Directivos de la JSF fustigaron ayer al director ejecutivo de la Aafaf, Gerardo Portela, por no presentar información precisa sobre las finanzas de Puerto Rico. (horizontal-x3)
Directivos de la JSF fustigaron ayer al director ejecutivo de la Aafaf, Gerardo Portela, por no presentar información precisa sobre las finanzas de Puerto Rico. (Archivo / GFR Media)

Justo cuando urge el restablecimiento pleno de los servicios de electricidad y agua, las dos principales corporaciones públicas de la isla -las que suplen esos servicios- quedarán sin dinero para cubrir sus operaciones este mes, indicó ayer el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, en la undécima reunión pública de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que se celebró en Nueva York.

En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que todavía no ha restaurado el servicio eléctrico a la mayor parte de sus abonados luego del huracán María, la corporación agotará lo que le queda en caja al concluir la semana del 22 de diciembre y despediría el año viejo con un déficit en caja de $224 millones.

La AAA, mientras tanto, terminaría este mes con un sobregiro en caja de alrededor de $1 millón.

La situación de ambas corporaciones públicas podría rebotar en la cuenta principal del gobierno (TSA, en inglés), que, de por sí, va hacia terreno negativo, admitió Portela, al indicar que el Fondo General podría verse en la obligación de auxiliar a la AEE y la AAA si el gobierno federal no allega efectivo cuanto antes a la isla.

En total, según la Aafaf, la AEE y la AAA necesitan $883 millones de liquidez.

La situación de la AEE y la AAA surgió ayer en la reunión de la JSF, al cumplirse 77 días desde el azote del huracán María a la isla.

Difícil un salvavidas local

Portela no precisó cómo el gobierno central auxiliaría a la AEE y la AAA si el préstamo por desastre bajo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) -que se autorizó hace cerca de un mes y cuyos términos no acaban de negociarse- no llega a tiempo. Dijo que, tras el paso del ciclón, el gobierno opera con reservas más elevadas, como reveló El Nuevo Día la semana pasada. Entre esas contingencias, el gobierno mantiene reservas por si necesita dar liquidez a estas corporaciones.

“Ellos (AEE) han tratado de preservar efectivo manejando el momento de pago a los suplidores”, explicó Portela cuando el directivo de la JSF Arthur González le preguntó cómo se cerraría la brecha de efectivo que necesita la corporación pública.

La crisis de liquidez en la AEE y la AAA complica el escenario que la JSF tiene ante sí para aprobar un nuevo plan fiscal que, entre otras cosas, busca reformas profundas del marco económico de la isla y que, a su vez, será clave para la renegociación de la deuda a través de los casos de Título III de Promesa.

Si el gobierno utiliza dinero del Fondo General para auxiliar a corporaciones públicas, ello resultaría en mayores cuestionamientos por parte de los acreedores en corte.

$700 millones a suplidores

A pesar del rol crítico que juegan la AEE y la AAA, lo cierto es que el gobierno central no tiene tela de dónde cortar.

Según Portela y el ejecutivo de Conway MacKenzie que asesora a la Aafaf, Aurelio García Miró, en este año fiscal, el Fondo General dejará de recibir una cuarta parte -es decir, 25%- de los ingresos proyectados en el presupuesto, como secuela del huracán María.

El nuevo estimado es, por mucho, mejor que la caída en recaudos que estimó la Aafaf en la reunión de la JSF del 31 de octubre pasado. Entonces, el gobierno dijo que los recaudos podían caer hasta 53% y partían de la premisa de que la población se reduciría en 15% tras el paso del ciclón.

Según Portela, mejores recaudos en partidas como el arbitrio del 4%, la asistencia de FEMA por el desastre y un escenario migratorio menos severo dan paso al cuadro más optimista revelado ayer.

Con todo, si la caída de 25% en los recaudos se materializa, el Fondo General se quedaría corto en este año fiscal por unos $2,400 millones.

Mientras las proyecciones de recaudos al fisco no se darían, el gobierno sigue atrapado en la práctica de retrasar los pagos a sus suplidores y contratistas.

