En la foto, Eduardo Rivera, secretario de Corrección y María León, subsecretaria de presupuesto. (Gerald López Cepero)

El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal(JSF), José B. Carrión, indicó que el organismo fiscal ayudará al gobierno para identificar más recursos que impidan el racionamiento de los servicios de Salud Correccional, pero advirtió que la situación fiscal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no puede atenderse pidiendo más dinero sino con “gerencia”.

“Este concepto de ‘dame más’, ‘asigna más’, no puede ser. No hay una gaveta con chavos. Tenemos que tomar decisiones y eso depende de buena gerencia”, dijo Carrión al concluir una audiencia donde se analizó la situación fiscal y operacional del DCR.

En una audiencia de casi cuatro horas, salió a relucir que, sin recursos adicionales, el programa de Salud Correccional estará obligado a reducir servicios o despedir personal y que la situación ya es tan precaria que la empresa operadora, Physician HMO, ha racionado los servicios de salud mental y se encuentra en negociaciones para reducir los pagos que realiza a suplidores y proveedores de salud.

En paralelo, el secretario Eduardo Rivera Juanatey dijo a la JSF que sus números acerca del cuadro operacional del sistema carcelario de Puerto Rico están errados y anticipó que la agencia encara un posible déficit de alrededor de $28 millones en el presente año fiscal.

En el caso de Salud Correccional, la empresa que presta servicios a la población detrás de las rejas, opera con un recorte de $14 millones en relación al dinero asignado en el año fiscal anterior.

Para cortar la brecha, Raúl Villalobos, presidente de HMO Physician, explicó a El Nuevo Día que la empresa buscará ahorros por unos $5 millones, mientras confía en que la JSF apruebe una asignación de otros $8 millones.

La reducción de los servicios médicos, incluyendo los servicios de salud mental dominó buena parte de la audiencia pública efectuada por la JSF.

Empero, en la audiencia salió a relucir que el DCR encara una crisis de recursos monetarios y humanos, tras perder sobre un millar de oficiales de custodia en los pasados cinco años.

La situación es tal que el DCR ni siquiera puede proveer efectos básicos a confinados indigentes que no tienen familiares o amigos que les asistan.

Revive las incidencias:

Confinados comparten zapatos y uniformes

Según Madeline Gotay, portavoz de la Asociación de Confinados, el 30% y 40% de los reos son indigentes y muchos de ellos, no tienen cómo comprar efectos personales o ropa por lo cual, recurren a prestarse los zapatos y los uniformes que provee el DCR.

“Los confinados con problemas de salud como la diabetes, no reciben los alimentos adecuados”, sostuvo, por su parte, Milagros Rivera Waterson, portavoz del Comité de Familiares y Amigos de Confinados.

Los problemas del DCR son tan críticos que las admisiones de Rivera Juanatey, ni siquiera, los reos sujetos a una dieta regular tienen seguro sus alimentos.

Ello, porque Rivera Juanatey admitió que adeudan $4.5 millones a Trinity Services Group, el contratista que provee los alimentos del sistema carcelario.

Rivera Juanatey buscó responsabilizar a la JSF porque no se asignaron unos $24 millones para el servicio de alimentos y criticó al organismo fiscal al plantear que se le aplicó al DCR una métrica no comparable con prisiones a nivel continental.

El funcionario manifestó que, a diferencia de otros sistemas, el presupuesto del DCR cubre la población institucionalizada, pero también aquella en programas de desvío o juveniles y agregó que los estimados de la JSF en torno a los ingresos propios que la agencia podría generar por la vía de la comisarías o la paga por custodiar reos del sistema judicial federal no se ajustan a la realidad.

El DCR cuenta con un presupuesto de unos $352 millones, pero inicialmente, se habría proyectado que la agencia necesitaba unos $375 millones.

Ante la situación, Carrión sostuvo que al igual que sucede con el Departamento de Educación, las agencias deben tomar decisiones para ser más eficientes.

En ese sentido, Carrión criticó que el DCR entrara en un proceso de cerrar instituciones correcionales y que no pueda demostrar ningún ahorro como resultado de esa decisión. Rivera Juanatey ni siquiera pudo indicar qué ahorro se obtuvo de la cancelación de espacios de alquiler privado.

“Hay muchas necesidades cuando se elabora un presupuesto y se toman ciertas decisiones adjudicando presupuesto, pero eso es lo que hay y tienes que trabajar con eso”, acotó Carrión.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó que el organismo fiscal había recibido un pedido de más fondos por parte de Salud Correccional, pero no por parte del DCR. La ejecutiva no indicó cuándo el organismo fiscal tomará una decisión en torno al pedido vinculado con servicios de salud.


💬Ver 0 comentarios