ejemplo de la importancia de proteger la identidad de una nación (….) y de cómo la unión de voluntades puede lograr un proyecto tan bonito como el de salvar el patrimonio- sentencia García Solá.

La creación del fideicomiso del MAPR consiste, a nuestro conocimiento, en el único ejemplo claro de defensa del patrimonio cultural realizado por el gobierno ante sus acreedores. Para el museo, se actuó sin titubeos y se formuló una solución sin ambivalencias. No es así con la cantidad de edificios que forman parte del patrimonio o con terrenos protegidos como reservas naturales, pero cuya titularidad se encuentra en manos de departamentos o agencias que podrían venderlos, arrendarlos o proponerlos como garantías para préstamos.

-En teoría, todo bien patrimonial, mueble o inmueble, podría estar sujeto a venta aun cuando tenga protección ambiental o cultural- recuerda Érika Fontánez, catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En entrevista reciente, Enrique Márquez Ocasio, director de Asuntos Públicos del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), sorprendió informando a este periodista que su agencia tiene proyectado desocupar el edificio de su magnífica sede, el antiguo Asilo de Beneficencia, ejemplo de patrimonio cultural, y trasladar las oficinas administrativas y un centenar de empleados fuera del San Juan antiguo a la zona de Hato Rey-Río Piedras, a proximidad del Tren Urbano.

Aprendimos, igualmente, que el edificio del antiguo Asilo, próximo al Cuartel de Ballajá, no es propiedad del ICP, sino que pertenece a la Administración de Terrenos, lo que incrementaría la amenaza de venta o arrendamiento a terceros.

Las razones principales esgrimidas por Márquez Ocasio para el traslado fuera del casco urbano fueron la necesidad de alejar el ICP de la zona de terremotos y maremotos de la isleta, según el funcionario, particularmente peligrosa, de facilitar su acceso y de aproximarlo a la UPR.

Aparte de que los argumentos declarados no parecen poseer un peso absoluto, la mudanza del ICP de la ciudad patrimonio del Viejo San Juan significaría una transformación, a la par, real y simbólica del centro antiguo, despojándolo de su diversidad, suprimiendo parte de su gobierno, desenclavando al instituto de su lugar de nacimiento, abandonando su proyecto urbano más logrado –el viejo San Juan restaurado–, reduciendo su población trabajadora, que mantiene funcionando a múltiples negocios, dejando al casco desprotegido, despoblándolo, empobreciéndolo y, lógicamente, abierta su vieja sede al embate del turismo irreflexivo.

Este traslado no puede desvincularse de un proyecto similar incluido en la plataforma de campaña del gobernador Ricardo Rosselló para trasladar La Fortaleza, su residencia, oficinas y cientos de empleados, a Hato Rey. Si se realizara, de un golpe, la mansión ejecutiva más antigua de toda América dejaría de serlo para transformarse en un museo, vaciando al centro histórico de sentido, convirtiéndolo aún más en parque temático desprovisto de oficinistas y residentes y empujándolo, igualmente, más y más al turismo.

El director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés, sin embargo, negó dicha información y preciso que “no hay mudanza”.

“No, no es cierto. Para nada”, indicó en entrevista telefónica. “Todo lo contrario, ya estamos pintando la fachada de la sede que no se pintaba desde el 2004”, agregó. Dijo, además, que su idea es que el área de Ballajá se active como un “área cultural”. Ruiz Cortés confirmó que la actual sede pertenece a la Autoridad de Terrenos, pero que tan reciente como la semana pasada estuvo en conversación con la agencia para renovar el contrato, lo que se hace anualmente.

“Esta misma semana se habló para la renovación del contrato, así que no (hay mudanza)”, aseguró.

En cuanto al patrimonio natural, el excepcional Corredor Ecológico del Noreste (CEN), la reserva protegida que comprende más de ocho kilómetros de playas entre Luquillo y Fajardo, es uno de esos proyectos medioambientales fundamentales que, como el cuento de nunca acabar, cada partido modifica a su antojo cuando llega al poder. La decretó zona protegida el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, revocó el decreto el gobernador Luis Fortuño para, luego, reinstalarlo parcialmente y, finalmente, Alejandro García Padilla declaró la zona entera reserva natural. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) administra el CEN, pero este corre riesgo, ya que el administrador no es dueño de la totalidad de los terrenos. De sus 3,000 cuerdas, aproximadamente 1,084 pertenecen a la Compañía de Fomento Industrial y 1,876.7 se encuentran aún en manos privadas. Según un memorando de entendimiento, el DRNA gestionará los terrenos de Fomento hasta el 2021. Si para esa fecha el DRNA no puede adquirirlos, los terrenos revierten entonces a Fomento.

Se sabe que no solo el DRNA no dispone de fondos para la adquisición de tierras, sino que, por lo demás, Fomento ha pretendido ya vender o arrendar Cayo Icacos y Cayo Ratones. Fomento, además, al ser interrogado, no ha proporcionado detalles sobre el futuro del CEN. Inquietos, tenemos entonces el derecho de preguntar, en el año 2021, ¿Fomento consideraría o podría vender o arrendar las tierras del CEN o proponerlas como garantía bancaria? Admitamos que el DRNA no encuentre las sumas para adquirir los terrenos, entonces, ¿por qué, a fin de proteger el CEN, Fomento no soluciona el asunto extendiendo de inmediato el acuerdo con el DRNA más allá de 2021? ¿Podríamos pensar que el gobierno emplearía los argumentos de la liquidez y la comercialización para estropear para siempre ese recinto maravilloso de playas, humedales y mangles, patrimonio natural de todos los puertorriqueños?

Quedan las 1,876.7 cuerdas en manos de propietarios privados que se rigen hoy bajo una política pública que dificulta la construcción. En estos tiempos de legislaciones maleables, de jueces facilitadores, de desregulación y flexibilidad a la medida surgen, igualmente, dudas, ¿sería irrazonable pensar que esas restricciones pudieran cambiar de un día para otro?, ¿qué se permita vender o construir en aquellos terrenos extraordinarios?

Así, hoy, en medio del ciclón de la deuda, a estas alturas del debate sobre la necesidad incuestionable para un país de proteger sus sitios naturales, todavía la integridad y perpetuidad del tesoro natural del CEN permanecen en entredicho.

Puerto Rico lo hace diferente, no solo el gobierno no ha establecido aún un inventario general del patrimonio cultural y natural, ni ha desarrollado una política pública coherente sobre el tema, no solo vende por su cuenta, confundiendo herencia con oportunidades para obtener liquidez, sino que, además, no contesta a interrogaciones del público.

Un país en bancarrota se despierta indefenso, desprovisto. Cuando se debe dinero no existen protecciones sencillas. El gobierno, que representa a los ciudadanos, es, debiera ser, el custodio transparente que protege y conserva a nuestra cultura y nuestra naturaleza. Sin embargo, no es así.

Héctor Feliciano es periodista y escribe con regularidad para El Nuevo Día. Es miembro de la junta de síndicos del Museo de Arte de Puerto Rico.

La periodista Mariela Fullana colaboró en este escrito.


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