Portela admitió que aparte del estimado de cuentas por pagar ya registradas y que ronda unos $500 millones, podría haber hasta $250 millones en pagos adicionales a suplidores que están pendientes.

“Debido a que ciertos sistemas estaban inoperantes en la secuela inmediata del huracán, hubo un retraso en los pagos y el procesamiento”, dijo Portela.

Frustración evidente

Los números del gobierno sirvieron para que, por primera vez, los miembros de la JSF -que cabildea por más poderes en el Congreso federal- mostraran abiertamente su frustración con el rumbo de las finanzas públicas de la isla.

A su vez, la falta de precisión en los números de la Aafaf y la presentación del Departamento de Hacienda en torno a la reforma contributiva federal abrieron la puerta para que directivos de la JSF y el representante de Puerto Rico, Christian Sobrino, se pidieran cuentas mutuamente.

“Esto es inaceptable”, indicó la directivo Ana Matosantos al agregar que al menos, por cuarta vez, los directivos de la JSF han pedido información de lo que se adeuda a los suplidores y contratistas del gobierno.

“Este asunto de no tener las cosas claras en cuanto a las cuentas por pagar y el asunto continuo de retrasos en los pagos, al mismo tiempo que estamos intentando mirar lo que está pasando económicamente en Puerto Rico mientras ustedes tienen balances pendientes, es frustrante”, dijo Matosantos al señalar que la JSF no puede esperar a que Puerto Rico tenga todos los sistemas en su lugar para hacer su trabajo.

“Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que se normalicen las cosas y proveer información actualizada en cuanto a las cuentas por pagar y el flujo de pagos”, cuestionó, minutos antes, el directivo Carlos M. García.

“Esto es un problema que el gobierno ha tenido por años”, dijo Sobrino, al señalar que se necesitan inversiones sustanciales en nuevos sistemas computarizados y capacitación del personal.

Portela dijo que el asunto se resolverá este año fiscal y que para ello se contrató a las firmas Deloitte & Touche y BDO, aunque admitió que ambas firmas “no dan abasto”.

Acto seguido, García indicó que en el presupuesto aprobado se asignaron $25 millones para atender la situación de cuentas por pagar e indicó que “en lugar de invertir tanto dinero en consultores, gasten dinero en adiestrar a nuestros empleados públicos para que puedan desempeñar esas tareas”.

El directivo Andrew Biggs se unió a los cuestionamientos de sus pares.

“Mayormente, he lidiado con gobiernos a nivel estatal y federal, pero nunca había visto un gobierno que sea tan dependiente de consultores externos”, dijo Biggs.

El pasado lunes, durante la sesión de diálogo con ciudadanos sobre el plan fiscal, Biggs mostró su frustración con el proceso de ajustar las cuentas públicas. Indicó que los diversos sectores solo piden más dinero para la isla, pero no reflexionan en la necesidad de hacer cambios profundos a la estructura económica de la isla.

Sin datos precisos

Los directivos de la JSF tampoco se mostraron satisfechos cuando por segunda ocasión, la Aafaf no pudo precisar cuántos empleados públicos han regresado a sus lugares de trabajo después del huracán María.

Sobrino dijo que una encuesta que habría hecho el gobierno, reflejó que entre el 75% y 85% de los empleados públicos estaban trabajando o recibiendo cargos a sus licencias de vacaciones hasta noviembre pasado, excepto en el Departamento de Educación. En ese caso, indicó que el número que se posee ronda el 60%.

El intercambio entre la JSF y los oficiales de la administración de Ricardo Rosselló Nevares terminó con nuevas exigencias de información por parte del gobierno federal.

La JSF acogió las recomendaciones de García para que el gobierno informe semanalmente el estatus de pago a suplidores, el plan para atender el tema de registro de facturas y el número de empleados que están trabajando.

Minutos antes, cuando la JSF cuestionó al secretario auxiliar de Hacienda, Francisco Parés, acerca de la postura del gobierno en torno a la reforma contributiva federal, Sobrino había exigido a la JSF un memorando que detalle qué funciones realizan las firmas de cabildeo Off Hill Strategies y Munger Tolles & Olson para la JSF en la capital federal.


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