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El Banco Gubernamental de Fomento cerró sus operaciones en marzo pasado. (GFR Media)

Casi dos años después de que el Congreso estadounidense aprobara la ley federal Promesa, Puerto Rico ha dado un paso concreto hacia la renegociación de parte de su deuda pública.

Esta semana, por primera vez desde que se otorgó a Puerto Rico un mecanismo para renegociar su deuda pública a cambio de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tomara el control de las finanzas públicas, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) informó a la jueza Laura Taylor Swain que, en aproximadamente un mes, presentará la primera solicitud formal a la corte para ajustar la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a la luz de Promesa.

Específicamente, en una moción informativa, la Aafaf –por vía de sus abogados, Suzzanne S. Uhland y Luis C. Marini-Biaggi, de los estudios legales O’Melveny & Myers y Marini Pietrantoni Muñiz, respectivamente– indicó a Swain que en o antes del próximo 22 de junio, contempla entregar a la JSF –sustancialmente completados– los borradores de los documentos legales que son necesarios para renegociar la deuda del BGF y los depósitos de terceros que esa institución mantiene en custodia desde su descapitalización hace unos dos años. El ajuste con los acreedores –sean bonistas o depositantes– se daría a la luz del Título VI de Promesa, el capítulo que provee para una negociación voluntaria entre las partes y sobre la que el foro judicial no pasa juicio directo en torno a su razonabilidad.

Primer paso

“Se anticipa que en algún momento en el mes de agosto, se debe cerrar la transacción”, indicó a El Nuevo Día el presidente del BGF, asesor económico y representante del gobernador ante la JSF, Christian Sobrino, al ofrecer detalles del proceso que marcaría un hito en la reestructuración de la deuda de la isla.

“Este es el único acuerdo que tiene tanto el gobierno como la JSF y con este se va a demostrar la capacidad de Puerto Rico para llegar a acuerdos consensuales”, dijo Sobrino, destacando la trascendencia del acuerdo alcanzado con buena parte de los acreedores hace un año y validado en marzo pasado.

“Dado que serán instrumentos negociables, será la primera emisión de deuda reestructurada que emita Puerto Rico desde el 2014”, agregó.

De acuerdo con la moción de la Aafaf, el gobierno abriría el proceso de solicitud para buscar el consentimiento de los acreedores el próximo 5 de julio.

Según Sobrino, un día después comenzaría el proceso de cumplimiento con el Título VI, cuando se espera que la Aafaf, tras recibir el aval de la JSF, radique en corte una solicitud para la modificación cualificada de la deuda del BGF.

Según Sobrino, el proceso de Título VI requiere presentar un desglose de las reclamaciones de los acreedores según su garantía o prioridad, pero ese proceso ya se habría completado sustancialmente al aprobarse el Acuerdo de Reestructuración de la Deuda (RSA, en inglés) con varios fondos de cobertura de riesgo asesorados por Ducera Partners, Atlas Management y Bonistas del Patio, entre otros.

Al presente, unas seis cooperativas de ahorro y crédito han demandado al gobierno por la renegociación de la deuda del BGF en un proceso adversativo que ha continuado su curso.

La mitad de lo prestado

Según el RSA, que será modificado nuevamente para reflejar los cambios en el calendario de la transacción, los bonistas del BGF recibirían 55 centavos de cada dólar que prestaron al otrora agente fiscal.

Mientras, los depositantes –entre ellos, los municipios– recuperarían una cantidad similar por el dinero que entregaron al BGF para su custodia.

En el caso de los municipios, Sobrino destacó que recibirían el 55% de los depósitos que mantenían en el banco, pero si los ayuntamientos tienen préstamos en el BGF, sus depósitos se utilizarían para saldar los financiamientos dólar a dólar, sin reflejar el recorte de 45 centavos que aplicará al resto de las acreencias.

“La solicitud de aprobación buscará establecer procedimientos claros relacionales con la aprobación de la modificación cualificada, incluyendo el calendario para que las partes objeten la cartera de votos, la solicitud y los procesos de tabulación, asegurando de esa forma que todas las partes con interés en la reestructuración del BGF tengan una oportunidad para ser oídos en relación al Título VI”, indica la moción informativa de la Aafaf.

En total, según el RSA, a diciembre pasado, el BGF debía unos $3,765 millones en bonos. También adeudaba $376 millones en depósitos a empresas privadas y similares y otros $507 millones en depósitos de agencias y entidades de gobierno.

La transacción propuesta contempla repagar a los bonistas de los préstamos municipales y agencias de gobierno que todavía el BGF aspira recobrar, así como de la venta de propiedades de la institución, que cerró sus puertas en marzo pasado.

Los casos de Título III

La moción de la Aafaf se produjo apenas 48 horas antes de que la jueza Swain esté de regreso en Puerto Rico para presidir hoy la audiencia general del mes de junio de los casos de Título III. Entre otros temas, Swain debe decidir si autorizará un segundo pago a los profesionales que participan en los casos de Promesa.


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