Las unidades de generación temporal subsanarían la pérdida de la central Costa Sur, que permanece inoperante desde el terremoto. (GFR Media)

Varios grupos denunciaron hoy, martes, que el multimillonario contrato para la instalación de unidades de generación temporal en la isla se negocia a oscuras, luego que el Negociado de Energía les negara participar como interventores en el proceso.

Mediante comunicado de prensa, los grupos alertaron que el contrato presuntamente se discutirá este jueves, a las 10:00 a.m., en una vista confidencial, en la que solo habría representación del Negociado y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Fue la AEE la que radicó ante el Negociado, el pasado 12 de febrero, la solicitud de propuestas para el proyecto de unidades de generación temporal para supuestamente compensar la pérdida de la central Costa Sur, en Guayanilla, que permanece inoperante desde el terremoto del 7 de enero y sus réplicas.

El contrato tiene un costo de $70 millones mensuales, pero los grupos advirtieron que podría elevarse hasta $1,200 millones.

“Es escandaloso que haya una vista que la AEE pide sea confidencial para una posible transacción de $70 millones mensuales, que se elevará al final a $1,200 millones. Los detalles se desconocen y el pueblo merece saber cómo se utilizan los fondos públicos, más cuando se han ventilado interrogantes de si es realmente necesario este eventual contrato de renta y si hay otras opciones más económicas y eficientes para generar electricidad”, dijo en el comunicado la licenciada Laura Arroyo, de Earthjustice y portavoz de la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA).

La denegatoria del Negociado a la petición presentada por organizaciones ambientales y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) tuvo lugar ayer, lunes. Además de participar como interventores en el proceso, las entidades pedían al Negociado que reconsiderara su determinación del 3 de marzo, en la que dio luz verde a la solicitud de propuestas para el proyecto de generación.

En su decisión de ayer, el Negociado expuso que, aunque se aprobó la solicitud de propuestas, aún no ha concluido el proceso de la aprobación final del contrato. Esa determinación final, añadió el Negociado, se hará una vez se evalúen los documentos específicos de contratos que someta la AEE, sus condiciones y necesidad, así como los requerimientos que se hicieron a la corporación pública.

No obstante, en opinión del abogado ambiental Pedro Saadé, todo el trámite de esta contratación se ha dado tras bastidores, y aún se desconoce en qué etapa está y el costo que resultará en la factura de los ciudadanos.

“Vemos que el Negociado, en vez de procurar transparencia, accede a continuar con una vista que, al día de hoy, no ha indicado si será confidencial o abierta al público. Aunque el Negociado nos otorgó hasta el viernes para someter comentarios o sugerencias relevantes a la etapa de la aprobación del contrato o cualquier requerimiento futuro del Negociado, no se nos ha indicado que tendremos acceso a la información que presente la AEE el jueves”, dijo Saadé.

“En nuestra petición, las organizaciones reiteramos que la solicitud de propuestas sobre este contrato falla en cumplir la regulación 8815, en términos de los requerimientos para proteger a los clientes de la AEE de pagar altos precios por el servicio y en términos de divulgación pública. Una vez más, la AEE se niega a dar explicaciones esenciales al país mientras continúa el derroche de contratos millonarios y ahora con menos exposición al centrarse la atención pública en la crisis del coronavirus”, expresó, por su parte, Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración y portavoz de AERA.

Igualmente, las organizaciones de AERA cuestionaron la urgencia del proceso, ya que, en unas recientes expresiones, el ingeniero José Ortiz, director ejecutivo de la AEE, indicó que la corporación pública podría manejar el pico de consumo eléctrico en verano sin las unidades de generación temporera. “Me siento muy confiado de que no vamos a necesitar (los generadores de emergencia) necesariamente”, dijo Ortiz a principios de abril.

El contrato de $70 millones mensuales, que los grupos tildan de “escandaloso”, ocurre ante planteamientos de las organizaciones y la Utier de que la central Costa Sur puede ponerse a funcionar antes de lo que ha estimado la corporación pública y de que deben considerarse alternativas de energía renovable.

Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Utier, ha insistido en que Costa Sur se puede reparar por $30 millones y que la labor se realizaría en 12 semanas.

“Con esos fondos millonarios de las unidades temporeras, se puede adelantar en estrategias de eficiencia energética para reducir la demanda y en la conversión a fuentes energéticas renovables, que es la alternativa de energía limpia y sustentable que más sentido hace para Puerto Rico”, planteó, por último, la ingeniera Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de AERA.


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