Para la planilla del 2020 -que se radica en el 2021- los contribuyentes tendrían derecho a un crédito contributivo de un 25% del total de contribuciones. (GFR Media)

Como parte de una iniciativa para reactivar la economía en el suroeste del país se anunció hoy, martes, la radicación de una legislación tripartita que busca -entre otras cosas- establecer en la zona una prórroga en el pago de las contribuciones a individuos y comerciantes correspondiente a la planilla del 2019, así como exoneraciones en el pago del Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU) estatal en alimentos procesados y del “Room Tax”, ambos por un término de seis meses.

“Estamos mirando el poder fortalecer a estos comercios desde el punto de vista de desarrollo económico…son medidas que son loables e importantes para estos sectores”, señaló el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio “Tony” Soto, quien tendría su cargo la evaluación de la pieza legislativa.

Tiene que ser una medida que establezca la sensibilidad que el pueblo de Puerto Rico requiere de nosotros. Aunque veamos que el término que se le está estableciendo a la legislación es de seis meses de moratoria, esos seis meses indudablemente van a tener un efecto en los pequeños y medianos comerciantes de esta región”, dijo el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Javier Aponte Dalmau.

Lo contenido en la Resolución Conjunta de la Cámara -que será radicada hoy- aplicaría a los individuos y comerciantes de los pueblos de Adjuntas, Arecibo, Cabo Rojo, Ciales, Corozal, Guánica, Guayanilla, Hormigueros, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, las Marías, Maricao, Mayagüez, Morovis, Orocovis, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, San Germán, San Sebastián, Utuado, Villalba y Yauco. Cada uno de estos está bajo la denominación de “zona de desastre”.

De la conferencia de prensa participó un grupo de legisladores, así como los alcaldes de Lajas, Marcos “Turín” Irizarry; Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez; y Corozal, Sergio Torres Torres.

“La invitación es a que nos apoyemos, que nos unamos como pueblo, que no esperemos por nadie. Nos levantamos nosotros, lo hacemos por otros países, cómo no poderlo hacer por nosotros mismos”, señaló el alcalde de Cabo Rojo.

La pieza legislativa también establece una “suspensión” de seis meses en el pago de estimados a los individuos. Las personas que vienen obligadas a realizar este tipo de pago son aquellas que tienen negocio propio, que prestan servicios profesionales o reciben comisiones por el trabajo realizado. Mientras para la planilla del 2020 -que se radica en el 2021- los contribuyentes tendrán derecho a un crédito contributivo de un 25% del total de contribuciones adeudas en su planilla del año natural 2020.

Para los comerciantes de los municipios mencionados se está proponiendo un crédito contributivo de 10% - a aplicarse en la planilla a presentarse el 2021- por cada nuevo empleo, ya sea parcial o a tiempo completo, creado a partir del 1 de febrero de 2020. Mientras, los empleados contratados a partir de a fecha mencionada, estarían exento del pago de contribuciones por todos los ingresos generados en el año natural contributivo 2020.

Otra moratoria incluida en la medida es al pago de toda póliza para la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) que venza en los próximos seis meses a partir de la aprobación de la resolución.

Soto indicó que no han analizado el impacto económico que tendría la medida legislativa en el fisco. Tampoco han consultado la medida con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), aunque se comprometió a enviar copia de esta tan pronto sea radicada hoy. Reconoció, sin embargo, que la resolución podría ser rechazada por el ente federal, aunque el mensaje a sus miembros fue a “no mirar las cosas estáticas”.

“No podemos decir que los ingresos de los municipios estaban a un nivel y que por esta medida se van a reducir los ingresos del municipio o del estado, sino que miremos que después de la situación de emergencia que hemos vivido ya los ingresos colapsaron y ese es el punto que tenemos que mirar como punto base”, señaló Soto.

“Cualquier análisis de impacto fiscal que hagamos tiene que partir de la realidad que está viviendo Puerto Rico hoy, no de lo que fue el histórico, la experiencia o los ingresos de estos municipios, sino a qué nivel están los ingresos hoy”, agregó al sostener que en estos municipios han colapsado los ingresos por concepto del pago de patentes y arbitrios de construcción, entre otras.


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